Ciclo de horror en el mar por la línea dura de Australia con los refugiados

Ciclo de horror en el mar por la línea dura de Australia con los refugiados

En este video de la Australia Broadcasting Corporation rodado el 31 de octubre de 2017, los solicitantes de asilo protestan por el cierre de su centro de detención en la isla Manus, Papua Nueva Guinea.

(Australia Broadcasting Corporation via AP)

En este momento, se cuentan por centenas los hombres que se encuentran detenidos en una isla remota en el norte de Papúa Nueva Guinea tras intentar buscar refugio en Australia. Algunos están enfermos o heridos, muchos se encuentran mentalmente traumatizados y la mayoría ya lleva tres o cuatro años en la isla Manus, conocida como “el Guantánamo de Australia”.

A pesar de la condena internacional por su difícil situación, su futuro sigue siendo incierto. Estas personas son víctimas de las políticas del Gobierno australiano relativas a los solicitantes de asilo que intentan llegar a sus costas mediante embarcaciones.

A finales del pasado mes de noviembre, 606 refugiados y solicitantes de asilo fueron trasladados, a la fuerza, de un precario centro de detención en una base naval de Papúa Nueva Guinea, un lugar en el que ya han muerto seis hombres y muchos más han sufrido lesiones por violencias y autolesiones. Este traslado tuvo lugar después de que el Gobierno de Papúa Nueva Guinea decidiera cerrar este Centro australiano de tramitación en ultramar por “inconstitucional”.

Centenares de hombres se negaron a abandonar el centro por temor a los ataques de ciertos sectores de la población. Durante el enfrentamiento, los solicitantes de asilo se quedaron durante tres semanas sin agua, comida ni electricidad. A pesar de ser responsabilidad de uno de los países más ricos del mundo, los detenidos sobrevivieron almacenando agua de lluvia en contenedores de basura y buscando comida por todos lados. Esta situación llegó a su fin cuando fueron trasladados a la fuerza a un nuevo centro, aún inacabado, en otra parte de la isla. La ONU ha calificado el nuevo centro de detención como “esencialmente inadecuado”.

Desde que fueron reubicados, el Gobierno del primer ministro Malcolm Turnbull (del conservador Partido Liberal) ha negado acceso a profesionales médicos independientes para evaluarlos. El Gobierno también rechazó las solicitudes de terapeutas experimentados que afirmaron estar “profundamente preocupados” por la salud física y mental de los solicitantes de asilo.

Como Australia se ha negado a aceptar a las personas que lleguen por embarcación para instalarse en Australia, los hombres detenidos en Manus se encuentran ante una dura elección: instalarse en Papúa Nueva Guinea, regresar a casa o soportar una espera incierta de aceptación por parte de otro país.

El mes pasado se supo que 200 hombres detenidos en alta mar en Manus y en la pequeña república isleña de Nauru en Micronesia podrían reasentarse en Estados Unidos gracias a un acuerdo alcanzado con la administración Obama. Todos los demás siguen en la incertidumbre.

Mientras tanto, la deslocalización de su tramitación de solicitudes de asilo por parte de Australia a Papua Nueva Guinea está provocando fricciones con la población local en Manus. En un país que lucha con su propia situación de pobreza y descontento, la imposición de una comunidad de refugiados en su territorio ha provocado que los propietarios de tierras bloqueen los centros australianos en señal de protesta.

Los detenidos dicen haber recibido amenazas de muerte por parte de la población local, y un vídeo reciente respalda sus afirmaciones. La respuesta de Peter Dutton, ministro del Interior (una nueva “súper cartera” anunciada antes de Navidad para supervisar la inmigración) fue acusar a los solicitantes de asilo y a sus defensores de haberlo fabricado.

Ya es larga la lista de organizaciones que Dutton ha acusado de errar el tiro o de mentir, entre ellas se cuentan Amnistía Internacional, la Confederación Australiana de Sindicatos, el Gobierno de Nueva Zelanda, el tribunal supremo de Papua Nueva Guinea, más de 100 naciones miembros de la ONU y, a veces, incluso su propio ministerio.

