Los trabajadores y las trabajadoras de Nueva Zelanda se enfrentan a un nuevo ataque en toda regla contra sus salarios y condiciones de trabajo. El Gobierno propone el debilitamiento de la Ley de relaciones laborales.

Esta modificación prosigue los cambios ya introducidos por el Gobierno al recortar las tasas salariales de los jóvenes, reducir el acceso sindical, limitar el alcance de los recursos de apelación contra el despido improcedente y la supresión de los derechos de los trabajadores en sus primeros 90 días de empleo.

Los últimos cambios figuran en un proyecto de ley que será debatido en el Parlamento durante los próximos meses y será la punta de lanza de una activa campaña por parte de los sindicatos.

Las modificaciones tendrán como principales efectos reducir los salarios y las condiciones mediante el debilitamiento de las normas en materia de negociación colectiva.

Ya desde ahora, los bajos salarios están empujando a miles y miles de neozelandeses a salir rumbo a Australia, con una pérdida de personas activas sin precedente en el último año. Los cambios propuestos empeorarán aún más la situación.

Sabemos que la negociación colectiva está siendo objeto de un ataque cerrado en muchos países.

Es el tipo de medidas que caracterizan al Gobierno nacional de centro-derecha de Nueva Zelanda, como ya lo hizo en 1991 con la infame Ley del contrato de trabajo.

Este último proyecto de ley es un retroceso que nos aproxima mucho a ese régimen.

La Ley de relaciones laborales incluye “la promoción de la negociación colectiva” como una de las cuestiones que va a abordar.

No obstante, este proyecto de ley está diseñado para socavar la negociación colectiva. Ahora bien, Nueva Zelanda también ha ratificado el principal Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que promueve la negociación colectiva, por lo que los sindicatos interpondrán una queja ante la OIT.

¿Qué modifica la ley?

Permite a los empleadores poner fin a la negociación cuando lo deseen

Actualmente, la ley exige que los empleadores concluyan un proceso de negociación colectiva, a menos que exista “una razón genuina, basada o no en motivos razonables.”

Este cambio permitirá que los empleadores indiquen en cualquier momento que las negociaciones han sido suficientes y los trabajadores ya no podrán continuar la negociación.

De este modo, los empleadores pueden limitarse a realizar una negociación colectiva de “fachada”.

Asimismo, los empleadores podrán amenazar a los trabajadores con ceder sus puestos de trabajo a otra persona mientras se entablan negociaciones para obligarlos a aceptar sus condiciones.

Y desde un principio, cuando el sindicato inicie la negociación de un convenio colectivo, el empleador puede señalar abiertamente su preferencia por acuerdos individuales, lo que en la práctica implica una negativa a negociar.

Suprime la protección para los trabajadores nuevos

Actualmente, un trabajador nuevo en un determinado lugar de trabajo que cuente con un contrato colectivo de trabajo es contratado de forma automática sobre la base de ese convenio colectivo durante los primeros 30 días de empleo. Esta medida también se aplica a los trabajadores no sindicalizados. Es una protección para que no se les ofrezcan condiciones inferiores a los demás.

Este cambio en la ley obligará a todo nuevo trabajador a elegir de inmediato, lo cual los hace vulnerables a la presión por parte del empleador para que acepten una oferta menos ventajosa.

Con el tiempo, esta situación va a socavar las condiciones de todos los trabajadores y las trabajadoras.

De hecho, el documento del Gabinete que recomienda estas modificaciones, firmado por el Ministro de Trabajo, señala que en realidad “permitirán a los empleadores ofrecer condiciones individuales inferiores a las que se estipulan en el convenio colectivo”.

Socava los acuerdos sectoriales

Los empleadores podrán optar por abandonar la negociación colectiva con múltiples empleadores, lo que pondrá en peligro los pocos acuerdos a nivel sectorial que se han negociado.

Obstaculiza el derecho de huelga

Los empleadores tendrán la posibilidad de recurrir a lo que en realidad es un “impuesto de huelga”.

Si los trabajadores emprenden acciones colectivas que impliquen negarse a realizar algunas tareas, el empleador puede ya sea calcular una deducción, o simplemente aplicar un recorte salarial del 10%.

Los empleadores, sin embargo, pueden suspender parcialmente a los trabajadores sin aplicar dicha sanción.

Reduce las pausas para comer y de descanso

Las pausas para almorzar y de descanso pueden ser de una hora y su duración es especificada por el empleador, siempre que exista una medida “razonablemente” compensatoria. Es una manera de socavar el derecho a descansos adecuados y representa una amenaza a la salud y a la seguridad.

Además

Los otros cambios que atacan los derechos laborales son numerosos.

Por ejemplo, las pequeñas empresas que obtienen contratos de trabajo no tendrán que cumplir con las protecciones para el desplazamiento de los trabajadores o las trabajadoras vulnerables; se suprime el ya reducido período de tiempo de ventaja de que disponen los sindicatos en relación con los empleadores para iniciar la negociación colectiva; ahora se requiere un aviso previo por escrito para convocar una huelga; y se limita el acceso a la información en situaciones de despido colectivo.

Los sindicatos de Nueva Zelanda ya han iniciado una campaña en contra de este proyecto de ley.

Sabemos que el Gobierno está tratando de plantear estos cambios como “técnicos”.

Nuestra campaña hará hincapié en los efectos que este proyecto de ley ejercerá sobre los salarios, las condiciones, la salud y la seguridad y los derechos laborales. Sin embargo, nuestra campaña no se circunscribe al mantenimiento de la ley vigente.

Sabemos que la Ley de Relaciones Laborales en su forma actual es demasiado endeble. Necesitamos una ley capaz de sustentar la extensión de la negociación colectiva en instrumentos más generalizados que a nivel sectorial.

La campaña incluirá reuniones de interrupción del trabajo, manifestaciones regionales, grupos de presión, dará impulso a las presentaciones, historias de perfiles de los trabajadores y las trabajadoras para conseguir que llegue a todos nuestro mensaje sobre el impacto que implican estos cambios y la necesidad de una ley mejor que pueda incrementar las remuneraciones. Esta campaña vinculará los cambios en la legislación laboral y la preocupación generalizada en Nueva Zelanda en relación con los bajos salarios, los cuales van a la par de un aumento de la desigualdad.

Para más información, consulte: http://union.org.nz/whycutourpay