Una de las luchas más amargas de los trabajadores de la India de estos últimos tiempos sigue viva tras emitirse una resolución judicial por la cual se declara a más de una docena de trabajadores culpables de asesinato.

El 18 de marzo de 2017, el Tribunal de Audiencia y de Distrito de Gurugram, en el estado de Haryana, al norte de la India, condenó a 13 trabajadores de la planta de Maruti Suzuki India Limited de Manesar a cadena perpetua por conspiración criminal, destrucción de pruebas y asesinato, a raíz de su supuesta participación en las confrontaciones mortales que se produjeron en la fábrica de automóviles en julio de 2012.

En 2011, los trabajadores fijos y contractuales de la planta trataron de crear un sindicato independiente para intentar acabar con la precarización masiva del empleo y mejorar las condiciones de trabajo, pero la dirección de Maruti Suzuki, respaldada por el Gobierno estatal de Haryana, se negó a registrar el sindicato. Aunque los trabajadores consiguieron finalmente crear un sindicato en 2012, la dirección de la planta se negó a reconocerlo.

Las tensiones terminaron por desencadenar una espiral de violencia el 18 de julio de 2012. Un incendio accidental acabó con la vida de Awanish Kumar Dev, director de recursos humanos de la empresa, y más de un centenar de trabajadores resultaron heridos por la policía y los guardias de seguridad. Es de crucial importancia señalar que no existen pruebas que demuestren que los hombres que acaban de ser condenados hubieran estado siquiera presentes cuando se desató el incendio. Sus arrestos se efectuaron con arreglo a una lista de nombres que la dirección había entregado a la policía. Los informes indican que, tras ser arrestados, los trabajadores fueron torturados durante el tiempo que permanecieron en custodia policial. Numerosos activistas de toda la India califican este caso de error judicial.

De los 148 trabajadores arrestados y encarcelados por el incidente, 117 fueron absueltos el 10 de marzo de 2017. Pero cuatro trabajadores han sido condenados a cinco años de cárcel por allanamiento, asamblea ilegal, disturbios y posesión de armas mortales, mientras que otros 14 trabajadores han sido condenados a tres años de cárcel por los mismos cargos.

Kushiram, miembro de una comisión provisional del sindicato Maruti Suzuki Workers Union (MSWU), explica a Equal Times: “De los 13 trabajadores condenados a cadena perpetua, 12 son delegados sindicales de Maruti. El tribunal ha declarado a 117 trabajadores inocentes, pero estos han cumplido ya, sin ningún motivo, penas de más de cuatro años de cárcel sin derecho a fianza. ¿Quién les va a indemnizar por los años que han pasado en la cárcel? Otros 14 trabajadores han sido condenados a tres años de cárcel, pero la ironía es que ya han pasado cuatro años en prisión. ¿Quién va a resarcir ahora las pérdidas y los agravios que han sufrido?”.

La defensa que representa a los trabajadores de Maruti dice que los líderes sindicales están “pagando el precio de defender la causa de los trabajadores”. Desde el 16 de marzo, varias organizaciones de trabajadores, de estudiantes y de derechos humanos han llevado a cabo acciones de solidaridad en más de 20 ciudades de la India, así como a nivel internacional, mientras que más de 100.000 trabajadores de todo el país han participado en paros laborales en apoyo a los trabajadores de Maruti. Los días 4 y 5 de abril se celebraron jornadas de solidaridad y protestas a escala nacional e internacional. Y aunque el MSWU no está afiliado a ninguna central sindical, se ha ganado efectivamente el apoyo de varios sindicatos.

“Los trabajadores han sido condenados sobre la base de pruebas inventadas, fabricadas por la Administración pública, la policía y nexos de empleadores, recurriendo descaradamente a un mal uso y abuso del poder”, afirma Tapan Sen, secretario general de la unión sindical india Centre of Indian Trade Unions (CITU).

