Papeles del Paraíso: o cómo defraudadores fiscales megarricos estafan a los trabajadores y estimulan el populismo

Desde hace décadas, los salarios están estancados, los servicios públicos no dejan de menguar y las desigualdades de crecer. En paralelo, los trabajadores se devanan los sesos para entender por qué la riqueza derivada de la globalización no les llega a ellos. La filtración de los Papeles del Paraíso ayuda a aclarar adónde se desvía buena parte de esa riqueza.

Si bien estas filtraciones atraen titulares sensacionales sobre el fraude fiscal y nos muestran cuál es la pieza que falta en el puzle de la globalización, suele pasarse por alto el hecho de que los mayores perdedores son los trabajadores.

Aunque el secretismo impide conocer el volumen real de impuestos eludidos, las estimaciones más creíbles apuntan a que los paraísos fiscales acumulan unos 30 billones de dólares (unos 26 billones de euros), más del doble del PIB de toda la economía de la Unión Europea y 150 veces la cantidad anual que Jeffrey Sach estima necesaria para poner fin a la pobreza extrema.

En primer lugar, no les quepa duda: la evasión fiscal afecta directamente a los salarios. Esta compleja ingeniería fiscal esconde un modelo muy simple: las compañías desvían sus beneficios a países que apenas les cobran impuestos y donde impera el secretismo, alejados de los lugares donde se lleva a cabo el trabajo.

Lo hacen para demostrar al fisco que no han generado beneficios por los que tributar. Pero también les viene al pelo para mostrar a los trabajadores y sindicatos que carecen de beneficios con los que aumentar los salarios; la misma lógica que suelen utilizar para justificar los recortes de empleo.

En segundo lugar, desde hace décadas se nos dice que no hay suficiente dinero para financiar adecuadamente nuestros servicios públicos. No obstante, los Papeles del Paraíso dejan clara la auténtica y amarga razón: no es que el dinero escasee, es que la riqueza fluye a raudales hacia el extranjero.

Las estadísticas de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) revelan que los servicios públicos añaden en especie en torno al 75% a los ingresos disponibles del 20% de la población con menos recursos.

Cuando las compañías eluden el pago de sus impuestos, fuerzan a que se privaticen los servicios, se impongan recortes en educación, sanidad y vivienda pública, a que se congelen los salarios del sector público, se cobre por la utilización de bienes públicos y aumenten las tarifas de los servicios. Todas estas medidas repercuten de lleno en los trabajadores.

Cuantos menos impuestos pagan los más adinerados, más contribuyen los trabajadores y las pequeñas empresas a las arcas públicas, porque estas acaban dependiendo cada vez más de los impuestos sobre la renta y el consumo.

Propagación de la pobreza y auge del populismo

La elusión fiscal frena también el desarrollo económico. Sale más dinero del África subsahariana –debido a los flujos financieros ilícitos– que el que entra en forma de ayuda.

Si estos países pudieran recaudar los impuestos que se les escapan podrían financiar sus infraestructuras, sus carreteras, sus sistemas ferroviarios, su educación, su sistema energético y judicial, pilares que constituyen auténticos imanes para atraer inversiones en la mayoría de los países.

Vaciar el erario público da alas a la política de derechas, racista y nacionalista. Cuando la globalización genera fortunas pero los trabajadores reciben por activa y por pasiva el mensaje de que aquí ‘no hay dinero’ para aumentos salariales o servicios públicos, aquellos buscan respuestas: de ahí que los migrantes, los refugiados, los desempleados o los receptores de ayuda, se conviertan en cabezas de turco.

Aunque puede que lo más pernicioso sean las repercusiones para la democracia. El objetivo último de los paraísos fiscales es permitir la acumulación de riqueza y evitar la fiscalización. Este volumen sin precedentes de riqueza sin tributar concentra el poder y resta influencia al control público: captan cada vez más poder decisorio, manteniendo ocultos los intereses nefarios.

Sin llegar a considerarlo una conspiración, no cabe duda de que hay poderosísimos intereses en juego.

El año pasado, la filtración de una sola empresa, la panameña Mossack Fonseca, implicó a cinco jefes de Estado en funciones, dos antiguos jefes de Estado, cuatro exprimeros ministros y 61 familiares y asociados de primeros ministros, reyes y presidentes, de China, Reino Unido, Australia, Malasia y México, entre otros.

Los Papeles del Paraíso han expuesto, hasta ahora, a las transacciones en el extranjero de Facebook, Apple, Uber, Nike, Walmart, Allianz, Siemens, McDonald’s, Yahoo, Glencore y filiales de Gazprom, la empresa controlada por el Kremlin.

También mencionan los intereses financieros de antiguos o actuales presidentes, jefes de Estado o altos cargos políticos y sus familiares, en Colombia, Liberia, Nigeria, Uganda, India, Indonesia, Japón, Kazajstán, Pakistán, Austria, Montenegro, Jordania, Arabia Saudí, Turquía, Costa Rica, Argentina, Brasil y Colombia.

