“En un país donde las mujeres sostenemos la economía –sobre todo las mujeres pobres–, sostenemos todo lo que tiene que ver con el cuidado en la comunidad, en la familia, en el territorio”, comienza Perla Álvarez, destacada activista de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (Conamuri) y referente de la CLOC-Vía Campesina “en un país donde no se reconoce el valor de las mujeres –sobre todo en términos políticos–, lo que queda frente a un conservadurismo machista –que es muy fuerte– es seguir tejiendo alianzas a nivel nacional”.

Paraguay apenas está presente en los titulares internacionales, sin embargo, el pasado mes de abril, este país del cono sur capturó cierta atención debido a las elecciones presidenciales en las que los paraguayos eligieron a Santiago Peña, un economista conservador de 44 años, que asumió el cargo el 15 de agosto. Este triunfo supone la continuidad del Partido Colorado, que se ha mantenido ininterrumpidamente en el poder en las últimas siete décadas (entre dictadura y democracia), con la pausa de Fernando Lugo (2008-2012).

En este tiempo, el Partido Colorado se ha destacado por su enfoque conservador. A lo largo de su historia, ha apoyado políticas de libre mercado, ha fomentado la inversión extranjera y ha abogado por la liberalización y la privatización para impulsar la economía. En cuestiones sociales, ha mantenido posturas controversiales sobre los derechos de las mujeres, la comunidad LGTBIQ+, el aborto o la educación sexual.

Con la toma de posesión de Peña, las organizaciones de mujeres reflexionan sobre los desafíos que se vislumbran con esta nueva administración. Consideran que, en un país arraigado en una cultura machista y patriarcal, y fuertemente influenciado por un marcado sesgo de fundamentalismo religioso, avanzar en cuestiones relacionadas con los derechos de las mujeres no será una tarea fácil.

“Hay un sentimiento común entre todas las mujeres, en el sector urbano, en el sector rural, de que somos una sociedad en la que las mujeres somos violentadas por el hecho de ser mujeres. Hay una actitud [en la sociedad] que sanciona el deseo de ser una mujer libre, una mujer con participación, una mujer con autonomía, y más aún en los últimos tiempos”, afirma la activista de Conamuri.

Según ella, en Paraguay, las notables desigualdades y altos índices de violencia contra las mujeres representan un desafío crucial. Tres aspectos clave a no perder de vista, según la activista: la tenencia de la tierra, la falta de educación sexual integral y la violencia estructural y simbólica.

Las mujeres cuidan la tierra pero son las primeras en ser expulsadas de ella

“La cuestión de la tierra es probablemente el núcleo de todos los problemas sociales que tenemos en el país”, dice Álvarez a Equal Times, enfatizando que muchos de estos problemas se originaron en la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), cuando se cedieron tierras “a militares, empresarios y comerciantes simpatizantes del régimen como pago a su lealtad”. Este hecho, a su vez, dice, resultó en una progresiva y constante disminución de las comunidades campesinas.

Según el informe Las tierras malhabidas siguen intactas –presentado por la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ)–, durante la dictadura, las concesiones irregulares de tierras representaron el 64,1% del total. De ellas, 3.054 lotes (1.507.535 de hectáreas) se encuentran en la región oriental y 1.178 lotes (6.298.834 de hectáreas) en la región occidental. La CVJ señala que, en varios casos, una misma persona recibió varios lotes.

Y tras la caída del régimen, se concedieron ilegalmente casi un millón de hectáreas adicionales hasta 2003. En total, se trata de unos 8 millones de hectáreas, casi la mitad de la región oriental y el 36% de la superficie agrícola nacional. Hoy esas tierras están dedicadas al “agronegocio, a la agroexportación, ya sea de monocultivo de soja, trigo o maíz, o a la producción ganadera, ambas dedicadas al comercio exterior y no a alimentar al país”, afirma la activista.

“¿Y ahí quiénes son las primeras personas que se ven afectadas por cualquier proceso de descampesinización o el avance del capitalismo en el campo? Sobre todo, son las mujeres las primeras en ser expulsadas. Las mujeres son las que se van a las ciudades a trabajar como empleadas domésticas, empleadas del comercio o las que migran fuera del país en busca de oportunidades –en trabajos precarios– para sostener a sus familias”, resalta.

La desigualdad de género en la tenencia de la tierra es otro desafío en el país sudamericano. A lo largo de su historia, la propiedad y el acceso a la tierra ha estado marcado por un sesgo favorable a los hombres, lo que ha generado un panorama desigual. Esta disparidad no solo ha relegado a las mujeres a enfrentar barreras culturales y sociales, sino que también se manifiesta en obstáculos tangibles, como los legales.

“Cuando hay un proceso de ruptura familiar, de separación matrimonial, generalmente es la mujer la que se queda sin tierra”, señala Álvarez, ya que el terreno suele estar registrado a nombre del hombre.

Urge una educación sexual integral

“Paraguay es un país que además de ser muy conservador tiene una doble moral muy fuerte, donde hay temas que son tabú y no se pueden discutir. Por ejemplo, la despenalización del aborto o la educación integral de la sexualidad. De hecho, Paraguay tiene desde 2017 una resolución del Ministerio de Educación que prohíbe materiales con perspectiva de género [...] y en la práctica esta resolución ha sido utilizada para perseguir a cualquier docente que quiera abordar temas relacionados con el género”, enfatiza Mirta Moragas, abogada y fundadora del Consultorio Jurídico Feminista.

