En marzo de 2018, la noticia del asesinato de Marielle Franco se expandió por todo el mundo. En tanto que primera mujer negra y homosexual originaria de una favela y elegida representante en el ayuntamiento de Río, Franco fue una voz importante para la gente de su marginada comunidad de Maré, en el norte de Río. Al igual que su mentor político, el entonces diputado estatal (ahora federal) Marcelo Freixo, Franco era conocida por denunciar la brutalidad policial y los asesinatos perpetrados por miembros de grupos paramilitares como los que se cree que tiraron nueve disparos a sangre fría contra Franco y su conductor Anderson Gomes.

Sus muertes se publicaron primeramente en la aplicación Fogo Cruzado (Fuego cruzado) antes de que nadie supiera quiénes eran las víctimas. La plataforma conecta a los usuarios con una base de datos que reseña las descargas de armas de fuego; la misma está dirigida por un equipo de especialistas en seguridad pública, tecnologías de la información y comunicaciones, que permite a las personas dar información y rastrear situaciones y zonas de la ciudad de alto riesgo en tiempo real.

Unos minutos más tarde, otro aviso revelaba que las víctimas habían sido una concejal del Partido Socialismo y Libertad y su chofer, lo que llevó al equipo de la aplicación a informar a la policía y a los medios de comunicación. Sin embargo, a las autoridades les tomó casi un año detener al policía militar retirado Ronnie Lessa, como presunto autor de los asesinatos, y a Élcio Vieira de Queiroz, un expolicía y presunto conductor que facilitó su huida. Aunque ambos han sido acusados de asesinato, aún no se sabe quién los ordenó. Sin embargo, los investigadores han descubierto varios elementos importantes (elementos que vinculan a miembros de milicias con políticos locales, algunos elegidos ahora a nivel nacional): se cree que ambos exagentes son miembros de una notoria milicia que se hace llamar Escritório do Crime (oficina del crimen); la hija de Lessa salía con uno de los hijos del ahora presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro; y las dos familias habían vivido en la misma urbanización privada en Río.

También apareció una fotografía de Vieira de Queiroz y Bolsonaro de 2011 (publicada en la red social del primero en 2018) y los agentes policiales que registraron el departamento de un amigo de uno de los sospechosos encontraron la mayor cantidad de armas ilegales que se hayan incautado nunca en Río.

Aunque no ha podido establecerse una motivación clara entre la milicia y el trabajo político de Franco, cabe destacar el hecho de que los acusados habían sido agentes policiales y próximos a sujetos políticos de derecha. Además, Lessa solía realizar investigaciones en línea para encontrar objetivos de ideas de izquierdas con el pretexto de liberar y proteger a las comunidades. Para muchos observadores, todos estos elementos apuntan a cierto nivel de colusión con las altas esferas del poder (desde que Jair Bolsonaro y sus próximos accediesen a cargos públicos principales).

Mafias militarizadas

Las milicias de Río son grupos paramilitares generalmente integrados por policías, bomberos, guardias penitenciarios y guardias de seguridad privados ya sea retirados o en servicio activo (en este caso como trabajo adicional que cumplimenta unos magros ingresos), que quizás hayan ganado notoriedad mundial tras la muerte de Franco y Gomes, pero que han sido responsables del asesinato de muchas más personas. “Se promocionan como ‘empresas de seguridad privadas’ informales que mantienen a las comunidades locales a salvo de las bandas violentas de narcotraficantes y otros delincuentes”, explica Orlando Zaccone, un conocido oficial de policía, de tendencia antifascista. Sin embargo, estas milicias son las causantes de gran parte de la violencia que asola las ciudades brasileñas, y todo aquel que se niega a pagar sus servicios o se opone a sus prácticas puede encontrarse en su punto de mira.

Brasil presenta una de las tasas de homicidios más altas del mundo y 2017 es ya uno de los peores años registrados hasta la fecha, con 65.602 homicidios, lo que supone un aumento del 4,2% respecto al año anterior y equivalente a 31,6 muertes por cada 100.000 habitantes. Esta cifra es diez veces superior al promedio europeo y más de cinco veces el número de homicidios cometidos en Estados Unidos.

Cabe destacar que el 75,5% de todas las víctimas eran hombres jóvenes de color, lo que refleja el impacto de la pobreza y el crimen organizado en las comunidades marginadas que habitan las favelas de Brasil. Como lo demuestra esta alta tasa de homicidios en Brasil, la policía militarizada y la vigilancia generalizada no ayudan a reducir la delincuencia; en todo caso, empeoran la situación.

“Hoy, al igual que los narcotraficantes, las milicias controlan territorios que se extienden a lo largo de las ciudades y representan negocios de actividades ilegales en sectores que van desde el transporte colectivo hasta la eliminación de residuos, el acaparamiento de tierras y bienes raíces, máquinas tragamonedas, energía, comunicaciones e, irónicamente, incluso narcotráfico”, afirma Zaccone.

Aun cuando está reglamentada por la legislación nacional, la policía de Brasil es una fuerza de seguridad regional ostensiva, comandada por el gobernador de cada estado y dividida entre una fuerza civil de investigación y una fuerza militar de patrullaje. Desde la década de los años 1960, los oficiosamente conocidos como “escuadrones de la muerte” han estado presentes en ambas fuerzas; en la década de los años 1990 –tras décadas de impunidad policial en diversas secciones del cuerpo– este contexto propició el nacimiento de las milicias en el estado de Río de Janeiro.

