El viernes pasado fue el Día Mundial de los Docentes, que se celebra todos los años en reconocimiento a la enorme contribución que realizan los docentes para el desarrollo de la sociedad y las futuras generaciones.

Sin embargo, resulta difícil mejorar la situación del profesorado o conseguir una educación de calidad para todos sin contar con una financiación adecuada. Y en épocas de crisis resulta aún más difícil.

Los últimos datos del Instituto de Estadística de la UNESCO (IEU) muestran que la mitad de todos los países gastan entre el 3,4 y el 5,7% del PIB en educación, con la media mundial en el 4,7%.

Sin embargo, las cifras varían considerablemente dependiendo de la región. Según el Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo, “aunque desde 1999 los países de bajos ingresos han incrementado el porcentaje de la renta nacional que gastan en educación del 2,9 al 3,8%, algunas regiones y países han seguido descuidándola. El centro, sur y oeste de Asia son los que menos invierten en educación”.

Cuba, por ejemplo, invierte el 13,38% de su PIB, mientras que los Emiratos Árabes Unidos tan solo le dedican el 0,99%.

Por tanto, la Internacional de la Educación (IE) insta a los Gobiernos a que inviertan al menos el 6% del PIB de sus países en personal docente y educación.

El tema para el Día Mundial de los Docentes de este año es “¡Apoya a tus docentes!”, lo cual constituye una llamada a la acción para todos los que valoran la educación, para que valoren a los docentes y les apoyen.

La fecha del Día Mundial de los Docentes tiene su origen en la Recomendación de la OIT/UNESCO relativa a la Situación del Personal Docente, adoptada el 5 de octubre de 1966 y que se utiliza en todo el mundo como carta de los derechos de los docentes.

El llamamiento de este año va más allá de la mera simpatía. Es un llamamiento a la acción audible, visible, concreta e inmediata para tratar los retos a los que se enfrentan los docentes y los sistemas educativos en todo el mundo.

Es un llamamiento para enfrentarse e invertir las medidas de austeridad que han adoptado muchos Gobiernos, en Europa y otros lugares, en respuesta a la crisis financiera y económica.

Un llamamiento para enfrentarse a la generalizada violación de los derechos humanos, profesionales y laborales de los educadores en aquellos países que siguen socavándolos.

Los socios en el desarrollo también deben cumplir su parte del acuerdo apoyando a los gobiernos nacionales para que cumplan con su responsabilidad de ofrecer y financiar una educación de calidad para todos.

Lo pueden hacer garantizando que al menos el 10% de la Asistencia Oficial al Desarrollo que se otorga a los países en vías de desarrollo se destine a la educación.

¿No constituye una injusticia intolerable el que a menos de tres años del 2015, fecha fijada para lograr la Educación para Todos (EPT) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 61 millones de niños y niñas en edad de cursar primaria sigan sin escolarizar?

Los pronósticos del IEU indican que todavía se necesitan más de dos millones de docentes nuevos para lograr el objetivo de la educación primaria universal y muchos más para alcanzar los seis objetivos de la EPT. Más de la mitad de dichos educadores (el 55%) tendrán que contratarse en el África subsahariana.

El reto

El reto de los docentes no se limita a las cifras, sino que incluye también la calidad. Muchos países siguen contratando a educadores no cualificados o sin formación suficiente, con pocas titulaciones profesionales o sin ellas.

La desprofesionalización y precarización de la docencia siguen siendo bastante generalizadas en todo el mundo.

Prueba de ello es la creciente subcontratación de docentes, a los que se suele pagar menos que a los educadores normales y negar todas las prestaciones, como la seguridad social o las pensiones.

La privatización de la educación pública es otro reto mundial que amenaza con socavar los avances de la EPT, pues excluye a los que no disponen de los medios económicos para pagarse una educación privada.

Transferir fondos de las escuelas públicas para reforzar las iniciativas privadas (como los colegios concertados en EE.UU. y las academias en Reino Unido) no constituye una panacea para aumentar la calidad educativa y la equidad.

La solución consiste en reforzar la educación y los centros públicos.

La educación pública es más equitativa y sostenible, por lo que las autoridades deberían garantizar que los centros estén equipados con un número adecuado de docentes cualificados y bien formados.

Los Gobiernos y los socios en el desarrollo deben invertir en una formación de alta calidad para el profesorado, incluidos la formación previa y continua, el desarrollo profesional ininterrumpido y el respaldo.

Para que la docencia resulte una profesión atractiva y mejorar la retención, las autoridades públicas deberían invertir en la mejora de las condiciones del servicio, así como de los salarios de los docentes y todo el personal educativo.

Al igual que todo niño tiene derecho a la educación, todo alumno se merece que le enseñe un docente cualificado, motivado y con un buen respaldo.

Dennis Sinyolo es el Coordinador de Educación y Empleo de la Internacional de la Educación