La prohibición de la perspectiva de género en la legislación paraguaya en 2017 se atribuye, en parte, según las entrevistadas, a que, si bien la Constitución paraguaya garantiza la libertad religiosa e ideológica, en la práctica, las instituciones estatales están fuertemente influenciadas por sectores conservadores, muchas veces vinculados a iglesias o grupos ultraconservadores (como los provida o profamilia). Esta influencia ha obstaculizado el avance de leyes y políticas públicas destinadas a abordar o mitigar las profundas desigualdades estructurales del país.

En este contexto, Moragas afirma que “Paraguay se ha convertido en un laboratorio de ideas antigénero y antiderechos” en la región. Y esta singularidad, según ella, se basa en dos factores fundamentales: la relativa invisibilidad del país en la escena internacional y su profundo conservadurismo ideológico.

Un ejemplo emblemático, según la abogada, es la ley que permite el registro de embriones o fetos no nacidos con un nombre en un certificado de defunción. Esta controvertida legislación, originada en Paraguay y posteriormente adoptada por otros países, refleja la influencia de grupos vinculados, en su mayoría, a iglesias evangélicas y la católica, que han logrado consolidar su presencia y agenda en el ámbito político y social del país.

En consecuencia, para Perla Álvarez, el tema de la educación sexual es sin duda “una de las mayores preocupaciones expresadas por muchos sectores sociales frente a la necesidad de garantizar un desarrollo sano y seguro para las nuevas generaciones”. La persistencia de tabúes en la sociedad, afirma, no solo perpetúa el desconocimiento, la desinformación y los estereotipos de género, sino que también contribuye a los elevados índices de embarazo adolescente, enfermedades de transmisión sexual y la violencia de género en sí misma.

“Tenemos uno de los países con los mayores índices de niñas y adolescentes embarazadas. Hoy en día, no podemos justificar bajo ninguna circunstancia que las niñas se conviertan en madres, ya que esto demuestra que somos una sociedad que tolera el abuso y la violación de las niñas y adolescentes”, subraya.

Violencia estructural

Según Álvarez, las mujeres paraguayas se enfrentan a formas de violencia que trascienden la experiencia individual y están ancladas en una violencia estructural y simbólica presente en su vida cotidiana.

Esto significa que las mujeres se enfrentan de forma desproporcionada a injusticias sistémicas, como el acceso limitado a la educación, las escasas oportunidades laborales, la persistente brecha salarial y la baja representación en cargos de liderazgo. Esto es notable a pesar de que el país ha firmado acuerdos internacionales, como los de la OIT sobre igualdad salarial. Eso sí, aún no ha ratificado el Convenio 190 que, adoptado en 2019, reconoce, desde un enfoque inclusivo, el derecho de todas las personas a trabajar en un entorno libre de violencia y acoso laboral.

“Tenemos una cultura muy machista, donde si bien es cierto que ha habido avances normativos para el reconocimiento y la igualdad, en la práctica las mujeres todavía no somos iguales, seguimos ganando un 20% menos que los hombres. En Paraguay, no existe una ley contra todas las formas de discriminación, lo que implica sobre todo la falta de un mecanismo de denuncia en casos de discriminación y la falta general de reconocimiento de los derechos de las mujeres”, añade Moragas.

Por otro lado, las mujeres se enfrentan a la violencia intrafamiliar y al abuso sexual, donde el feminicidio representa la manifestación más trágica. Y esto se agrava por la impunidad generalizada, la dificultad para acceder a la justicia, los obstáculos para denunciar y la escasez de recursos para su protección. Según datos del Ministerio Público, tan solo en el primer trimestre de 2023 se registraron un total de 17 feminicidios en el país. Una cifra elevada en un país de poco más de 6 millones de habitantes.

“Cuando llamamos a las instituciones [...] encargadas de velar por los derechos de las mujeres, nos dicen que no tienen recursos. La policía, los juzgados, la Secretaría del Ministerio de la Mujer no tienen recursos o capacidad, ya que esta última es un organismo regulador, no operativo. Entonces hay como excusas del Estado para no garantizar la igualdad de género para las mujeres, es decir, el respeto a nuestros derechos”, señala la activista de Conamuri.

Perspectivas ante más conservadurismo

“El riesgo fundamental es que [el gobierno de Santiago Peña] propone un discurso ligado a todo este tema del fundamentalismo hegemónico, provida, patriotismo, Dios y familia. En realidad, es un discurso bastante aterrador porque propone, sobre todo, el retroceso del reconocimiento de la autonomía de las mujeres en todos los niveles, en temas de salud, en temas de decisión sobre sus cuerpos, pero también en términos de participación política”, anticipa Álvarez.

“Realmente no hay expectativas favorables. Este va a ser sobre todo un tiempo de resistencia para las mujeres y las diversidades”, agrega Moragas.

Y es que, en un país dominado durante décadas por un partido conservador y arraigado en tradiciones patriarcales, machistas y religiosas, las entrevistadas vislumbran pocos avances en los derechos de las mujeres, y, salvo sorpresas “la continuación y el fortalecimiento de las desigualdades ya existentes”. En este escenario, la activista de Conamuri destaca la importancia de “volver a la retaguardia” y mantener una vigilancia constante por parte de la sociedad civil y las organizaciones de mujeres para detectar posibles tendencias radicales y retrocesos que amenacen los modestos progresos en la construcción de una sociedad paraguaya más justa e inclusiva.