Hace 22 años que Tonny Azzi cambió su maletín de peluquería por una placa y una pistola. Ser funcionario público le iba a dar una estabilidad económica, seguridad social y jubilación. Ahora este policía municipal de Debbayeh, cerca de las montañas del Chouf, hace, nuevamente, cortes de pelo a domicilio para poder pagar sus facturas.

“Mi mujer también trabaja, es profesora, pero con lo que sacamos de nuestros salarios no nos da para cubrir los gastos mínimos de la familia”, lamenta. Su sueldo de funcionario público es de 2.000.000 de libras libanesas; antes de la crisis financiera representaba unos 1.400 dólares estadounidenses (1.210 euros) que, al cambio actual, no supera los 130 dólares (126 euros*).

Esta situación de penuria se ha vuelto común entre los funcionarios públicos, de ahí que para sobrevivir hoy en el Líbano se vean obligados a desempeñar múltiples trabajos (en paralelo a su función pública).

El municipio de Debbayyeh es el tercero más grande del Líbano, –con unos 20.000 habitantes–, pero de la seguridad solo se encargan Azzi y su compañero Nassir –ambos con edad de jubilarse–, que son fijos; y otra decena más de agentes locales, todos ellos con contrato temporal.

“Solo nosotros dos hacemos los chequeos que reportamos a la municipalidad. Estamos hablando de que nos encargamos de todas las construcciones ilegales, apartamentos habitados no registrados y conexiones ilegales a los suministros de agua y electricidad de toda el área. Estamos sobrecargados con demasiada faena y lo que me pagan va directamente para el generador eléctrico”, se queja Azzi.

La sobrecarga de trabajo también es corriente en la alcaldía de Debbayyeh, de la que dependen los pueblos aledaños. Los recortes del Gobierno para aliviar unas arcas públicas en bancarrota y la normativa, vigente desde 2019, que no permite el reclutamiento de nuevos funcionarios públicos en Líbano, deja a las administraciones locales desprovistas de funcionarios. En el caso de Dolly Boustany, la funcionaria más veterana del ayuntamiento de Debbayyeh, además de los deberes de su cargo se encarga de las tareas administrativas –porque la secretaria se jubiló hace dos años–, pero también se desempeña como teniente de alcalde cuando éste se ausenta.

Con la depreciación de la moneda y la inflación, a veces los agentes municipales tienen que valorar si les vale la pena ir a trabajar, ya que el carburante puede superar el salario que perciben a final de mes.

“Llevamos pidiendo que nos suban las ayudas para el transporte. Nos dan 25.000 libras libanesas adicionales por semana para el transporte”, lo que equivale a un dólar y medio (1,6 euros) –una pérdida de valor que sigue en caída libre–, explica la funcionaria del ayuntamiento. De modo que el absentismo laboral entre los funcionarios públicos es un secreto a voces. “A la comisaría o a la academia vienen una o dos veces por semana”, afirma un oficial de policía bajo condición de anonimato.

“Los oficiales tienden a hacer la vista gorda con los agentes de menor rango porque es una inmoralidad obligarles a venir a trabajar cuando se están ganando el pan en otro lado”, reconoce la fuente policial. “Nos han hecho ser vegetarianos a la fuerza”, bromea para transmitir menos alarmismo, pero el hecho es que con una inflación de cerca del 200% comprar carne es prohibitivo hoy en día.

“Con estas condiciones que tenemos, quién puede acusar a la administración pública de ser profundamente corrupta”, exclama por su parte una resignada Boustany, aludiendo a otro de los males que hunde sus raíces en la crisis.

Ideas para unificar y evitar el desmoronamiento

El temor al desmoronamiento y al abandono del servicio por parte de la policía ha llevado a la autoridad militar a “retener los pasaportes” a los miembros de las fuerzas de seguridad como medida para evitar la huida del país, reconoce un diplomático europeo, que no quiere ser identificado.

“Debido al colapso financiero, no hay un Estado. Cuando una institución no se preocupa o toma responsabilidades, se crean administraciones paralelas. Esto es lo que pasa en los municipios, no hay relación entre el Ministerio del Interior y las municipalidades”, explica Thomas Valetas, miembro del equipo del proyecto europeo “Policía de proximidad”. Se trata de un proyecto financiado por la Unión Europea, con un presupuesto de 15 millones de euros, para un periodo de cinco años, desde su inicio en 2021, y ejecutado por las agencias española FIIAPP y la francesa CIVIPOL.

Uno de los desafíos de este programa, señala Valetas –que supervisa los cursos de capacitación de la policía local en la Academia de las Fuerzas de Seguridad Internas (ISF)–, es “unificar a la policía local en términos de responsabilidades y tareas” para abolir este tipo de sistema moderno de taifas, donde cada uno hace lo que quiere porque es su dominio.