Durante los tres años que Manus y Nauru se encontraron bajo la responsabilidad de Dutton se produjeron asesinatos, suicidios y muertes por falta de atención médica. Dos personas se prendieron fuego. Algunos han intentado tragar cuchillas de afeitar o ingerir productos químicos. Adultos y niños se han cosido los labios, al tiempo que se han señalado disturbios y múltiples casos de agresión física y sexual entre detenidos, guardias y población local.

“En mis 43 años de carrera, nunca he visto más atrocidades de las que he sido testigo en las situaciones de encarcelamiento de la isla de Manus y Nauru”, aseguró un especialista en traumas psicológicos a The Guardian el año pasado.

“No se establecerán aquí”

El exfiscal general de Australia afirmó recientemente que “por habitante, Australia implementa el programa de refugiados y migración humanitaria más generoso del mundo”. Si bien es cierto que solo Canadá acepta actualmente un mayor número de refugiados que Australia mediante el “reasentamiento extraterritorial” (la reubicación de los considerados refugiados legítimos que residen en otro país de acogida), estos programas solo representan una pequeña proporción de la respuesta mundial a la crisis global de refugiados. Los críticos también argumentan que, dado el tamaño de su territorio y su vasta riqueza económica, Australia debería ser más generosa.

La mayoría de las personas que buscan refugio en Australia llegan en avión con una visa válida (como turistas) para luego solicitar asilo a su llegada. Pero no todos pueden llegar por avión. Por miles de razones, los solicitantes de asilo procedentes de países como Afganistán, Irak, Pakistán e Irán, terminan en países cercanos al sudeste asiático.

Ante un futuro incierto y las largas demoras para el reasentamiento, el último recurso puede ser pagar a traficantes de personas en Indonesia y Sri Lanka para intentar llegar a las costas de Australia en embarcación. Los casos de las personas interceptadas en embarcaciones son tramitados en ultramar, ya sea en Manus o en Nauru. Esta política se aplica desde 2012, cuando el entonces Gobierno laborista anunció que toda persona que llegara por embarcación no podría instalarse en Australia. Sin embargo, una vez tramitadas sus solicitudes, se piensa que la gran mayoría de los solicitantes de asilo que esperan en los centros australianos de tramitación en ultramar son refugiados legítimos.

Dutton ha admitido que esta política, continuada por los Gobiernos conservadores, es “dura” pero necesaria para garantizar que los solicitantes de asilo lleguen “de forma ordenada” y poner coto a los traficantes de personas. Como resultado, la política australiana aplica una receta para conseguirlo: disuadir a las embarcaciones fletadas por traficantes de personas.

No obstante, las embarcaciones siguen llegando, salvo que ahora se les impide tocar las costas de Australia mediante un multimillonario “anillo de acero” que se extiende a lo largo de las aguas del norte de Australia. Las embarcaciones interceptadas son devueltas, e incluso se ha acusado a las autoridades australianas de sobornarlas para que no vuelvan.

“Actualmente son más de 2.000 las personas que languidecen en remotas islas del Pacífico en tanto que rehenes de esta política”, comentó a Equal Times Amy Frew, abogada del Centro Jurídico de Derechos Humanos de Australia. “Que haya personas que decidan echarse a la mar muestra el fracaso de un enfoque regional para gestionar los flujos de personas que solicitan asilo”.

Si las embarcaciones regresan al lugar donde salieron, se hunden en otras aguas o sus pasajeros vuelven a los lugares de los que huyeron por ser víctimas de persecución, parece no tener importancia para el Gobierno.

Shen Narayanasamy, director de campaña de derechos humanos de la agrupación de defensa GetUp, señala que el secretismo gubernamental en torno a sus operaciones fronterizas hace que el público no tenga manera de verificar la seguridad de las embarcaciones devueltas.

“La obsesión de Australia con la llegada de embarcaciones y el discurso xenófobo promovido por políticos de todos los horizontes ha creado un clima en el que la intolerable crueldad hacia los solicitantes de asilo está permitida y es aplaudida por la población”, afirmó Narayanasamy a Equal Times.

La oposición laborista se ha puesto del lado del Gobierno. Fue un Gobierno laborista el que reabrió el centro de Manus en 2012 y luego respaldó las políticas de línea dura del Gobierno conservador de Tony Abbott.