Aparece, además, Wilbur Ross, secretario de Estado de Comercio de Estados Unidos, la reina Isabel II, Bono, el cantante del grupo musical U2, y tres antiguos primeros ministros de Canadá –y podemos estar seguros de que habrá más revelaciones en las próximas semanas–.

En un nuevo invorme titulado Private profits and the public purse (Beneficios del sector privado y arcas públicas), la federación sindical internacional de servicios públicos PSI muestra cómo empresas británicas, suizas y canadienses, en los sectores energéticos, de salud y educación, se sirven de paraísos fiscales offshore. Lo que suscita el inmediato y crudo interrogante sobre cómo el dinero de los contribuyentes subsidia a proveedores privados de servicios públicos que acaban desviando sus beneficios al extranjero.

¿No tienen a veces la impresión de que se está celebrando una fiesta a la que no les han invitado a ustedes?

Presión y poder para pasar a la acción

Llevamos demasiado tiempo escuchando que no se puede hacer nada, pero lo cierto es que las soluciones no son en absoluto difíciles. Cuando los Gobiernos quisieron frenar el flujo de dinero que llegaba a los terroristas, encontraron una forma de hacerlo.

La Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT), establecida recientemente, ha editado dos sencillas guías políticas cuyo seguimiento resolvería la mayor parte de los problemas. Sus destacados miembros —desde un economista ganador del Premio Nobel pasando por un antiguo subsecretario general de la ONU, además de personalidades académicas de todo el mundo— dan credibilidad a las soluciones propuestas.

Es preciso reescribir las normas para velar por que:

  • Las empresas paguen impuestos por todas sus operaciones internacionales y no puedan transferir sus beneficios a paraísos fiscales,
  • Las compañías presentan informes diferentes para cada país. Ello permite a las autoridades tributarias comprobar cuánto ganan, cómo funcionan, y los impuestos que han pagado en otros países. Los elementos principales deben ser públicos, para que todos sepamos si están pagando lo que les corresponde,
  • Las autoridades tributarias nacionales intercambian automáticamente la información financiera clave con países donde personas físicas y jurídicas tienen cuentas bancarias, pagan impuestos o hacen negocios, para impedir que la gente esconda su dinero en el extranjero,
  • Todos los Gobiernos deberían publicar anualmente en sede parlamentaria las exenciones fiscales de las que disfrutan las compañías y las razones para ello,
  • Las autoridades fiscales tienen que contar con fondos adecuados y personal bien capacitado y apoyado. Los estudios demuestran que, por cada dólar ahorrado a través de recortes en los departamentos tributarios, el Gobierno deja de ingresar una cantidad mucho mayor,
  • Se establece una base fiscal común acordada y preferiblemente un impuesto corporativo mínimo acordado. En caso contrario, las compañías forzarán a los Gobiernos a entrar en una espiral descendente, amenazándoles con desplazar su producción a otro país. Al igual que la competencia salarial, la competencia fiscal perjudica a los trabajadores,
  • Debe establecerse un organismo internacional que redacte las normas tributarias en interés público, no en interés de las corporaciones o de los países ricos que las protegen.

Y, más importante aún que las soluciones técnicas, debemos desarrollar la voluntad política para pasar a la acción.

Resulta sorprendente que, el año pasado, cuando los tribunales europeos condenaron a Apple a devolver 13.000 millones de euros (15.200 millones de dólares) en impuestos a Irlanda —el equivalente a su presupuesto anual de sanidad— el Gobierno irlandés recurrió la sentencia, a pesar de que Apple tiene unas reservas en efectivo estimadas en 216.000 millones de dólares.

Los Papeles del Paraíso revelan que Apple acabó trasladando dos filiales a Jersey, el paraíso fiscal británico.

Cuando la inacción gubernamental no tiene repercusión para éste [en las elecciones], son entonces los trabajadores quienes sufren las consecuencias. Debemos desarrollar la voluntad política necesaria para cambiar las cosas. Sabemos que los grandes negocios, la mayoría de los medios de comunicación generalistas y los ultrarricos, no lo harán. Los sindicatos deben tomar el testigo en esta lucha.

Cuando los ricos y poderosos logran enterrar el debate ocultando los hechos, complicando las cosas y lanzando amenazas de inestabilidad por las consecuencias económicas, es cuando damos un paso atrás.

Cada vez que sacamos a la luz los hechos y forzamos el debate, ganamos una batalla.

La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) logró obligar a la multinacional estadounidense Chevron a pagar 10.000 millones de dólares en impuestos desviados. El sindicato de servicios Service Employees International Union (SEIU), en cooperación con la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación (UITA) presionaron a la Comisión Europea para que investigara la elusión fiscal de McDonald’s.

Pero la magnitud de lo robado a los trabajadores obliga a los sindicatos a dar más de sí.

Estas filtraciones nos han revelado la información necesaria.

Ya no podemos seguir diciendo que no sabemos lo que sucede.