Los sindicatos, estudiantes y otros activistas sociales de México han hecho frente común contra la propuesta de reforma de las leyes laborales del país.

Los oponentes afirman que la propuesta, que otorga a los empleadores una mayor flexibilidad en la contratación y que constituye el cambio más radical del mercado laboral del país en los últimos 40 años, tendrá graves repercusiones para los derechos de los trabajadores.

[caption id="attachment_3550" align="alignnone" width="530"] Decenas de miles de mexicanos salen a la calle para protestar contra la propuesta de reforma de las leyes laborales del país (Foto/Reuters/Tomas Bravo) 

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La semana pasada, la Cámara de Diputados de México aprobó el proyecto de ley por 346 votos a favor y 60 en contra, con una abstención, y este martes se remitirá al Senado, que tendrá 30 días para aprobar o rechazar el proyecto.

Solo unas semanas antes, decenas de miles de personas salieron a la calle para manifestar su disconformidad con una ley que algunos sindicalistas han calificado de “monstruosa”.

Pero no todos los mexicanos están descontentos. La semana pasada, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que aglutina las principales empresas del país, instó al Senado a que aprobara la reforma de forma incondicional.

El Presidente del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani, ha declarado que las inquietudes que queden se corregirán en “los próximos meses y años”, agregando que “no hay una reforma total ni absoluta, que deje contentos a todos”.

Una de las principales motivaciones de la reforma es la creación de empleo, mediante la regularización de diversas formas de contratación externa, actualmente prohibidas.

Los empleadores podrían, por ejemplo, contratar a trabajadores por hora y a través de subcontratistas laborales.

Los proponentes de la reforma, que aseguran que el objetivo es “modernizar a México”, se valen, de hecho, del mismo pretexto de renovación que utilizó el Presidente saliente, Felipe Calderón, al ganar uno de los peores conflictos laborales de la historia reciente de México.

En 2009, el Gobierno anunció la disolución de la empresa Luz y Fuerza del Centro que suministraba electricidad a la ciudad de México y a varios Estados de la región central del país. Alrededor de 45.000 trabajadores fueron despedidos.

El objetivo era claro. Al disolver la empresa, Calderón también eliminaba una de las organizaciones más poderosas del país, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), una de las principales fuerzas que organizan la oposición contra las políticas económicas del Gobierno y contra su plan de privatización del sector eléctrico.

“Nuestros miembros fueron reemplazados por trabajadores subcontratados que no tenían sindicato,” declaró Humberto Montes de Oca, Secretario Internacional del SME, a American magazine In These Times.

“Esos trabajadores reemplazantes no tenían ni formación ni experiencia y, en consecuencia, se produjeron numerosos accidentes”. “Algunos de esos trabajadores fallecieron. Ese es el modelo de empleo que promueve la reforma de la legislación laboral. Lo que nos sucedió a nosotros no era sino un preludio de los cambios que implica esa reforma y que se aplicarán en todas partes.”

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe considera improbable que esa reforma permita crear empleos. Antes bien, según el órgano regional de las NN.UU., es posible que, con la posibilidad de contratación externa, las empresas se sientan alentadas a contratar a trabajadores informales.

En una entrevista en Equal Times, Héctor Barba García, asesor jurídico de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), suscribió ese análisis de la situación.

“Pensamos que si la visión del Gobierno triunfa y si se crean efectivamente empleos, éstos serán más precarios.”

Fuera de México se alzan también voces en contra de la aprobación de esa legislación.

Los sindicatos de 20 países escribieron este mes a los coordinadores del Congreso mexicano para manifestar su preocupación. En la carta se incluían las firmas de la Confederación Sindical Internacional, IndustriALL y la mayor federación sindical de los Estados Unidos, AFL-CIO.

La decisión definitiva sobre el proyecto de ley se adoptará el 26 de octubre.