El aumento constante de la edad de la población estadounidense, junto con los millones de personas con discapacidad, necesidades especiales y niños que necesitan cuidados, está provocando un aumento de la irresuelta demanda de asistencia sanitaria a domicilio y de trabajadoras del hogar en el país. Pero los años de escasa inversión en el sector, y la infravaloración crónica de la importante labor desempeñada mayoritariamente por mujeres negras (sobre todo de origen inmigrante), han sumido al sector en una situación peligrosa.

Se trata de una situación marcada por una historia profunda y vergonzosa, arraigada en el hecho de que las mujeres afroamericanas esclavizadas se vieran obligadas a proporcionar servicios domésticos no remunerados a familias blancas durante el período de esclavitud que imperó en Estados Unidos desde su fundación, en 1776, hasta el año 1865. Tras la abolición de la esclavitud, los salarios bajos y las condiciones precarias del trabajo doméstico persistieron a base de una serie de leyes violentas y racistas denominadas leyes Jim Crow.

En este contexto, la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo, aprobada en 1935 en el Congreso de Estados Unidos, reconoció los derechos de negociación colectiva de los trabajadores del sector privado estadounidense y estableció un proceso para obligar a los empleadores a negociar con sus sindicatos. No obstante, la ley conllevaba un coste político. Los senadores y congresistas racistas del Partido Demócrata (denominados Dixiecrats –porque todos ellos procedían del sur de Estados Unidos– o “Dixie”) exigieron exclusiones: las trabajadoras del hogar, que seguían siendo en su mayoría mujeres afroamericanas, no estarían cubiertas; como tampoco lo estarían los trabajadores agrícolas, que en aquella época eran mayoritariamente inmigrantes mexicanos y filipinos.

La Ley de Normas Justas de Trabajo, aprobada tres años después, otorgó a los trabajadores del sector privado el derecho a cobrar las horas extraordinarias y el salario mínimo. Una vez más, a instancias de los Dixiecrats, las trabajadoras del hogar y los trabajadores agrícolas quedaron excluidos. No es casualidad, por tanto, que los derechos laborales y los salarios de ambos grupos se mantuvieran durante décadas muy por debajo de los de otros trabajadores. Sin embargo, pese a esa exclusión, los trabajadores agrícolas siguieron organizándose. Y en las últimas décadas, las trabajadoras del hogar también han luchado para acabar con su exclusión.

Organización a escala local, nacional y global

En California y otros estados, el aumento de mano de obra inmigrante en el sector del trabajo doméstico estuvo acompañado de un creciente activismo. Según Jennifer Guglielmo, historiadora especializada en cuestiones laborales: “En las décadas de 1970 y 1980, las trabajadoras del hogar empezaron a cambiar radicalmente. Las mujeres afroamericanas abandonaron en masa el trabajo doméstico y se incorporaron a empleos de oficina, comerciales y del sector público y profesional. Las mujeres mexicoamericanas del suroeste también dejaron el trabajo doméstico y optaron por ese tipo de empleos [...]. Este cambio llevó a los empleadores a contratar a muchas más mujeres inmigrantes procedentes de América Latina, el Caribe y Asia”. La ola migratoria fue en parte consecuencia del desplazamiento de familias y comunidades de países obligados a adoptar políticas neoliberales de ajuste estructural y acuerdos de libre comercio.

En la década de 1990, las trabajadoras del hogar migrantes radicadas en núcleos urbanos empezaron a organizar centros comunitarios de trabajadoras. Así pues, la organización Mujeres Unidas y Activas de San Francisco empezó como un proyecto de la Coalición del Norte de California por los Derechos de los Inmigrantes, mientras que la Colectiva de Mujeres fue originalmente un centro de mujeres en el marco del Programa de Jornaleros subvencionado por el gobierno municipal. A principios de la década de 2000 se unieron, en primer lugar, a organizaciones del área de la Bahía de San Francisco, como la Filipino for Affirmative Action, y, más adelante, a organizaciones del sur de California, como la Coalición por los Derechos Humanos de Los Ángeles y el Filipino Workers Center, con vistas a formar una red de ámbito estatal. Este proceso se desarrolló en paralelo a otros en Nueva York y otros estados. En 2007, cinco organizaciones californianas se unieron a seis organizaciones de Nueva York y una de Maryland para formar la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar, que pocos años después desempeñaría un papel clave en la adopción de una histórica norma internacional del trabajo para las trabajadoras del hogar en 2011: el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo decente para las trabajadoras del hogar, que reconocía por primera vez el derecho de las trabajadoras del hogar a unas normas laborales mínimas.

Gracias a una dinámica campaña llevada a cabo por una alianza de sindicatos y organizaciones de trabajadoras del hogar, el C189 ha sido ratificado ya por 36 países. Pero Estados Unidos no es uno de ellos.

