En el momento en que la Unión Europea es galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su promoción de los derechos humanos y la democracia, los activistas cuestionan el acuerdo comercial que la Unión está a punto de firmar con Colombia y Perú.

La votación sobre el Acuerdo de Libre Comercio (ALC) en el Parlamento Europeo está prevista para el mes próximo.

Los sindicatos de ambos lados del Atlántico se han opuesto a su ratificación refiriéndose al número de crímenes y actos de violencia perpetrados contra los activistas de los derechos laborales colombianos

Desde abril de 2011, 34 sindicalistas han sido asesinados y otros 485 dirigentes sindicales han recibido amenazas de muerte por defender los derechos laborales en Colombia.

En su versión actual, el ALC no incluye un plan de acción que permita abordar, antes de su aprobación, las cuestiones relativas a la protección del medio ambiente o de los derechos humanos.

Según la Comisión Europea, “cuando el Acuerdo Comercial se aplique en su totalidad, los exportadores de la UE se ahorrarán 270 millones de euros anuales en concepto de derechos de aduana.

También contribuirá a una mayor apertura de los mercados por ambas Partes e incrementará la estabilidad y previsibilidad del marco comercial”.

Varias organizaciones, redes y comunidades latinoamericanas y europeas alegan que, dada la asimetría entre las economías en las dos regiones, el acuerdo tendrá efectos sumamente perjudiciales para esos los países sudamericanos.

En una carta a los Miembros del Parlamento Europeo, las principales organizaciones sindicales internacionales en Europa y las Américas han pedido a las partes que asuman compromisos jurídicamente vinculantes para mejorar los derechos humanos y laborales.

Según el documento firmado por la Confederación Europea de Sindicatos (CSE), la Confederación Sindical de las Américas (CSA), la Confederación Sindical Internacional (CSI) y los Sindicatos Mundiales (Global Unions), no hay ninguna disposición al respecto ni en el texto del Acuerdo ni en su capítulo sobre Desarrollo Sostenible que, por otra parte, no están sujetos a un mecanismo de solución de controversias.

Las organizaciones declaran que en Perú, los trabajadores se enfrentan a obstáculos jurídicos para el libre ejercicio de sus derechos.

Los despidos antisindicales, el incumplimiento de los convenios colectivos y el desdeño por los derechos de negociación colectiva son comunes en ese país.

Algunos grupos empresariales europeos han aprovechado las oportunidades que ofrece el acceso a los mercados en América del Sur.

Según BusinessEurope, el acuerdo será particularmente beneficioso para las empresas de la Unión Europea de los sectores financiero, de la construcción y de las telecomunicaciones.

“Si queremos cosechar todos los frutos de este acuerdo debemos centrarnos en la aplicación y puesta en marcha efectiva de éste y otros acuerdos comerciales”.

“En EuroCámaras, estamos dispuestos a asumir un mayor protagonismo en este respecto,” dijo Arnaldo Abruzzini, Secretario General de EuroCámaras (EuroChambers).

Esta semana, durante una reunión sindical en Bruselas, las principales confederaciones sindicales de Colombia y Perú expresaron su decepción ante los Miembros del Parlamento Europeo por la ausencia total de consulta de los trabajadores en las diferentes etapas del proceso de negociación del acuerdo.

El año pasado se firmó un acuerdo de libre comercio similar entre los Estados Unidos y Colombia, que se condicionó a la puesta en marcha de los diferentes elementos del Plan de Acción Laboral concertado.

Sin embargo, el Plan ha sido criticado por no haber logrado poner fin a las graves violaciones de la libertad sindical ni a las continuas amenazas y actos de violencia contra los sindicalistas y los defensores de los derechos humanos.