Según Valetas, los miembros de la policía local son elegidos por su relación de fidelidad al alcalde y, lamentablemente, la mayoría “no tiene ningún tipo de formación ni entrenamiento”.

Años de clientelismo y corrupción en la administración pública han fomentado la desconfianza entre los ciudadanos y las fuerzas de seguridad, por lo que se presenta como un reto cambiar la percepción de la gente.

“Como trabajadores públicos, los agentes tienen que estar al servicio de los ciudadanos”, insiste Valetas. “Nuestro objetivo es centralizar las fuerzas de seguridad y que haya una cooperación entre agentes nacionales y municipales y la sociedad civil, pero son reticentes a cambiar su acercamiento al otro”, lamenta.

“Para poder garantizar la durabilidad de este proyecto –una vez hayamos finalizado nuestra formación–, hay que asegurarse de que la policía municipal podrá seguir recibiendo la misma formación que les dimos a través de formadores locales”, concluye.

Iniciativas privadas: ¿para la seguridad ciudadana o para determinadas minorías?

La situación de vulnerabilidad de las fuerzas de seguridad es una bomba de relojería para el Líbano, un país que vive en vilo, donde los disturbios y la delincuencia crecen en paralelo a la crisis económica y financiera. Según datos publicados por la firma International Information, con base en Beirut, los delitos de robo han aumentado un 266% desde antes de la crisis económica.

Los libaneses no se sienten seguros ni protegidos en sus barrios. Como consecuencia, los vecinos buscan gestionarse su propia protección recurriendo a clanes familiares o a los partidos políticos. Algunos partidos han asumido el papel de proveedores de seguridad privada en ciertas áreas, a cambio de apoyo político o dinero.

Si bien estas prácticas de seguridad informales son más conocidas entre el partido-milicia Hezbolá y su socio Amal, en las zonas chiíes, también políticos cristianos como el diputado Nadim Gemayel, de las Falanges Libanesas, ha empezado a formar y financiar a sus propios “vigilantes” en el barrio cristiano de Ashrafiyeh, en el centro de Beirut. El ambiente lúgubre por la falta de alumbrado público en las calles del centro de Beirut llevó al líder de las Falanges a contratar a una empresa de seguridad privada para formar a dos centenares de voluntarios, que patrullan con linterna y bastón en mano, ante el aumento de la delincuencia. “Es un derecho básico que nuestros vecinos, nuestros hijos, se sientan seguros cuando salgan o regresen a sus casas. Estamos aquí para proteger a nuestras familias”, exclama Akram Nehme, que gestiona esta iniciativa.

Para algunos residentes de Ashrafiyeh como Mariam estos “ángeles de la guarda” han traído tranquilidad a las familias del barrio. “Solía cerrar la tienda a las siete y media de la tarde. Pero ahora cierro más temprano porque los clientes han dejado de venir porque no hay luz en la calle. Está desierta y da miedo, la verdad. Pero desde que están los vigilantes me siento un poco más segura”, indica Mariam que tiene un comercio en el barrio.

Si bien en este barrio cristiano se elogia la iniciativa, otros la critican, comparándola con los tiempos de la guerra civil libanesa (1975-1990), cuando las milicias patrullaban las calles de sus respectivos barrios.

En un país como el Líbano donde las barreras sectarias (invisibles) dividen a la población, el hecho de que un grupo de vigilantes nocturnos asuma la tarea de la seguridad ha hecho saltar algunas alarmas. “Estamos en un momento delicado en el país. No hay presidente ni Gobierno. Todo el mundo pide que se desmantele y desarme a Hezbolá. No podemos permitir que ahora otro grupo se encargue de la seguridad de su región”, advierte Michel Chadarevian, exconsejero diplomático del expresidente libanés, Michel Aoun.

Pero Nadim Gemayel rechaza las críticas de que su iniciativa comparte similitudes con aquellas patrullas organizadas por las milicias durante el conflicto confesional libanés. “No estamos en una guerra civil. No estamos en una situación de guerra. No buscamos remplazar a las fuerzas de seguridad, estamos en total coordinación con la policía, los servicios de Inteligencia y otras autoridades competentes”, reitera el líder del partido cristiano de las Falanges Libanesas.

Pero es difícil desligarse del pasado, cuando el apellido “Gemayel” es para muchos libaneses sinónimo de la guerra civil. Bashir Gemayel, el padre de Nadim, fue el primer presidente cristiano asesinado durante la guerra fratricida en la década de los 80. Bashir fue además, el fundador de las Fuerzas Libanesas, la milicia cristiana más sanguinaria a la que se le atribuye la muerte de miles de musulmanes y palestinos refugiados en los campamentos de Sabra y Shatila.