Cecília Olliveira, creadora de la aplicación Fogo Cruzado, investigadora y periodista en The Intercept Brasil y amiga personal de Marielle Franco, cree que las milicias no son simplemente un poder paralelo al Estado: en gran parte dirigidas por empleados públicos y políticos (y financiadas públicamente), las milicias terminan ofreciendo, a menudo, servicios de suministro de agua, salud y transporte en áreas donde los servicios públicos son inadecuados o brillan por su ausencia. Por ello, Olliveira señala que aquellas: “son el propio Estado, compuestas por agentes del Estado y financiadas con el dinero de los impuestos. Es una mafia”, explica, y señala igualmente que, como ocurre con la mafia en Italia, estos grupos controlan sectores económicos enteros en el estado de Río de Janeiro. Debido al sometimiento en el que mantienen sus territorios particulares, también tienen poder sobre el electorado.

Con toda la violencia que rodea a estos grupos paramilitares, cabría preguntarse cómo se relacionan con la población local. “Si una milicia tiene un conjunto claro de reglas y las personas se sienten bien tratadas, la apoyan”, afirma el sociólogo Ignácio Cano, de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ), coautor de un estudio sobre la evolución de las milicias en Brasil entre 2008 y 2011. “Sin embargo, muchas personas en realidad preferían a los narcotraficantes, porque eran más predecibles”, asegura.

La familia presidencial y el crimen organizado

Las primeras milicias procedían de la favela de Río das Pedras, ubicada al este de Río de Janeiro, cuando a partir de 1979 las empresas locales comenzaron a pagar policías adicionales fuera de servicio para su protección contra ladrones y otros delincuentes menores. Río das Pedras es también el escondite elegido por un individuo que responde al nombre de Fabrício Queiroz (no relacionado con Élcio Vieira de Queiroz mencionado más arriba), un ex policía militar reconvertido en conductor, guarda de seguridad privada y asesor de Flávio Bolsonaro –hijo del presidente (pero entonces diputado por el estado de Río de Janeiro–).

Hasta una decisión reciente del Tribunal Superior, Queiroz estaba acusado de lavado de dinero como agente público con cargos que implicaban fuertemente al hijo del presidente. Sin embargo, el Consejo Federal para el Control de Actividades Financieras (Coaf) cerró recientemente la investigación y retiró los cargos contra Queiroz. Las investigaciones sobre irregularidades financieras por parte de Flávio Bolsonaro también han sido suspendidas.

Otro posible beneficiario de la decisión de dejar caer la investigación de lavado de dinero es el presunto asesino de Marielle Franco, Ronnie Lessa: según su abogado, los fiscales habían utilizado información del Coaf sobre un depósito de 100.000 reales (aproximadamente 25.500 dólares) a su cuenta, que los investigadores creen que representan el pago del asesinato.

Esto está estrechamente ligado a otro aspecto adicional de la agenda de Bolsonaro –que empodera a las milicias y a sus partidarios–: la flexibilización de la legislación relativa a las armas.

Taurus es un fabricante brasileño de armas que tiene casi el monopolio en el país y, aunque el presidente ha promovido sus nuevos fusiles de asalto en YouTube, sus nuevas políticas buscan expandir el mercado en ambos sentidos, aumentando el número de consumidores y productores de armas y municiones.

La medida se promueve como una cuestión de libertad personal y el derecho de defenderse contra el crimen, pero los datos muestran claramente que la posesión de armas aumenta la violencia. En 2016, una cuarta parte del número total de homicidios en todo el mundo relacionados con armas de fuego se produjeron en Brasil, al tiempo que las armas de fuego siguen siendo la principal causa de muerte por homicidio en el país, especialmente contra las mujeres, donde la tasa de feminicidios es la más alta de esta década.

Necropolítica

Al presionar para permitir que los ciudadanos posean armas, el presidente Bolsonaro está ayudando activamente a las milicias, los narcotraficantes, acaparadores de tierras que colaboran con agronegocios, y otros delincuentes a obtener mayor poder. Y al ayudarlos, se ayuda a sí mismo.

Bolsonaro, que ha pasado de oficial militar retirado a político, ha apoyado desde siempre a los grupos paramilitares. Como diputados, él y sus hijos, tres de ellos son actualmente cargos electos, han elogiado y rendido tributo a miembros de las milicias y escuadrones de la muerte, incluido uno de los integrantes de la Oficina del Crimen, el expolicía militar Ronald Paulo Alves Pereira, arrestado inicialmente en relación con el asesinato de Marielle Franco y Anderson Gomes.

En 2004, Pereira fue distinguido por Flávio Bolsonaro, cuando el entonces mayor Pereira ya estaba siendo investigado por haber asesinado a tres personas en el complejo Maré en el curso de una redada policial. Al año siguiente, Flávio Bolsonaro presentó la candidatura de Pereira para recibir el reconocimiento del Congreso (el mayor honor que puede recibirse) por sus actos “heroicos”.

Otro individuo distinguido dos veces por Flávio Bolsonaro es el antiguo capitán de policía Adriano Magalhães da Nóbrega, ahora fugitivo, acusado de ser el principal cabecilla de la Oficina del Crimen. Flávio ha empleado a la madre y a la esposa de Adriano en su gabinete y, según la información del Coaf, que ahora no puede admitirse a prueba, ambas supuestamente transfirieron parte de sus salarios a la cuenta de Fabrício Queiroz. Tanto Queiroz como Nóbrega formaron parte del mismo batallón de policía militar en la década de los años 1990.

El hecho es que el alto índice de crímenes y asesinatos de Brasil está siendo utilizado por políticos y expertos pro milicias para promover aún más la violencia. Y con la familia Bolsonaro en el poder, no solo es más difícil cambiar esta realidad, sino que existe un deliberado esfuerzo de empeorarla.