“El actual juicio también admite ciegamente la postura de la dirección, sin ni siquiera reconocer los acontecimientos que se produjeron aquel día como parte de los persistentes ataques por parte de los directivos de Maruti Suzuki al derecho de los trabajadores a crear un sindicato de su elección, y su negativa a negociar con el sindicato las reivindicaciones justas y equitativas de los trabajadores”, expresa un comunicado de prensa del sindicato New Trade Union Initiative (NTUI).

“Es el fracaso de las relaciones industriales, y la dirección es igualmente responsable de lo que ha sucedido”, dice Virjesh Upadhayay, secretario general de Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS), el sindicato afiliado al Gobierno en el poder y la mayor central sindical de la India. “El Gobierno estatal, con la mirada puesta en las inversiones extranjeras, está completamente del lado de la dirección de Maruti y ha cerrado los ojos a la vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores”, declara Upadhayay a Equal Times.

Una historia de represión

El caso de Maruti Suzuki está considerado como un ataque al derecho de los trabajadores a la libertad sindical, y se ha convertido en un ejemplo sin precedentes de solidaridad de clases en la India. Pero también se percibe como un estudio de caso, por la manera en que los empleadores mantienen una estrecha colaboración con el Gobierno y el poder judicial para criminalizar a los trabajadores indios y negarles sus derechos constitucionales fundamentales.

La explotación y el acoso de los trabajadores del sector automovilístico –la mayoría de los cuales proceden de zonas rurales pobres– no es nada nuevo. La industria automovilística de la India es una de las mayores del mundo, y representa el 7,1% del PIB del país, según indican las estadísticas. El Gobierno indio quiere asegurarse de que los fabricantes de automóviles extranjeros sientan que sus inversiones están protegidas en la India –aunque eso sea a expensas de los trabajadores del sector, que tienen que contentarse con unos salarios de miseria, unas metas de producción cada vez mayores y un trabajo inseguro–.

En 2005, por ejemplo, los trabajadores de Honda Motorcycle and Scooter India en Gurugram, Haryana, trataron de organizarse con respecto al tema de unos salarios justos. El consecuente despido de una serie de trabajadores desencadenó violentas protestas que acabaron con más de 100 trabajadores heridos a manos de la policía y el personal de seguridad de la planta. Otros disturbios parecidos se produjeron en 2006, 2009, 2010 y 2016.

En 2008, en la empresa suiza-italiana de piezas de automóvil Graziano Trasmissioni, ubicada en la norteña ciudad de Greater Noida, se produjo un conflicto laboral que terminó con la muerte de su director general Lalit Kishore Chaudhary y la rescisión de más de 200 puestos de trabajo. También se denunciaron disturbios en otras plantas de la India, entre ellas Hyundai, Bosch y Toyota.

“Ellos dan por sentado que los trabajadores van a seguir trabajando en cualquier tipo de situación y que van a hacer todo lo que la dirección les exija”, afirma AD Nagpal, secretario nacional de la central sindical india Hind Mazdoor Sabha (HMS). “Pero cuando los trabajadores intentan crear un sindicato y reclamar sus derechos fundamentales, se recurre a la supresión y a la opresión”.

DL Sachdeva, secretario nacional del sindicato All India Trade Union Congress (AITUC), opina que la situación en Manesar ofrece un claro ejemplo en este sentido. “La dirección de Maruti Suzuki se negó a reconocer el sindicato y a negociar con él.

Es evidente que la intensificación de la situación el 18 de julio de 2012 fue en realidad una artimaña por parte de la dirección de Maruti-Suzuki para tratar de deshacerse del sindicato y de sus líderes”, declara a Equal Times. “Además de la criminalización de los trabajadores, también se produjeron represalias a gran escala. Un total de 546 trabajadores fijos y 1.800 trabajadores contractuales fueron despedidos”.

Tras el juicio, Maruti Suzuki todavía no ha publicado ninguna declaración, y el responsable de prensa no ha querido responder a nuestras peticiones para concertar una entrevista.

La defensa de los trabajadores condenados tiene previsto interponer recurso ante el Tribunal Superior, y los trabajadores de Maruti han prometido seguir presionando a la dirección para que los condenados sean puestos en libertad, para que vuelvan los trabajadores despedidos y para que se mejoren las condiciones de trabajo en la planta.