Cuando la Coalición de Trabajadoras del Hogar de California incluyó en 2012 una Declaración de Derechos de las Trabajadoras del Hogar en el programa de la legislatura estatal (tras la transcendental Declaración de Derechos de las Trabajadoras del Hogar aprobada en Nueva York en 2010), el entonces presidente de la AFL-CIO, Richard Trumka, reconoció la justicia histórica de sus reivindicaciones. “No es justo que las trabajadoras del hogar estén excluidas de las leyes sobre el pago de horas extraordinarias”, declaró ante una multitud en Washington D.C. “Es hora de acabar con eso. No es justo que las trabajadoras del hogar estén excluidas de las leyes de negociación colectiva. Es hora de acabar con eso. Los derechos de las trabajadoras del hogar son derechos civiles. Los derechos de las trabajadoras del hogar son derechos humanos”.

Trumka respondió a los testimonios de las trabajadoras que habían venido a presionar a favor de la promesa de equidad racial y laboral de la Declaración. Teresita Gao-Ay, una trabajadora del hogar de San Diego, le contó que había sido cuidadora desde 1986, trabajando de 7 de la mañana a 9 de la noche. “Tenía que hacer de todo, desde cocinar, limpiar toda la casa y hacer la colada (que había que planchar y doblar, sábanas incluidas), hasta jardinería y cuidar del perro. Y tenía que hacerlo para toda la familia, no solo para el cliente al que cuidaba. ¿Cómo iba a negarme? Estaba viviendo en su casa. Además, me dijeron que si no hacía lo que me pedían llamarían a la policía. Más tarde, cuando me lesioné en el trabajo, nadie me pagó los días que tuve que ausentarme para recuperarme”.

“Los cuidadores merecen ganarse la vida dignamente”

La pandemia de covid-19 puso de relieve la difícil situación de los cuidadores en todo el mundo. Pero en Estados Unidos, donde los recursos del sector de cuidados ya eran escasos, la situación ha empeorado debido a que miles de cuidadores experimentados han abandonado el sector o han perdido la vida tras enfermar de covid. Según la AFL-CIO: “Los precios de los servicios asistenciales también se han disparado, provocando tensiones en las familias trabajadoras y obligándolas a gastarse una parte importante de sus ingresos en servicios.”

El presidente Joe Biden emitió en abril de este año una orden ejecutiva con la que pretendía utilizar el poder administrativo del Gobierno federal para incrementar los salarios de las trabajadoras del hogar, de los cuidadores a domicilio y de los trabajadores de cuidado infantil, y hacer más asequible los servicios que prestan a las familias trabajadoras, reconociendo así implícitamente la injusticia histórica.

“Los cuidadores merecen ganarse la vida decentemente, y esa es una lucha que estoy dispuesto a librar”, declaró. “Nadie debería tener que elegir entre cuidar de los padres que le criaron, cuidar de los hijos que dependen de él o ella, o el sueldo con el que cuenta para cuidar de ambos”.

La orden ejecutiva incluye una serie de directivas dirigidas a diferentes partes del Gobierno federal, abarcando los programas que este administra. Al Departamento de Salud y Servicios Humanos, por ejemplo, se le encargó que estudiara medidas para reducir o eliminar los copagos que las familias deben abonar por los servicios de cuidado infantil. A otros organismos se les pidió que determinaran cuáles de sus programas de subvenciones pueden financiar los servicios de cuidado infantil y de cuidados de larga duración de personas que trabajan en proyectos federales. La orden solicita aumentar el sueldo de los docentes y de los trabajadores de cuidado infantil de Head Start, un programa de educación preescolar financiado con fondos federales y estatales.

La orden pretende garantizar que haya suficientes cuidadores a domicilio para atender a las personas mayores y a las personas con discapacidad inscritas en Medicaid, un seguro que ofrece cobertura sanitaria gratuita o de bajo coste a familias y personas con bajos ingresos. La orden contempla asimismo establecer unas normas mínimas de dotación de personal para las residencias de mayores, así como condicionar una parte de los pagos de Medicare a la capacidad de las residencias para retener a los trabajadores. “Va a ser la primera vez que tengamos una norma en materia de cuidados”, explica Mia Dell, subdirectora de Fomento de la AFL-CIO.

Este avance también responde a las demandas del movimiento sindical internacional de una mayor inversión en cuidados para garantizar un acceso equitativo a servicios públicos de atención y salud de calidad. “Impulsa el objetivo de equidad social de la orden ejecutiva, porque las residencias de mayores con peor historial son las que atienden a las comunidades de población negra con bajos ingresos”. Mejorar las normas de dotación de personal y los salarios también beneficiaría a los trabajadores negros y a las mujeres, que constituyen la mayor parte de esa mano de obra, otro de los componentes de equidad de la orden, afirma Dell.

