La olla a presión está al rojo vivo.

En vísperas de dos huelgas nacionales, el Ministerio de Educación acaba de anunciar que había 122 centros de enseñanza secundaria cerrados y que otros 62 habían sido ocupados a raíz de las protestas por la reforma educativa.

A lo largo de todo el país, otras 19 universidades experimentan la misma situación, produciéndose violentos desalojos y represión policial por parte de los Carabineros de Chile.

El motivo de la acción estudiantil es la demanda por el derecho a una educación gratuita y de calidad, que se desea esté consagrado constitucionalmente y cuente lo antes posible con un financiamiento adecuado.

“Queremos terminar con la educación originada en la dictadura de Augusto Pinochet y la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), legislación que dejó al Estado como regulador, delegando gran parte de la enseñanza a entes privados”, han señalado los estudiantes movilizados.

A sus demandas se han unido trabajadores de la Confederación de Trabajadores Portuarios y sindicatos asociados a la producción del cobre, entre otros.

Estudiantes y trabajadores están actualmente convencidos de que el financiamiento para la educación de los niños y las niñas de Chile, debe provenir del metal rojo, el cobre, del cual Chile es el principal productor del mundo (35 % a nivel global).

El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Diego Vela, señaló: “El próximo 26 de junio nos vamos a movilizar y nos vamos a paralizar a nivel nacional. Todos los puertos del país van a suspender sus actividades con el objetivo de conseguir una educación que sea gratuita, pública y de calidad”.

Por su parte, el Sindicato Interempresa de la Gran Minería y Ramas Anexas (SITECO), dijo: “La intransigencia del Gobierno es excesiva y las promesas de la concertación no alcanzan a ocultar sus verdaderos intereses: defender el lucro y el negocio de nuestros derechos sociales”.

El sindicato explicó a la opinión pública: “El cobre, el sueldo de Chile – que en otra época fue nacional y que hoy está en manos extranjeras – es la solución para las demandas del movimiento estudiantil y de los trabajadores. (…) Seremos nosotros, miles de hombres y mujeres sencillas, quienes unidos y en movilización tomaremos el destino de la patria en nuestras propias manos”.

Bárbara Figueroa, la primera mujer en la historia de Chile en ser presidenta de la CUT, fue clara: “El Presidente ha expresado que Chile ha crecido en promedio un 5% anual en los últimos tres años, superando el período anterior y situándose a la altura de los países de la OCDE.”

Asimismo agregó: “Sin embargo, al hacer su análisis, se le olvida decir a este Gobierno que sólo es una parte de la sociedad la que ha ido creciendo", hechos que se clarifican al ver que Chile, pese a venderse al mundo como el “jaguar de Latinoamérica”, es, según el índice GINI, el país más desigual del mundo, superando a países como Estados Unidos o Israel.

Cabe recordar que las últimas jornadas de huelga nacional vividas en el país, los días 24 y 25 de agosto del 2011, culminaron con el joven estudiante Manuel Gutiérrez muerto como consecuencia de disparos de Carabineros que nunca se aclararon.

En Chile, diversos sondeos de opinión revelan que alrededor del 80% de la población está de acuerdo con la demanda estudiantil, que hoy comparten también los trabajadores.

Cristian Cuevas, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, dijo a Equal Times: “Respaldamos absolutamente la movilización de los estudiantes, pues es parte de nuestra responsabilidad. Esta protesta va tener distintas expresiones, a las que esperamos se adhieran las masas, pues es el preludio de lo que sucederá el 11 de julio.”

“Para la huelga del 11 de julio también llamamos a que se sume la agenda de los trabajadores, que en ningún candidato presidencial es tan clara. Necesitamos poner en la agenda nuestros temas”, puntualizó.

Los ejes centrales del paro convocado por la CUT para el 11 de julio son: “Nueva institucionalidad laboral, que incluya a trabajadores públicos y privados, de la economía formal e informal; el fin de las AFP y un nuevo sistema de pensiones con rol protagonista del Estado; y la reforma tributaria, que financie realmente derechos como educación, salud y vivienda”.