Son las cinco de una fría tarde de viernes. La música de un altavoz portátil inunda el patio de la sede del Ministerio de Sanidad en Kampala, la capital de Uganda, mientras un grupo de empleados se reúne para su clase semanal de aeróbic.

El ejercicio de alta intensidad, supervisado por un entrenador, suele durar algo más de una hora, el tiempo adecuado para que los empleados alcancen el objetivo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 75 minutos de actividad física intensa o 150 minutos de actividad física moderada semanalmente, que los adultos necesitan realizar para mantenerse saludables.
Aunque no es una actividad obligatoria y el número de empleados que participa varía cada semana, se fomenta activamente la participación de todos, explica a Equal Times el doctor Gerald Mutungi, subdirector a cargo de la prevención y control de las enfermedades no transmisibles (ENT) en el Ministerio de Sanidad.

Mutungi explica que el objetivo es promover la práctica de la actividad física regular en los lugares de trabajo para mejorar la salud y el bienestar de los trabajadores y, en última instancia, contribuir a mitigar las consecuencias del sedentarismo.

“Quienes trabajan en una oficina pasan la mayor parte de su jornada laboral sentados. Si no practican ejercicio regularmente, su riesgo de desarrollar enfermedades como la obesidad o la hipertensión se eleva”, señala Mutungi.

El Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad, puso en marcha la iniciativa de promover la actividad física en los lugares de trabajo en 2018. Ese mismo año se celebró la primera Jornada Nacional de la Actividad Física, dedicada a sensibilizar a la población sobre el creciente impacto de las enfermedades no transmisibles en el país.

La iniciativa no llegó a despegar del todo debido a las perturbaciones causadas por la pandemia de covid-19. Sin embargo, desde hace dos años, los empleados del Ministerio de Sanidad realizan ejercicios físicos semanalmente.
Ahora el Gobierno está reactivando la iniciativa para extenderla a toda la fuerza laboral, empezando por la del sector público. Aunque los datos sobre el número real de empleados del sector público en Uganda son escasos, las estimaciones previas a la pandemia lo sitúan en algo menos de 60.000.

En una carta enviada en marzo a todos los ministerios, departamentos y organismos, la responsable de la administración pública del país y ministra, Lucy Nakyobe Mbonye, escribía: “Les insto a implementar una sesión semanal de dos horas de ejercicio físico en sus respectivas entidades para promover la buena salud. Atiendan este asunto con la seriedad que merece, pues ayudará a salvar vidas de su personal y a disminuir la carga de morbilidad”.

Aunque inicialmente se anunció como una “orden”, en realidad se trata de una “recomendación”. Además, se ha comunicado a los ministerios que los ejercicios deben realizarse después del cierre oficial de la jornada laboral, a las 17.00 horas, para que no interfieran con los horarios de trabajo cotidianos de los empleados y no supongan un elevado coste económico.

“La mayoría de las actividades físicas que estamos fomentando, como correr o caminar, no requieren coste adicional alguno por parte del empleador. El único gasto sería comprar agua para el personal o contratar a un entrenador y un equipo de música para hacer aeróbic”, dice Mutungi.

Las enfermedades no transmisibles, un grave factor de riesgo

La inactividad física es uno de los factores que más incrementa el riesgo de sufrir una enfermedad no transmisible como el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas, las afecciones cardiovasculares, la diabetes y las enfermedades mentales.

Una encuesta de 2014 sobre los factores que aumentan el riesgo de padecer una ENT en Uganda (aún no se ha publicado en su totalidad la encuesta demográfica y de salud de Uganda más reciente, realizada en 2022) revela que el 5% de los ugandeses son físicamente inactivos, el 20% tiene sobrepeso u obesidad y el 24,3% de los adultos presenta una presión arterial elevada que requiere tratamiento.

Aunque tradicionalmente una gran mayoría de ugandeses se dedicaba a la agricultura como principal fuente de sustento, en las últimas décadas ha aumentado el número de personas que se trasladan a los centros urbanos. Este movimiento ha traído consigo un cambio en el estilo de vida y en los hábitos alimentarios, con una dieta rica en sal, azúcar y grasas, que están contribuyendo al sedentarismo y la obesidad.

“Los habitantes de las zonas urbanas son más propensos a la obesidad que los de las áreas rurales. La inactividad física es un problema principalmente para la clase trabajadora urbana, ya que en las zonas rurales la actividad física supera incluso las recomendaciones. Por eso hemos decidido introducir ejercicios de fitness entre los trabajadores, especialmente en los entornos urbanos, donde la inactividad física supone un gran problema”, afirma Mutungi.

Según la Encuesta Nacional de Población Activa de 2021, los residentes en zonas rurales se dedican más a la agricultura de subsistencia (48%) que quienes residen en zonas urbanas, que se dedican más al empleo formal (64%).

