Sentado tras su escritorio de madera maciza, Marius Kombila, director de Global Forest Environment Consulting, una consultoría gabonesa que brinda apoyo a las explotaciones forestales locales para alcanzar una gestión sostenible de la madera, está muy solicitado. “Enseguida estoy con usted”, dice, alternando, en función del interlocutor, entre su papel de director general de una empresa y el de asesor técnico del Sindicato de Industriales y Silvicultores Gaboneses (Syndicat des industriels et aménagistes gabonais, SIAG), que agrupa a varios gestores forestales. “¿Quiere hablar del padouk?”, pregunta con una risa forzada. “Es un tema delicado”.

En noviembre de 2022, países de todo el mundo se reunieron en Ciudad de Panamá en el marco de la 19ª Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Como resultado de los debates, varias especies fueron incorporadas al Apéndice II de la Convención, y figuran actualmente en la lista de especies a proteger. Este es el caso del palo rojo o padouk, la quinta madera más exportada de Gabón. Pero la consecuencia de esto es que, sin la publicación de un “dictamen de extracción no perjudicial” (es decir, un estudio que demuestre que el comercio de esta madera no pone en peligro su pervivencia), los silvicultores gaboneses están afrontando importantes obstáculos administrativos desde el 23 de febrero de 2023. A partir de ahora, cada cargamento destinado a la exportación debe ir acompañado de un permiso, lo cual ha frenado definitivamente la actividad económica.

“Ni siquiera tenemos todavía el reglamento de uso, así que toda la producción se ha paralizado”, afirma Jean-Christophe Ricordeau, director general de la Société Equatoriale d’Exploitation Forestière y presidente del sindicato SIAG.

De hecho, hasta la fecha, no se ha dado ninguna indicación a los silvicultores sobre lo que tienen que hacer para obtener un permiso y seguir exportando. El padouk representa el 5% de la producción de la empresa, pero, debido a su elevado precio, el director calcula que esta medida le hará perder entre un 3% y un 5% de su volumen de negocio. “Para mí es una producción secundaria, pero para algunos las pérdidas representan más de la mitad de sus ingresos”. Desde finales de febrero, estas empresas no han podido cumplir con sus pedidos, salvo los que estaban en tránsito, debido a la incertidumbre que suscita la aplicación de la medida.

Al sector todo esto le resulta incomprensible, porque en Gabón esta madera no está en peligro de extinción. “El problema que se planteó en Ciudad de Panamá era cómo diferenciar el padouk de África Oriental, en peligro de extinción, del padouk gabonés”, explica Jean-Louis Doucet, profesor de silvicultura tropical en la Universidad de Lieja (Bélgica). “Esto se traduce en limitaciones adicionales muy importantes para las empresas madereras y, en mi opinión, no están justificadas desde un punto de vista ecológico. Los países importadores deberían preocuparse por distinguir las diferentes especies de un mismo género”.

Esto supone un duro golpe para la economía del país, porque la industria maderera es el principal empleador del sector privado, aunque solo represente el 3% de la tasa de crecimiento y emplee al 7% de la población activa. Unos 10.000 hogares podrían sufrir una reducción de sus ingresos si el comercio del padouk se ralentiza; y, a largo plazo, podrían verse sumidos en la pobreza.

Gabón, sin peso suficiente para hacerse oír

“La CITES daba a Gabón tres meses para elaborar una notificación de comercio no perjudicial que demostrara que estos tipos de madera no están en peligro de extinción aquí y para que los silvicultores puedan establecer cuotas de exportación”, explica Lucien Boussougou, investigador del organismo de ejecución de actividades de la industria maderera dependiente del Ministerio de Aguas y Bosques de Gabón. “Sabíamos que hacer un inventario de 22 millones de hectáreas en tres meses sería imposible”.

Durante las negociaciones en Ciudad de Panamá, los representantes gaboneses advirtieron de los riesgos económicos, poniendo de relieve las conclusiones de los últimos simposios científicos, que no designan el padouk como especie amenazada en África Central. Pero su intervención en solitario, sin el apoyo de sus vecinos de la cuenca del Congo, no fue suficiente. Y los silvicultores de Gabón se sienten agraviados por ello.

“Vuelve a ser una decisión tomada desde el bonito despacho de Nueva York de grandes eruditos que nunca han puesto un pie en Gabón”, señala furioso Jean-Christophe Ricordeau.