En la declaración del presidente en la que anunciaba la orden ejecutiva se destacaron las propuestas presupuestarias destinadas a impulsar estos objetivos. El Plan de Rescate Estadounidense, que proporcionaba financiación para superar las repercusiones de la pandemia, incluía más de 60.000 millones de dólares USD para cuestiones relacionadas con los cuidados. La declaración de la Administración atribuía a esa financiación el mérito de haber salvado el sistema de guarderías privadas del país. Los presupuestos de Biden, de aprobarse, incluirían 150.000 millones USD a lo largo de 10 años para ampliar los servicios a domicilio de Medicaid, y propone 600.000 millones USD a lo largo de 10 años para ampliar los programas de cuidado infantil y educación preescolar. Sin embargo, se enfrenta a una oposición extrema por parte de los republicanos en el Congreso.

Exclusión histórica

Hoy en día, las consecuencias de la histórica exclusión de las trabajadoras del hogar están muy arraigadas. En 2022, el Economic Policy Institute (EPI) publicó un informe, Domestic Workers Chartbook, en el que se describen las condiciones básicas de vida y de trabajo de los 2,2 millones de trabajadoras del hogar que hay en Estados Unidos. Se prevé un rápido aumento de esa cifra (más del triple de rápido que el empleo en otras ocupaciones) debido a que el envejecimiento de la población y de la mano de obra estadounidenses está multiplicando el número de personas que necesitan cuidados.

Es probable que el volumen real de la mano de obra sea mayor, indica el EPI, porque a muchas trabajadoras del hogar se les paga de manera informal y, en consecuencia, son más propensas a no declarar su empleo ni sus ingresos. Además, más de un tercio de las trabajadoras del hogar son inmigrantes, muchas de las cuales carecen de estatus migratorio legal; y muchas temen las consecuencias del contacto con las autoridades, en particular la participación en encuestas nacionales.

La escasa remuneración del trabajo doméstico refleja la estructura racista y machista de la mano de obra estadounidense, donde los negros, los inmigrantes y las mujeres cobran menos que la media. La mayoría de las trabajadoras del hogar son negras, hispanas o estadounidenses de origen asiático y de las islas del Pacífico. Más del 40% tienen más de 50 años.

Según el EPI: “Una trabajadora del hogar típica cobra 13,79 USD por hora (con horas extraordinarias, propinas y comisiones incluidas), es decir, un 36,6% menos que un trabajador típico de otro sector, que cobra 21,76 USD. Los ingresos anuales de una trabajadora del hogar típica equivalen a apenas dos quintas partes de los de un trabajador típico de otra profesión”. Así pues, “las trabajadoras del hogar tienen muchas más probabilidades que otros trabajadores de vivir en la pobreza”, concluye el informe.

Honor Nono, una trabajadora del hogar filipina de San Francisco, describe la dimensión humana de estas estadísticas. “El trabajo de una cuidadora no es ninguna broma”, afirmaba en una manifestación en 2016 en apoyo de la Declaración de Derechos de las Trabajadoras del Hogar. Nono hablaba como miembro de la Pilipino Association of Workers and Immigrants, creada inicialmente por Filipinos for Affirmative Action. “Los clientes varían: pueden ser amables o antipáticos, felices o gruñones, difíciles o fáciles, incluso peligrosos. Puedes romperte la espalda, el cuello, los brazos o el hombro al ayudar a tus clientes, al moverlos de la cama a la silla de ruedas o viceversa. Por eso decimos que el trabajo de cuidador es difícil, sucio y peligroso. Algunos cuidadores no cobran el salario mínimo, ni reciben indemnizaciones por accidente laboral, ni se les paga las horas extra”.

Nono ha sido organizadora de otros cuidadores. “Hacemos posibles todos los demás trabajos”, declaró en la concentración, “y trabajamos no solo con nuestras manos, sino con nuestro corazón, porque las personas que cuidamos también merecen amor, respeto y dignidad. Estamos siempre en una lucha, física y emocionalmente”.

