Mientras Australia se prepara para las elecciones generales que se celebrarán dentro de unos meses, uno de los principales puntos de controversia que se están planteando es cómo se están distribuyendo los miles de millones de dólares generados por el boom minero del país.
Por un lado está el poderoso lobby minero, respaldado por algunas de las mayores empresas de recursos naturales del mundo.
Y por otro, un Gobierno laborista y un movimiento sindical que tratan de que las ganancias puedan repartirse a la comunidad en general.
En lo que podría ser una repetición de la controversia que definió el panorama político australiano en 2010, la industria minera amenaza de nuevo con utilizar sus abultadas carteras para lacrar cualquier debate efectivo que se pueda plantear en torno a esta cuestión.
Alimentado por la insaciable demanda china de mineral de hierro y carbón, el aparentemente eterno boom minero de Australia ha sustentado la economía del país a lo largo de la recesión mundial.
También ha hecho que el país ascienda en las clasificaciones de los países más ricos del mundo. En 2011-2012, la economía australiana creció un 3,7%, frente al promedio del 1,4% del G7 en 2012.
Desde los primeros tiempos de la colonización blanca, a finales del siglo XVIII, la economía australiana ha dependido enormemente de sus abundantes recursos naturales e industrias primarias.
Pero el actual boom minero – concentrado en la remota región desértica de Pilbara, en el noroeste de Australia – es único por el hecho de haber expuesto una desigualdad de ingresos cada vez mayor y fomentado un debate nacional sobre la dirección de la economía de Australia.
Se están planteando serias preguntas acerca de la medida en que el país se ha beneficiado realmente del próspero sector de los recursos naturales, y sobre el peligro que el comportamiento abusivo del lobby minero supone para la democracia.
Una nueva campaña, dirigida por el sindicato Construction, Forestry, Mining and Energy Union (CFMEU), articula esta creciente preocupación.
Con la fecha de las elecciones fijada para el 14 de septiembre, el sindicato quiere asegurarse de que todos los partidos políticos se comprometan a gestionar mejor las ganancias de la minería para el beneficio de todos los australianos y australianas.
“El boom minero ha generado oportunidades para muchos australianos, pero ha dejado atrás a muchos más, perjudicando gravemente diversos sectores con altos coeficientes de empleo, como la manufactura, el turismo y la educación”, afirma Michael O’Connor, secretario nacional del CFMEU.
“Esta campaña pretende reenfocar las políticas de los principales partidos políticos, de manera que las grandes oportunidades del boom puedan ser aprovechadas para reducir el desempleo, para proporcionar formación y puestos de trabajo a la nueva generación de trabajadores y trabajadoras australianos, y para invertir en las comunidades más afectadas.”
No cabe duda de que, si se manejaran correctamente, las ganancias de la minería podrían proporcionar unos beneficios enormes para Australia. Pero hay secciones claves de la economía que al parecer se lo están perdiendo todo.
“Cuando el boom se acabe – e inevitablemente, por su naturaleza, todos los booms terminan por acabarse – no queremos quedarnos en una mera cantera o una granja o simplemente en un lugar agradable para visitar”, dijo hace poco Dave Oliver, secretario del Australian Council of Trade Unions (ACTU).
“Queremos asegurarnos de disponer de unas buenas industrias, sólidas y viables.”
La manufactura, que da trabajo al 13% de los trabajadores/as del sector privado, es el ejemplo más obvio.
A lo largo de los 10 últimos años, mientras que el empleo directo en la minería se ha casi triplicado, alcanzando los 263.000 puestos de trabajo a finales del año pasado, uno de cada diez empleos en el sector manufacturero ha desaparecido, y la mano de obra de este sector ha disminuido a 972.000.
La fuerza de la minería también ha hecho que el valor del dólar australiano aumente, poniendo una presión enorme en los manufactureros australianos que se enfrentan a unas importaciones más baratas y a unas exportaciones cada vez más caras.
