“Esta es una de las zonas más pobres de El Cairo, una de la que resultarán más afectadas por el programa social del Gobierno Morsi una vez se apruebe la nueva Constitución. Es por eso que decidimos organizar una manifestación aquí”.

Amr, un ingeniero de 35 años, encabezaba el martes una protesta en Imbaba, un barrio del norte de El Cairo.

Imbaba es también uno de los lugares donde se inició la revolución y donde se celebrará la segunda ronda del referéndum este fin de semana.

Amr llevaba una pancarta que rezaba “No a la constitución de privilegios y opresión de los Hermanos” y se dedicaba a distribuir panfletos durante la marcha.

Bajo el lema “Yasqut yasqut hokm el morshed” (¡Abajo los dirigentes!), jóvenes activistas explicaban a los habitantes del barrio por qué decían “no” a la nueva ley y cómo afectaría sus vidas.

Aparte de la naturaleza islamista de la constitución – que erosiona algunos derechos civiles y libertades fundamentales, especialmente para las mujeres – otros temas sociales son también motivo de preocupación, como la sanidad, la educación, los derechos laborales y la vivienda.

La oposición organizó manifestaciones en diversas zonas de El Cairo, y en algunos casos se produjeron confrontaciones con la policía.

Más de 2.000 manifestantes se congregaron frente al Palacio Presidencial exigiendo la dimisión del Presidente Mohamed Morsi y unos cuantos se reunieron en la Plaza Tahrir, que fuera el icono de inicio de las protestas en la capital.

“La constitución no garantiza la libertad de asociación ni el derecho de negociación colectiva para los trabajadores, y esto impide cualquier demanda social, que resultan esenciales para nosotros, especialmente teniendo en cuenta que el Gobierno no garantiza un salario mínimo”, comenta Raed, un profesor de secundaria que se incorporó a la carpa de la nueva Federación de Sindicatos Independientes de Egipto, situada en el centro mismo de la Plaza Tahrir.

Según el Frente de Salvación Nacional, coalición de la oposición, durante el pasado sábado se produjeron numerosas infracciones durante las votaciones. La comisión electoral rechazó cualquier acusación de irregularidades, pero prometieron abrir las debidas investigaciones.

La mayoría de los jueces egipcios acusaron también a los Hermanos Musulmanes de intentar socavar su independencia.

Más de 10.000 jueces boicotearon la primera ronda del plebiscito el 15 de diciembre, y al día siguiente 1.000 jueces del Supremo anunciaron que boicotearían la supervisión de la segunda ronda este sábado.

El Gobierno obtuvo un 57 por ciento de votos afirmativos en la primera ronda del referéndum, pero es un resultado muy inferior a lo que esperaban lograr los Hermanos Musulmanes.

El Gobierno de Morsi aseguró a los egipcios que, una vez se apruebe la constitución, se organizarían elecciones nacionales para el año que viene, con objeto de aportar estabilidad al país.

Controversia

El proyecto de constitución, no obstante, no es la única cuestión que está siendo objeto de debate entre el Gobierno y la oposición.

Las nuevas fuerzas sindicales están descontentas sobre la manera en que el Gobierno está abordando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para obtener un préstamo por valor de US$4.800 millones a favor de Egipto, dado que la sociedad civil y las organizaciones de trabajadores han quedado hasta la fecha excluidas de las negociaciones.

En vista de la actual situación política – afirman los sindicatos – el Gobierno carece de la legitimidad necesaria como para firmar un acuerdo cuyas consecuencias no tendrá que asumir, puesto que se limitará a pasárselas a futuros gobiernos y generaciones.

“Los poderes ejecutivo y legislativo quedan en manos del Presidente, en ausencia de un Parlamento o una Constitución que regule las relaciones entre los tres poderes y garantice a los egipcios derechos políticos, civiles, económicos y sociales”, indica un documento publicado por el Congreso Laboral Democrático y la Federación de Sindicatos Independientes.

En particular, se anunció que el préstamo se utilizaría para superar el déficit presupuestario, sin prever inversiones en el desarrollo económico y social.

Esto impediría la recuperación económica que tan desesperadamente necesita Egipto, un país donde el desempleo alcanza el 12,6 por ciento de la población, y el 78 por ciento de esos desempleados son menores de 29 años.

Además, los sindicatos afirman que reorganizar las prioridades en el gasto público no debería necesariamente conducir a una reducción de servicios.

“Tenemos que recordar lo que ocurrió con un programa acordado por el FMI a principios de los noventa, que condujo a recortes de gastos en servicios, en especial en sanidad y educación, y que ha privado a millones de egipcios de su derecho a una cobertura sanitaria así como al colapso del sistema educativo”.

No es de extrañar que estas políticas hayan provocado un elevado desempleo y extremos desequilibrios socio-económicos, que fueron algunos de los motivos esenciales de los levantamientos en Egipto y en el resto de la región árabe.