Plan “Build Back Better”

La aprobación de una Declaración de Derechos de las Trabajadoras del Hogar en California se inscribe en una estrategia nacional, encabezada por organizaciones como la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar y United Domestic Workers of America, para aprobar leyes similares en otros lugares. Hasta la fecha, diez estados y tres ciudades la han adoptado de alguna manera, y suelen incluir garantías de tiempo libre remunerado, horas extraordinarias, requerimiento de acuerdos por escrito y protección contra la discriminación. En California, las primeras declaraciones proponían inicialmente garantías de ocho horas de sueño para las trabajadoras internas, el derecho a utilizar la cocina para preparar sus comidas, subsidios por enfermedad y vacaciones, incrementos salariales vinculados al coste de la vida y preavisos de despido. La versión final de la Declaración de Derechos es más limitada, pero las reivindicaciones originales reflejan una amplia agenda de objetivos que las trabajadoras del hogar pretenden conseguir con el tiempo. En Seattle, por ejemplo, una versión más reciente de la Declaración, aprobada el año pasado, incorpora a las trabajadoras del hogar en la legislación estatal sobre salario mínimo y les reconoce el derecho a percibir el subsidio por desempleo. Un Consejo de Normas para las Trabajadoras del Hogar, con representantes de las trabajadoras, los empleadores y la comunidad, formulará nuevas recomendaciones para mejorar las condiciones de trabajo.

Cuando el Gobierno de Biden llegó al poder en enero de 2021, muchos de estos objetivos se incorporaron al plan Build Back Better, que incluía muchos elementos de las diversas Declaraciones de Derechos. Otras secciones de Build Back Better habrían hecho posible que los inmigrantes indocumentados, en particular, miles de trabajadoras del hogar, obtuvieran un estatus migratorio legal. Sin embargo, durante las negociaciones con los demócratas conservadores, el plan fue retirado de la agenda de los demócratas, y solo se aprobó un proyecto de ley para financiar mejoras en las infraestructuras. Esto supuso un duro golpe para las trabajadoras del hogar y para los defensores de los derechos de los inmigrantes.

La inclusión del programa de las trabajadoras del hogar en el plan Build Back Better, y, posteriormente, la orden ejecutiva de abril, fueron el fruto de años de lucha contra la exclusión inicial de dichas trabajadoras de la legislación laboral básica.

“La pandemia de covid dejó patente la urgencia de la necesidad y creó una oportunidad única para realizar reformas sistémicas”, afirma Dell. “En Build Back Better se incluyó la posibilidad de que todos los trabajadores tuvieran acceso a servicios de cuidados. Cuando se eliminó y ya no pudimos aprobar esas reformas, la orden ejecutiva cobró sentido”.

Sin embargo, es difícil cuantificar el impacto concreto de la orden ejecutiva, en términos del número de personas a las que permite acceder a los cuidados y de los cambios en la situación económica de los cuidadores. “Básicamente, la Administración estaba tirando de todas las palancas que podía. Pero, en realidad, solo hay un número limitado de palancas, de cosas que puede hacer”, afirma Dell.

Uno de los principales logros de la estrategia estatal fue la legislación de California, que otorgó a los sindicatos el derecho a negociar los salarios de cerca de 500.000 cuidadores a domicilio que atienden a personas que reciben ayudas a través del Programa de Servicios de Apoyo a Domicilio (de ámbito estatal). Dos sindicatos –el United Domestic Workers (UDW), afiliado local de la American Federation of State, County and Municipal Workers, y Local 2015, del Service Workers International Union– pudieron negociar los salarios de los trabajadores municipio por municipio. Esto condujo a aumentos sustanciales, y, posteriormente, se consiguió un sistema similar para los trabajadores de cuidado infantil. Actualmente, UDW representa a 98.000 trabajadores, y Local 2015 representa a aproximadamente 450.000 trabajadores.

Continúan los esfuerzos para aprobar una Declaración de Derechos de las Trabajadoras del Hogar, aunque, a menos que cambie la correlación de fuerzas políticas en el Congreso, esa vía se encuentra efectivamente bloqueada. Además, en 2014, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, de tendencia conservadora, sostuvo que a las trabajadoras del hogar no se les podía exigir el pago de cuotas sindicales, y que, en realidad, no eran trabajadoras, sino “cuidadoras” que no entran en el ámbito de la legislación laboral y no pueden ser consideradas empleadas públicas. Mientras tanto, prosiguen los esfuerzos estado por estado, y se están logrando avances en los estados donde las trabajadoras del hogar y los beneficiarios de los cuidados están bien organizados, y donde los demócratas progresistas cuentan con gobernadores y mayorías legislativas. “El modelo por estados nos ha permitido organizarnos a gran escala, pero no hay suficientes estados”, advierte Dell.

Las elecciones de 2024 podrían cambiar esa estimación, pero, pase lo que pase, Dell asegura que los sindicatos seguirán luchando por un trabajo decente para los cuidadores: “AFL-CIO quiere tener la certeza de que, al abordar la crisis de los cuidados en este país, tengamos en cuenta las necesidades de los trabajadores que prestan esos servicios. Ahora que estamos considerando realizar una inversión histórica en nuestros sistemas de cuidados, debemos asegurarnos de que los trabajadores reciben un salario digno y tienen acceso a prestaciones y la oportunidad de afiliarse a un sindicato”.