Más de 80 naciones (desde Australia y Qatar al Reino Unido) han rechazado el polémico intento de poner internet bajo el control de un organismo de las Naciones Unidas.

La Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales, celebrada en Dubái, concluyó con una humillante derrota del plan de la ONU cuando los 80 países, con Estados Unidos al frente, anunciaron que no firmarían la propuesta de nuevos reglamentos.

[caption id="attachment_5405" align="alignnone" width="530"] (Foto de AP/Kostas Tsironis, archivo) 

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El fracaso de las negociaciones se debió en parte a una campaña mundial organizada en el último momento por la Confederación Sindical Internacional (CSI) y el movimiento laboral que unieron sus fuerzas con grupos de derechos humanos, medioambientales y de la sociedad civil para ejercer presión contra la aprobación de las reformas.

La CSI incluso apeló directamente al Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, para que rechazara la modificación de la gobernanza de internet, pues los líderes sindicales ya habían advertido de que podría permitir a los regímenes represivos controlar y censurar el tráfico en internet con el pretexto de reforzar la seguridad en la red.

Solo con la campaña sindical se recogieron más de 100.000 firmas.

La reforma de los llamados reglamentos internacionales de las telecomunicaciones fue una propuesta de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), un organismo poco conocido de la ONU que regula desde hace tiempo temas como los prefijos telefónicos, los regímenes de tarificación de la telefonía móvil y la asignación de órbitas a los satélites de telecomunicaciones.

La UIT alegaba que los tratados se habían actualizado por última vez en una conferencia celebrada en Melbourne (Australia) en 1988 y que era urgente redefinir los marcos reguladores para responder a la revolución de internet y las comunicaciones provocada por la era digital.

Sin embargo, en los preparativos de la conferencia se oyeron cada vez más voces que denunciaban que la UIT estaba formulando en secreto su propuesta de nuevo tratado, negándose incluso a publicar las propuestas de cada país para que se pudieran debatir o analizar en público.

Dicho secretismo también puso en guardia a las empresas mundiales de internet, como Google, que dedicaron una considerable cantidad de sus recursos a luchar contra el plan.

“Somos la Web”, afirmaba Google en su campaña.

“Un mundo libre y abierto depende de una red libre y abierta. Los gobiernos no deberían determinar el futuro de internet de forma independiente y a puerta cerrada”.

Una universidad estadounidense incluso llegó a crear expresamente una página web para la filtración de documentos de las naciones signatarias en la conferencia.

A la larga, las filtraciones consolidaron la opinión de que, lejos de ser inofensivas actualizaciones para ponerse al día con los avances tecnológicos, algunos países como China, Arabia Saudí y Rusia estaban impulsando nuevas normas que podrían otorgar la legitimidad de la ONU a una intervención estatal y política generalizada de internet.

En la conferencia de Dubái, el embajador estadounidense, Terry Kramer, declaró ante los delegados que EE.UU. debía comunicar su negativa a firmar el acuerdo con “gran pesar y la sensación de haber perdido una oportunidad”.

“En los últimos 24 años, internet ha aportado al mundo unos beneficios económicos y sociales inimaginables. Y todo sin estar regulado por la ONU. Francamente, no podemos apoyar un Tratado de la UIT que no sea compatible con el modelo multilateral de la gobernanza de internet”.

La decisión estadounidense vino seguida de la negativa de otros muchos países, incluidos Reino Unido, Australia, Suecia, Canadá, Polonia, los Países Bajos, Dinamarca, Kenia, Nueva Zelanda, Costa Rica, Qatar, Egipto y la República Checa.

El resultado de la conferencia se ha interpretado en todo el mundo como un gran fracaso de la UIT, pues ha demostrado que este organismo está desconectado de los sectores tecnológicamente más avanzados de la sociedad global.

Aunque su deseo de llegar a un consenso es encomiable, dio la impresión de ser demasiado prolijo y estar anclado en la burocracia de las conferencias al estilo de los años ochenta.

Los críticos subrayaron que los líderes de la UIT no entendieron ni aceptaron realmente la velocidad de las herramientas de la comunicación en línea ni la creciente demanda social de transparencia.

Según la Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow, la campaña para frenar el plan de la ONU había sido un éxito, pero los internautas de todo el mundo no podían confiarse.

“En una reunión técnica que se celebró varios días antes de la conferencia, la UIT coló con disimulo una nueva normativa muy preocupante sobre la inspección profunda de paquetes, la tecnología más intrusiva para monitorizar, controlar e incluso cambiar los contenidos del tráfico en internet”, advirtió.

“Como la sociedad civil prácticamente no tuvo la oportunidad de analizar dicha normativa antes de que la colaran, todavía se están evaluando sus posibles implicaciones.

"Sin embargo, resulta evidente que el derecho a la intimidad y la libertad de expresión no se tuvieron en cuenta en los debates ni en el objetivo de dicha normativa, a pesar de que países como Alemania habían expresado sus inquietudes”.

La señora Burrow afirmó que la conferencia de Dubái también puso de relieve la fuerte división existente entre los que apoyan una red abierta y sin restricciones y los que desean que los Gobiernos controlen las comunicaciones por internet, incluso si eso significa socavar la libertad de expresión.

“De hecho, puede que la conferencia agravara dicha división, en especial debido a la falta de transparencia antes e incluso durante la conferencia. Los Gobiernos que quieren controlar internet no van a detenerse en Dubái”, advirtió.

“A nivel nacional, muchos de estos países seguirán poniendo freno a las actividades de sus ciudadanos en la red. Además, seguirán intentando que la ONU les avale. Sin duda, el debate seguirá adelante y corre el riesgo de polarizarse aún más. Para que internet siga siendo libre es necesario que la sociedad civil se implique y no baje la guardia, para que los activistas de los derechos humanos, sindicales, medioambientales y de otros sectores puedan hacer su trabajo libremente y de forma segura. Asimismo, hay que vigilar atentamente las agendas de las grandes empresas de internet, que ven la red únicamente en términos de beneficios”.

Antes de que la señora Burrow hiciera públicos sus comentarios, Frank La Rue (el Relator Especial de la ONU para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión) hizo un llamamiento a la sociedad civil para que participara aún más en los debates.

El señor La Rue, que trabaja en Ginebra en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirmó que dicha participación era imprescindible para garantizar la legitimidad de los debates mundiales sobre el futuro de internet:

"Hasta la fecha, el único consenso que se ha alcanzado sobre este asunto es que el futuro de internet se tiene que determinar en un diálogo multilateral en el que no se pueda imponer unilateralmente ninguna medida".

"Todo el mundo debe prestar atención para garantizar que ninguna regulación nacional o internacional en materia de internet siente las bases para restringir la libertad de opinión y expresión en la red”.

“Por desgracia, hoy en día la expresión legítima en internet ya está criminalizada en varios países. Los esfuerzos mundiales deben invertir esta tendencia, en lugar de reforzarla”.