Dutton es solo uno de los numerosos políticos que se aferran desesperadamente a una política cuyos resultados son sangrientos y caóticos, que exige una disonancia cognitiva burocrática al afirmar que para salvar la vida de las personas que llegan en una embarcación, Australia debe castigar la llegada en embarcaciones. El Gobierno sostiene que todo el sufrimiento de los detenidos es necesario, al tiempo que explota las tensiones raciales latentes de un electorado hastiado.

En 2012, antes de que comenzara la política de ultramar de Australia, Savitri Taylor, profesor adjunto de la Universidad La Trobe en Melbourne, escribió proféticamente:

“Si nuestra única preocupación es detener las embarcaciones, una opción obvia es garantizar que el trato que reciben aquellos que llegan a Australia a bordo de una embarcación sea mucho peor que el que recibirían en cualquier otro país de la región. Esta opción puede funcionar. Por supuesto, tendríamos que caer tan bajo que ni siquiera podríamos seguir teniendo la pretensión de preocuparnos por los derechos humanos y el Estado de derecho”.

Politizando la llegada del “otro”

No siempre fue así.

Australia fue uno de los primeros países en ratificar la Convención sobre los Refugiados de la ONU de 1951. Y fue un Gobierno conservador el que acogió a miles de “refugiados del mar” vietnamitas, en 1976.

Esta buena voluntad llegó a su fin en 2001, cuando el primer ministro John Howard, que se encontraba ante una probable derrota electoral, aprovechó dos incidentes marítimos y politizó el discurso nacional sobre los refugiados.

En agosto de 2001, un carguero noruego, el MV Tampa, rescató a 433 solicitantes de asilo predominantemente afganos después de que el bote en el que viajaban zozobrara. Cuando el Tampa se aproximaba al territorio australiano de la isla de Navidad, Howard desplegó soldados antiterroristas para abordar el buque al tiempo que presentaba nuevas leyes de emergencia para retirar las embarcaciones de aguas australianas.

Dos meses más tarde, otro barco de refugiados se partió en dos, obligando a la armada australiana a realizar un dramático rescate. No obstante, una vez rescatados, los ministros de Inmigración y Defensa acusaron a los solicitantes de asilo de hundir deliberadamente su embarcación y de arrojar a sus hijos por la borda.

Entre los dos incidentes, se produjo el 11 de septiembre. En este clima de terror, el Gobierno de Howard encontró una oscura vena de miedo racista en un país donde las políticas exclusivistas de migración blanca, “Australia blanca” estuvieron vigentes hasta 1966.

Ayudado e instigado por una rabiosa prensa de derechas y animadores de radio provocadores, Howard confundió la búsqueda de asilo con la denominada “guerra contra el terror”. Las encuestas de opinión mostraron un amplio apoyo a Howard y a sus políticas.

“De repente, el discurso cambió, y ya no tenías terroristas; tenías terroristas musulmanes, y ya no tenías refugiados del mar, tenías refugiados musulmanes del mar”, afirma el abogado de derechos humanos Julian Burnside, en el reciente libro de Sasha Polakow-Suransky, Go Back to Where You Came From: The Backlash Against Immigration and the Fate of Western Democracy (Vuelve de donde viniste: la reacción contra la inmigración y el destino de la democracia occidental).

Al cabo de casi dos décadas, persiste la posición de línea dura de Australia, sin que los detenidos de Manus y Nauru puedan avizorar cuándo se pondrá fin a su situación.

“Australia, en tanto que país rico, puede instituir una tramitación justa e internacionalmente compatible para evaluar las demandas de los solicitantes de asilo, y tiene la capacidad de evitar muertes en el mar trabajando conjuntamente con toda la región para proporcionar vías alternativas a las personas en búsqueda de seguridad”, confía Narayanasamy.

Frew está de acuerdo. “El Gobierno debe desempeñar un papel primordial en la región y encabezar una respuesta humana y de principios para las personas que buscan asilo. Debe mirar más allá de nuestras fronteras y comprometerse constructivamente con otros países a garantizar vías seguras para que las personas que huyen de la persecución encuentren un lugar seguro donde reconstruir su vida”.

Este artículo ha sido traducido del inglés.