Desde hace décadas, el Gobierno marroquí ha mostrado una gran habilidad a la hora de venderse en el exterior. En un período de efervescencia en el mundo árabe, y con un Occidente fatigado con la amenaza yihadista, el reino alauí ha logrado proyectar una imagen de modernidad, moderación y estabilidad. Es decir, el socio ideal en el Norte de África. Sin embargo, el anuncio por parte de las autoridades belgas de que Marruecos habría sobornado a diversas personalidades del Parlamento Europeo para que defendieran sus intereses en Bruselas ha comportado un mayor escrutinio sobre las violaciones de los derechos humanos en Marruecos, especialmente contra la sociedad civil. Y la imagen resultante no es precisamente halagüeña.

El pasado 19 de enero, el Parlamento Europeo aprobó la primera resolución crítica con la situación de los derechos y libertades fundamentales en Marruecos después de un cuarto de siglo. Entre las varias preocupaciones expresadas, el texto hace referencia a la represión en el Rif, una región del norte tradicionalmente marginada por el Estado. Entre 2016 y 2017, hubo un movimiento de protesta pacífico para reclamar más inversiones sociales, bautizado como el hirak. Tras unas semanas de tolerancia, la respuesta del régimen fue contundente: centenares de personas fueron detenidas, y la policía tomó por completo su epicentro, la ciudad de Alhucemas. Todavía hoy es imposible realizar una manifestación en el Rif, y los líderes del hirak, como Nasser Zefzafi, languidecen en la cárcel con condenas de hasta 20 años de cárcel.

“El régimen se ha ido endureciendo progresivamente a partir de 2013. El momento en el que todo empezó a cambiar fue con el golpe de Estado de Al Sisi en Egipto. Como Occidente le permitió una fuerte represión, el régimen [marroquí] entendió que también tendría carta blanca”, sostiene Maâti Monjib, un historiador y periodista que forma parte del Comité Nacional para la Liberación de los Presos de Opinión.

Él mismo pasó varios meses en la cárcel en 2021 a causa de sus escritos críticos con el makhzen. Así es como se conoce al “Estado profundo” que gobierna el país, más poderoso que el Ejecutivo elegido en las urnas.

El acoso y silenciamiento de la sociedad civil contestataria ha certificado el final del proceso de transición que se inició en los estertores del reinado de Hassan II, fallecido en 1999. En un primer momento, su hijo, el rey Mohamed VI, respondió de forma favorable a las demandas de mayor libertad de la ciudadanía, cesó al brutal ministro del Interior de su padre, Driss Basri, e incluso lanzó un proceso de Justicia Transicional para reconocer a las víctimas de los “años de plomo”. En 2011, el monarca intentó capear los vientos revolucionarios de las llamadas Primaveras Árabes con una reforma constitucional que, entre otros cambios, otorgaba mayores poderes al Parlamento. “Fueron unos cambios cosméticos. Nada cambió. El poder continúa estando en el Palacio”, espeta un profesor universitario marroquí que prefiere guardar el anonimato.

Sin espacio para la prensa crítica

“Ahora el mundo entero ya sabe que mi hijo es víctima de una injusticia, y que no ha cometido estos crímenes de los que se le acusa”, proclama orgulloso Idriss Radi, padre del periodista Omar Radi, condenado el pasado año a seis años de prisión acusado de espionaje y de haber cometido un delito sexual, algo que las ONG de derechos humanos consideran una fabricación del régimen. Idriss Radi se siente reivindicado tras la resolución aprobada por el Parlamento Europeo, que exige la liberación de los reporteros presos en el país norteafricano, y que menciona expresamente el caso de su hijo, de 36 años.

La moción fue un raro momento de satisfacción para la familia Radi, que vive una auténtica pesadilla desde hace más un año y medio, el día de la entrada en la cárcel de Omar. La familia, residente en Casablanca, denuncia que el reportero recibe un tratamiento cruel que define como “venganza”. “En violación de la propia legislación marroquí, está en un régimen de aislamiento durante las 24 horas. No le dejan salir a pasear al patio ni hablar con los demás reclusos. Tampoco se puede comunicar con el mundo exterior y ni tan siquiera escribir o leer libros. Solo le dejan llamar a la familia dos veces al mes, y a menudo, el teléfono está sospechosamente averiado”, comenta Radi, que también critica que la administración penitenciaria no le proporciona los alimentos que requiere por una enfermedad digestiva crónica, lo que ha debilitado su estado de salud.