Sin embargo, la amenaza sanitaria de las enfermedades crónicas no es sólo un problema de Uganda. En todo el mundo, las enfermedades asociadas a la inactividad física causan 41 millones de muertes al año, según la OMS.

La OMS estima en su Informe sobre la situación mundial de la actividad física 2022 que, entre 2020 y 2030, quinientos millones de personas desarrollarán cardiopatías, obesidad, diabetes u otras enfermedades crónicas como consecuencia de la inactividad física, lo que supondrá unos costes de tratamiento de hasta 27.000 millones de dólares anuales, si los gobiernos no adoptan medidas urgentes para fomentar una mayor actividad física entre sus poblaciones.

Ser físicamente activo reduce el absentismo laboral por problemas de salud y, en consecuencia, disminuye los gastos en tratamientos médicos. En Uganda, el Economic Policy Research Centre realizó un estudio en 2023 documentando el impacto económico de tratar y gestionar enfermedades no transmisibles como la diabetes tipo 2, tanto en centros de salud públicos como privados. Por ejemplo, en 2022 se gastaron hasta 2,2 billones de chelines ugandeses (aproximadamente 500 millones de dólares estadounidenses) en medicación, tratamiento y gestión de las complicaciones derivadas de la diabetes tipo 2, siendo los hogares los que soportan la mayor carga financiera.

“Las enfermedades no transmisibles están poniendo a prueba nuestro sistema sanitario. Por tanto, combatirlas debe ser un esfuerzo colectivo e individual. Cuando se tiene diabetes, no se puede ser productivo. Cuando se tiene hipertensión, no se puede ser productivo”, señala Mutungi.

Qué opinan los trabajadores

Jackie Namubiru, de 34 años, ha incorporado las actividades físicas semanales en el Ministerio de Sanidad, donde trabaja en el departamento financiero del Programa Nacional Ampliado de Inmunización de Uganda.

Antes, comenta, su horario laboral no le dejaba tiempo suficiente para realizar ninguna actividad física fuera del trabajo. Pero ahora está contenta de poder hacer el ejercicio que tanto necesita desde la comodidad de su lugar de trabajo.

Además, menciona que no interfiere con sus tareas laborales, ya que las sesiones se realizan una vez a la semana después de las horas oficiales de trabajo.

“Nuestros trabajos, sobre todo en el sector financiero, implican pasar muchas horas sentados, lo que provoca fatiga y tensión en todo el cuerpo. Pero los ejercicios semanales me han ayudado a relajarme y me hacen sentir bien y ligera. Ahora puedo subir y bajar las escaleras sin quedarme sin aliento”, dice Namubiru.

Además de la forma física, “ha mejorado mi productividad porque ya no me fatigo. Ahora puedo trabajar más horas sin sentirme cansada”, añade Namubiru.

Musa Okello, presidente general de la Organización Nacional de Sindicatos (NOTU), comenta a Equal Times que fomentar el ejercicio físico es positivo para los trabajadores. No obstante, Okello subraya que, para que esta propuesta tenga éxito y un impacto significativo en la salud de los trabajadores y de la población en general, el Gobierno debe invertir en infraestructuras que faciliten las actividades físicas, como aceras peatonales y carriles bici.

“Los empleadores también deben diseñar los espacios de trabajo de manera que permitan a los empleados mantenerse activos. Muchos lugares de trabajo no cuentan con el espacio necesario para realizar ejercicio físico”, afirma Okello.

El Gobierno asegura que su lucha contra las enfermedades no transmisibles no se limita a promover un estilo de vida activo. Las políticas que fomentan dietas más saludables y la reducción del consumo de sal, tabaco y alcohol también son prioridades básicas, junto con el aumento de la concienciación general sobre los factores de riesgo asociados a las enfermedades crónicas.

Por ejemplo, una ley aprobada por el Parlamento en 2015 que prohíbe fumar en los lugares de trabajo y otros lugares públicos ha sido fundamental para proteger a las personas de los peligros del humo pasivo y mejorar la salud general de la población, según el Gobierno.

Además, el Gobierno también espera que el proyecto de ley de control de bebidas alcohólicas de 2023 ayude a regular la fabricación, importación, venta, consumo y publicidad de bebidas alcohólicas, al tiempo que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.

“Con estas leyes en vigor, esperamos que haya menos personas que consuman alcohol o tabaco. Estas intervenciones nos ayudarán a reducir significativamente el impacto de las enfermedades crónicas en el país”, señala Mutungi.
De momento, el Ministerio de Sanidad está elaborando unas directrices nacionales que especificarán los diferentes tipos de actividades físicas que las personas pueden realizar en función de factores como la edad o el estado de salud.

“Una vez que difundamos estas directrices, en una fecha aún por determinar, podremos hacer un seguimiento para ver qué entidades han instituido actividades físicas”, concluye.