Por otra parte, el sector minero ha sido criticado por darle la espalda a la industria local a la hora de hacer sus pedidos multimillonarios para maquinaria, transporte y servicios.
La cultura del fly-in fly-out
Las preocupaciones en cuanto a dar trabajo de corta duración a inmigrantes cualificados en vez de dárselo a la población local también han sido bien documentadas.
Se ha producido un rápido incremento en la expedición de visados temporales para trabajadores cualificados (categoría 457), registrándose un aumento de casi el 60% durante el primer trimestre del presente ejercicio fiscal.
Además las empresas mineras quieren utilizar el Acuerdo Empresarial de Inmigración, que les permite poder prescindir de emplear a trabajadores australianos a cambio de una mano de obra extranjera temporal y más barata para proyectos específicos.
El primer acuerdo fue otorgado el año pasado a la magnate minera australiana Gina Rinehart y su proyecto Roy Hill, aunque los sindicatos convencieron posteriormente al Gobierno de que estableciera una Bolsa de trabajo en el sector de recursos naturales en línea, para garantizar que los trabajadores australianos puedan ser los primeros en acceder a todas las oportunidades laborales.
Durante las últimas semanas el Gobierno Federal ha endurecido el sistema de visados 457 en respuesta a las quejas de los sindicatos, según las cuales éste se estaría utilizando para explotar a los trabajadores extranjeros y socavar las condiciones de trabajo y los convenios salariales establecidos.
Los residentes de las comunidades mineras también han dado la voz de alarma con relación al lado oscuro del boom.
Históricamente, el desarrollo de las minas en regiones remotas estuvo acompañado de la construcción de municipios cercanos para acomodar a los trabajadores y a sus familias. Pero la actual cultura del “fly in-fly out” (FIFO), de traer y llevar a los trabajadores en avión, está destruyendo esta tendencia.
Las empresas mineras ya no están interesadas en invertir en infraestructura ni en comunidades locales. Las ciudades situadas en las zonas de recursos naturales a largo plazo se están convirtiendo en campos de trabajo.
Los nuevos proyectos tienen una infraestructura y unos servicios mínimos, y las otrora orgullosas comunidades locales han experimentado un éxodo de residentes permanentes que ya no pueden permitirse alojarse en áreas donde los elevados sueldos de la minería han encarecido el coste de la vida.
Una investigación realizada por el Comité Restringido de la Cámara de Representantes encontró que las prácticas laborales del FIFO están erosionando la calidad de vida de las ciudades y comunidades regionales establecidas.
No es de extrañar que el influyente organismo competente en este campo, el Minerals Council of Australia (MCA), cuestione este asunto.
“La minería no está ahuecando las regiones en las que opera sino que está aumentando los ingresos, atrayendo a familias y reduciendo el desempleo”, explica Mitch Hooke, director ejecutivo de MCA.
Impuestos y difamaciones
Hace tres años el Gobierno laborista trató de repartir las ganancias de la minería de forma más extensa por medio de un impuesto basado en los beneficios, denominado Resources Super Profits Tax (RSPT) o impuesto a las ganancias extraordinarias para los recursos minerales.
El RSPT fue concebido para que gravara el 40% sobre las ganancias mineras por encima de la tasa de interés libre de riesgo fijada al 6%, con exenciones por pérdidas del año anterior, costos de exploración y otras pérdidas.
La idea es que hubiera financiado una reducción generalizada en el tipo de impuesto de sociedades, contribuciones superiores a los fondos de pensiones privadas y toda una serie de proyectos de infraestructura en la Australia rural.
Pero el plan provocó una reacción muy fuerte por parte de la industria minera, que no estaba dispuesta a renunciar a los beneficios extras.
El sector minero se reconcentró para llevar a cabo una astuta campaña publicitaria multimillonaria que dañó mortalmente al por aquel entonces Primer Ministro Kevin Rudd.
Los rostros públicos de aquella campaña fueron los de tres de los magnates mineros más famosos de Australia: Andrew Forrest de Fortescue Metals Group, Clive Palmer de Mineralogy y la anteriormente mencionada Rinehart.