Según la familia Radi, el único “crimen” fue haber publicado varios reportajes de investigación en los que destapó la corrupción de personajes de las altas esferas, a menudo bien conectados con Mohamed VI. De hecho, la ONG Clooney Foundation for Justice estimó en un informe que el juicio no cumplió los mínimos estándares internacionales de justicia, un veredicto parecido al de organizaciones como Amnistía Internacional. Sin embargo, aunque la Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha pedido su liberación por considerar que es posible aplicarle una pena alternativa a la cárcel, no entra a valorar su inocencia o la equidad del proceso que lo condenó. “Nosotros no somos jueces o abogados. Solo defendemos la inocencia de los periodistas cuando son acusados de cargos relativos a la libertad de expresión”, comenta Anthony Bellanger, secretario general de la FIP.

En estos momentos, Marruecos cuenta con una decena de periodistas entre rejas, buena parte de ellos saharauis, según los cálculos de Reporteros Sin Fronteras (RSF). El Sáhara Occidental, como el Rif, es un agujero negro informativo, y Marruecos no duda en deportar a todos los periodistas extranjeros que intentan burlar los controles policiales para entrar en este territorio en disputa con el Frente Polisario. Ahora bien, los tres más prominentes son marroquíes: Taoufik Bouachrine, Suleiman Raissouni y el propio Radi. Todos ellos fueron condenados a largas penas de entre cinco y quince años de cárcel por cargos relativos a delitos sexuales.

“Hemos estudiado a fondo sus casos, y hemos concluido que las acusaciones de delitos sexuales fueron fabricadas para castigar a estos periodistas por su labor como periodistas de investigación”, explica Edith Rodríguez, una responsable de RSF.

En el último ranking sobre la libertad de prensa en el mundo elaborado por esta ONG, Marruecos ocupa el lugar 135 de 180 países, en el grupo donde la situación de la prensa se describe como “difícil”.

De acuerdo con Rodríguez, el régimen utiliza este tipo de acusaciones para evitar dañar su imagen internacional a la vez que desacredita la de los disidentes. “Es una nueva estrategia que complica la vida de ONG como la nuestra o las de derechos humanos. Antes, con Hassan II, sí se encarcelaba a los periodistas con cargos directamente relacionados con la libertad de expresión”, sostiene esta investigadora. Pero esta no es la única estrategia para sofocar a los periodistas críticos. Los servicios de seguridad o empresarios muy cercanos a palacio han ido comprando o creando un buen puñado de medios de comunicación con el único objetivo de lanzar campañas de difamación contra la disidencia, a menudo utilizando revelaciones de naturaleza sexual, un tabú en una sociedad conservadora como la marroquí. “Este tipo de medios han escrito todo tipo de falsedades sobre mí: que soy un adúltero, homosexual, etc.”, comenta resignado Monjib, que a sus 60 años, está considerado el decano del periodismo de investigación en el reino alauita.

El pasado verano, la ONG Human Rights Watch publicó un demoledor informe que acusa a las autoridades marroquíes de haber construido una sibilina maquinaria legal y mediática para neutralizar a la oposición. El informe recoge el testimonio de Afaf Bernani, una periodista que tuvo que exiliarse al negarse a colaborar en un falso proceso contra su jefe acusado de varios delitos de tipo sexual. “La policía me interrogó para preguntarme si había sido víctima de acoso sexual de Taoufik Bouachrine. Yo dije que no... Luego descubrí que en el atestado policial me hacían decir cosas que no había dicho”, explica Bernani a HRW.

Taoufik Bouachrine era el director de Akhbar al-Yaoum, el último diario independiente con una edición de papel y que cerró sus puertas en 2021. Su predecesor fue Suleiman Raissouni, también entre rejas condenado por haber agredido sexualmente a un hombre, algo que él niega. Varias personas consultadas para este artículo han coincidido en que en Marruecos todavía queda algún medio realmente independiente en línea, como Lakome, pero en el resto de ámbitos, como la televisión, la radio o la prensa escrita, han desaparecido todos.

El acoso a los defensores de derechos humanos

Los defensores de los derechos humanos también se hallan en el punto de mira de las autoridades, sobre todo la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), sin duda, la más combativa. Khadija Riady, expresidenta de la entidad, relata una auténtica retahíla de trabas y acciones hostiles por parte de las autoridades. “Aunque la ley de asociaciones es bastante liberal, no se aplica en muchos casos. El Estado no da el recibo que sirve de confirmación de la creación de una ONG si la considera molesta. Y ello dificulta su actividad porque, por ejemplo, no puede abrir una cuenta bancaria”, relata Riady. Ahora mismo, hasta el 80% de las cerca de 90 oficinas regionales de la AMDH no cuentan con este recibo. Además, en una clara violación del derecho de asociación recogido en la Constitución, las autoridades impiden a la ONG tener acceso a salas de reunión en espacios públicos o privados, ejerciendo fuertes presiones a sus responsables, o incluso enviando a la policía a clausurar los recintos el día previsto para el acto.