Algunos lo ven como una estrategia de China y sus aliados para mantener su posición de liderazgo en el comercio de la madera transformada. Gabón, segundo exportador mundial de contrachapada (fabricada con madera de okume, otra especie presente en los bosques locales) y primero del continente africano, tiene pocas posibilidades de convertirse en un competidor a la altura del país asiático. “Nuestra producción constituye solo la vigésima parte de la producción mundial de maderas tropicales, y estas no representan ni el 5% del consumo mundial, ya sea en bruto o transformadas”, afirma el representante del SIAG. “El protagonista mundial del sector se sitúa entre China e India y nosotros estamos bastante lejos”.

Coste económico de la ecología para las empresas locales y competencia china

En los últimos 30 años, las normas, los impuestos y las directivas medioambientales para la protección de los bosques se han multiplicado. Por ejemplo, en 2018, el presidente Ali Bongo Ondimba quiso que todas las concesiones forestales gabonesas estuvieran certificadas con la etiqueta de la ONG Forest Stewardship Council (FSC). Eso conlleva un elevado coste para las empresas, que se ven obligadas a contratar a expertos, con frecuencia europeos, reiniciar el inventario de las explotaciones, invertir en la formación de sus empleados, etc.

“Se nos pide que cuidemos los bosques, cosa que hacemos a nuestra costa, y eso nos parece a día de hoy normal, pero no obtenemos nada a cambio”, afirma Jean-Christophe Ricordeau.

A estos costes hay que sumar los de la inflación. “Lo único que no sube es el precio de la madera”, declara decepcionado el presidente del SIAG. Entre 2002 y 2022, el precio de las camionetas pasó de 5 o 10 millones de francos CFA (es decir, de 8.000 a 16.000 dólares USD) a una media de 20 millones CFA (32.000 USD), mientras que el de la madera aumentó con mucha más lentitud: un metro cúbico de okume, la madera más producida en Gabón, se vendía a 70.000 CFA (112 USD) en 2002 y ahora se vende a 90.000 CFA.

“Al final no tenemos dinero suficiente para garantizar la cadena de producción, almacenamiento y entrega. Por eso todas las empresas nacionales han sido en su mayoría adquiridas por inversores chinos o indios”, explica.

Las empresas chinas poseen una cuarta parte de la superficie forestal explotada en Gabón. Y son unos inversores que traen consigo una mano de obra [cualificada según sus normas->https://www.equaltimes.org/el-modelo-y-estandares-laborales#.ZDP7_XZBzcc], destruyendo así los empleos locales, denuncia la ONG Brainforest. “Salvo algunas empresas, como Honest Timber Gabon, cuya proporción de empleados gaboneses es muy elevada (80%) en comparación con la de extranjeros, incluidos los chinos (20%), todas las demás empresas chinas emplean esencialmente a nativos de su país y a un número marginal de gaboneses”.

Promesas de la comunidad internacional

El peso de las medidas medioambientales sobre la industria maderera y el injusto reparto de los beneficios generados por la explotación de los recursos forestales con la población local fueron el centro de los debates de la cumbre “Un solo bosque”, celebrada en Libreville los días 1 y 2 de marzo de 2023, en el marco de la cual se formularon varias promesas.

Empresas internacionales como Eurazeo, Eramet, Flying Whales, Touton y Valgo se comprometieron a crear 10 millones de puestos de trabajo en el ámbito de la gestión sostenible de los boques tropicales de aquí a 2030. Sin embargo, no se dieron detalles sobre dónde y para quién se crearán dichos puestos de trabajo.

Mediante un fondo de 100 millones de euros, financiado en un 50% por Francia, se establecerá un mecanismo de remuneración para los países ejemplares en lo que respecta a la conservación de los bosques. Si los países reciben ayuda financiera de este fondo se les asignarán “certificados de biodiversidad”, que podrán canjear por contrapartidas financieras de gobiernos o empresas que deseen reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.

Estas propuestas permitirán que Gabón sea compensado por sus esfuerzos medioambientales y podrían reducir los costes asociados al cumplimiento de los requisitos medioambientales internacionales. Pero los Estados no tienen obligación de redistribuir los recursos, que podrán reinvertirse según le plazca a cada Gobierno.