La mayor parte del dinero para financiar la campaña provino de multinacionales como BHP Billiton, Rio Tinto y Xstrata.
Después de un cambio en la cúpula del partido laborista en junio de 2010, la nueva líder y Primera Ministra Julia Gillard hizo que “el arreglo” del RSPT fuera su primera prioridad, y negoció una versión diluida del impuesto, denominado Minerals Resource Rent Tax (MRRT) o impuesto sobre la renta de los recursos minerales.
El MRRT es efectivamente un tipo impositivo del 22,5% sobre los beneficios por encima del 7%, pero se aplica únicamente a los sectores del mineral de hierro y del carbón.
El MRRT ha sido un fracaso. En el primer semestre del presente ejercicio fiscal apenas recaudó 126 millones de dólares australianos (129,9 millones USD) en rentas públicas – lo que está muy por debajo de los 2.000 millones de ganancias que se habían previsto para el primer año de su aplicación.
Ninguna de las grandes empresas mineras ha pagado ningún impuesto, y a pesar de tener unas ganancias anuales del orden de miles de millones de dólares, probablemente ninguno de los dos gigantes de Rio Tinto y BHP Billiton tendrán que pagar nada durante muchos años.
En los tres años transcurridos desde el debacle del RSPT, los magnates mineros de Australia han logrado una victoria tras otra – sobre todo Rinehart.
El año pasado Forbes Magazine la denominó la mujer más rica del planeta, con una fortuna que se calcula en 18.000 millones USD.
Rinehart tiene unos puntos de vista extremadamente conservadores y ha logrado hacerse con una plataforma donde exponerlos, invirtiendo considerablemente en la televisión y en los periódicos.
La infamia cayó sobre ella el año pasado, cuando advirtió a los complacientes trabajadores australianos de que los africanos estarían “dispuestos a trabajar por menos de 2 dólares diarios”.
El año pasado, el Tesorero de Australia, Wayne Swan, llamó la atención respecto al comportamiento abusivo que caracteriza a los magnates mineros, en un artículo titulado “The 0.01%.”
“Un puñado de intereses creados que se han embolsado una parte desproporcionada del éxito económico del país ahora se creen con el derecho a determinar el futuro de Australia para satisfacer sus propios intereses personales”, escribió.
Los grupos mineros de las multinacionales más establecidas, como Rio Tinto y BHP Billiton, son más difíciles de estereotipar, pero vienen aplicando desde hace años unas políticas que socavan la seguridad del empleo, la sindicalización y las comunidades rurales.
Ahora la Primera Ministra Julia Gillard se enfrenta a crecientes llamamientos para que se revise el impuesto y se elimine la fisura que permite a las empresas mineras alegar un crédito fiscal para compensar futuros impuestos diferidos.
El Partido de los Verdes, que formó una coalición con los laboristas en 2010, ha exigido siempre unos impuestos más rigurosos para las empresas mineras.
Hace dos semanas, los Verdes terminaron su alianza formal con los laboristas, mencionando el conflicto sobre los impuestos del sector minero como uno de los factores decisivos de la ruptura.
El lobby minero, por su parte, ha amenazado con una guerra abierta si el impuesto se enmienda.
Hace poco, en un ataque preventivo, pusieron anuncios de página entera en los periódicos alegando que ya están pagando 20.000 millones de dólares australianos al año en concepto de impuestos y regalías.
Mitchell Hooke, del MCA, ha advertido de que “todo está en el aire” – una amenaza apenas velada al Gobierno.
Y todo esto está sucediendo en el contexto de las elecciones federales que se celebrarán a mediados de septiembre.
Casi con toda seguridad, el conservador Partido Nacional Liberal de la oposición, que ya apunta alto en las encuestas, se pondrá de parte de la industria minera, como hizo en 2010.
Sólo el tiempo dirá el camino que los votantes australianos deciden tomar.