“Otra forma de presión es cortar nuestras fuentes de financiación. Todos nuestros socios internacionales han dejado de colaborar con nosotros. Nos dicen: ‘Las autoridades nos han advertido de que si queremos continuar trabajando en el país, debemos dejar de cooperar con vosotros’”, cuenta Riady. La difamación por parte de los medios oficialistas, que les acusan de ser agentes extranjeros y depravados en cuestiones morales, o el ser espiados con el programa de espionaje Pegasus forman parte de las medidas de acoso. De ahí que en su resolución, el Parlamento Europeo censurase el extendido uso del invasivo programa Pegasus en Marruecos para espiar a la disidencia. Según un estudio de Amnistía Internacional, Rabat ha recurrido al programa contra sus opositores al menos desde 2017, y su primera víctima fue Maâti Monjib.

Cuando estas presiones no logran amedrentar a los activistas, la prisión constituye el último recurso. En los dos últimos años, al menos una decena de defensores de derechos humanos ha pasado por la cárcel, según los cálculos de la AMDH. Ahora mismo, se encuentran encarcelados dos prominentes defensores de los derechos humanos, ambos militantes de esta ONG: Rida Benotmane, condenado a tres años de cárcel por cargos como “insultar a oficiales públicos mientras desarrollaban sus funciones” o “distribuir noticias falsas” y Saida al Alami, sentenciada a dos años por cargos parecidos. En ambos casos, su “delito” fue criticar a las autoridades a través de posts en las redes sociales.

Según Riady, además de las líneas rojas habituales, como la crítica al rey o al islam, en los últimos años se ha añadido una de nueva: la crítica a los servicios de seguridad, y sobre todo los temibles servicios de inteligencia interna, la DST.

“Luego, a nivel local, atentar contra los privilegios de alguna autoridad local es también una línea roja. Por ejemplo, exponer sus chanchullos, revelar que violan la ley. En el suroeste, cinco personas fueron encarceladas solo por protestar contra la contaminación de una mina de plata entre cuyos accionistas figura la familia real”, denuncia la activista. De acuerdo con el Comité Nacional para la Liberación de los Presos de Opinión, existen al menos unos 60 activistas entre rejas, pero podrían ser muchos más porque la situación de los represaliados en las regiones más rurales y remotas a menudo pasa desapercibida.

Monjib concuerda en que censurar la conversión de Marruecos en un “Estado policial”, y revelar cómo funciona este es una línea roja para el régimen. De hecho, cree que esa fue una de las razones principales que llevaron a su condena a prisión, a la que puso fin con una huelga de hambre que lo situó al borde de la muerte. “Los servicios de la DST están en todos lados, están infiltrados en la policía, en los medios de comunicación, en los tribunales... En Marruecos existe una policía política oculta, con una estructura paralela”, asevera este intelectual. Este aparato sería, por ejemplo, el responsable de grabar los vídeos de naturaleza sexual que se utilizan para chantajear o difamar a los disidentes. “En algunos casos, estos vídeos tienen una calidad altísima de imagen, parecen producciones pornográficas. Es un trabajo muy profesional”, añade Monjib.

Desde la AMDH, se ha observado una pérdida de independencia de la justicia, que asocian a la construcción del “Estado policial”. “Tradicionalmente, los tribunales administrativos han sido bastante independientes, y en muchos procesos, por ejemplo en cuestiones de derecho de asociación, nos han dado la razón. Pero luego, el Estado se ha negado a aplicar sus sentencias”, lamenta Riady. Según su percepción, las cosas están cambiando porque el régimen se ha hecho con un control absoluto del Tribunal de Casación de los procesos administrativos, y ahora sus veredictos siempre son contrarios a los intereses de esta ONG, con unas interpretaciones “muy sesgadas”.

Por último, una de las estrategias para desacreditar a los críticos es crear estructuras paralelas o cooptar algunas existentes dedicadas, en teoría, a la defensa de los derechos humanos o la libertad de prensa. Estas, raramente critican al Estado, y suelen dirigir sus dardos contra los disidentes o las instituciones internacionales que les apoyan. Sin ir más lejos, el Comité Nacional de la Prensa marroquí ha censurado la moción del Parlamento Europeo por “no tener relación con los derechos humanos, sino ser una tentativa desesperada de presión sobre Marruecos para que [este] se ponga al servicio de una agenda geoestratégica favorable a los partidos europeos, siempre nostálgicos de la hegemonía y de un pasado extinto”. Sin embargo, esta estrategia no es nueva, y tiene una larga tradición en el país norteafricano en otros sectores, como el sindicalismo. “El Estado ha intentado siempre crear sindicatos amarillos, o cooptar a los líderes de los que son independientes”, advierte Mohamed Hakech, un veterano sindicalista que lideró la Federación Nacional del Sector Agrícola. La lucha por la libertad en Marruecos es de largo recorrido.