Tras el caos y la incertidumbre desatados por la crisis del coronavirus en 2020, el nuevo año vuelve a transmitir determinación y esperanza. En la comunidad mundial dedicada a la lucha contra el trabajo infantil estamos especialmente expectantes por el hecho que 2021 sea el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil.

La cuestión del trabajo infantil ha avanzado mucho en los últimos 20 años. Actualmente hay 100 millones menos de niños involucrados en el trabajo infantil, una cifra ciertamente impresionante. El Convenio 182 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre las peores formas de trabajo infantil es el único convenio que ha sido universalmente ratificado en toda la historia de la OIT, mientras que el Convenio 138 (sobre la edad mínima de admisión al empleo) tampoco se queda atrás, puesto que solo faltan 14 países por pronunciarse. Ambos convenios se inscriben en los marcos de las políticas jurídicas nacionales necesarias para la prevención y la reparación del trabajo infantil. El actual programa de desarrollo y el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluyen una meta específica e independiente para poner fin a todas las formas de trabajo infantil antes de 2025, la meta 8.7. Además, la iniciativa mundial Alianza 8.7 está encabezando el logro de esta meta, reuniendo a todas las partes interesadas y alentando a los países a que se comprometan a intensificar los esfuerzos para combatir el trabajo infantil a través de su mecanismo de “país pionero”, lo que hasta la fecha se ha traducido en una serie de compromisos por parte de 22 países.

Junto a este importante avance también se han producido retrocesos. Según las estimaciones disponibles, el número total de niños que trabajan en todo el mundo asciende a la increíble cifra de 152 millones, y el ritmo de reducción del trabajo infantil se ha ralentizado en los últimos dos años. La cantidad de niños que trabajan en el sector agrícola, en gran medida informal y poco regulado, ha aumentado, y actualmente asciende a 108 millones. Todo ello pone de relieve tanto los progresos en los sectores de la economía formal a escala mundial como la tremenda necesidad de redoblar los esfuerzos en el sector de la economía informal.

Las leyes y políticas nacionales sobre el trabajo infantil siguen aplicándose de forma deficiente y sin los recursos necesarios. Ejemplos de esto son los precarios sistemas de inspección del trabajo que apenas rozan la economía informal (donde se concentra la mayor parte del trabajo infantil), y el retraso en la revisión y publicación de listas nacionales de trabajos peligrosos prohibidos a los niños menores de 18 años. El mayor revés ha sido la pandemia, que ya dura un año y continúa, y que está revirtiendo los progresos realizados hasta ahora, haciendo que los niños no vayan a la escuela y se incorporen cada vez más al mercado laboral, con unas repercusiones socioeconómicas que están llevando a comunidades vulnerables a límites extremos.

Se prevé que 24 millones de niños abandonarán la escuela debido al cierre de los centros educativos como consecuencia del coronavirus y se vean obligados a trabajar, revirtiendo los progresos y perpetuando la pobreza y la desigualdad intergeneracional.

En este contexto, la sociedad civil y los activistas sindicales ponen esperanzas y determinación para que este Año Internacional vuelva a situar el flagelo del trabajo infantil en primer plano en todos los programas sociales, políticos y de desarrollo. Más aún, es una oportunidad, y posiblemente nuestra última oportunidad (al no haber cumplido el plazo anterior de la Hoja de ruta de la Haya para lograr la eliminación de las peores formas de trabajo infantil para 2016), para que todos los actores se comprometan con la cabeza, las manos y el corazón a conseguir progresos significativos conforme emprendemos la cuenta atrás de cinco años hacia la erradicación del trabajo infantil en 2025. Los compromisos y las medidas que se adopten en esta última etapa determinarán los progresos realizados en materia de trabajo infantil.

En consecuencia, los activistas contra el trabajo infantil y la sociedad civil en general piden que se adopten cuatro medidas cruciales en 2021:

1. La primera es un llamamiento para que el trabajo infantil constituya una prioridad con financiación óptima para una causa que carece de fondos suficientes, un llamamiento para que los gobiernos asignen más recursos y presupuestos más elevados a la lucha contra el trabajo infantil en sus respectivos países. Muchos países como Ghana, Malawi, Tanzania y Uganda, entre otros, han elaborado sólidos planes de acción nacionales para la eliminación del trabajo infantil, pero, debido a la falta de recursos, están a la espera de una aplicación adecuada. Lo mismo cabe decir de los 22 países pioneros de la Alianza 8.7, que tendrán que respaldar sus compromisos, estrategias y planes nacionales con medidas presupuestarias intencionadas y adecuadas. Los gobiernos donantes del Norte también tendrán que dar prioridad a la cuestión del trabajo infantil en sus programas de subvenciones y ayuda exterior.

2. Los activistas piden que se adopte un enfoque holístico para abordar el trabajo infantil, es decir, un enfoque que aborde las causas fundamentales del trabajo infantil, en el que participen todas las partes interesadas, especialmente los niños y sus comunidades, y que sea multifacético e intersectorial con respecto a temas transversales como la educación, el género y el origen étnico. Dicho enfoque garantizará, entre otras cosas, que los esfuerzos para abordar el trabajo infantil en un sector o zona determinados no redunden en un mayor número de niños que empiecen a trabajar en otro sector o zona. Para ello también tiene que hacerse el debido hincapié en la eliminación del trabajo infantil en todos los sectores: el trabajo infantil en el servicio doméstico es un ejemplo de ello, porque, a pesar de su omnipresencia, sigue siendo un ámbito muy descuidado.

3. Las organizaciones de la sociedad civil están tratando de velar por la inclusión de su participación consolidada en estas políticas e intervenciones programáticas sobre el trabajo infantil. Pese a la función que la sociedad civil desempeña en la eliminación de la explotación, dado el acceso que tiene a las comunidades vulnerables y su condición de “primeros en responder”, los proyectos sobre trabajo infantil respaldados por diversos gobiernos desaprovechan a menudo la oportunidad de progresar porque ignoran o excluyen a las ONG. El establecimiento de un programa mundial, y los debates nacionales y regionales en particular, deben alentar y facilitar la máxima inclusión de las posiciones de las ONG del Sur, que son las más afines a este tema.

4. Por último, la sociedad civil está pidiendo la inclusión no negociable de las opiniones de los niños y los jóvenes en toda esta labor, con el objetivo de fomentar su capacidad de mediación y liderazgo. Este aspecto es fundamental en muchos sentidos: el fomento de los valores de la democracia y los derechos humanos a un nivel fundamental, con la inclusión y la participación de las comunidades locales en su propio progreso, y la construcción del futuro del movimiento sindical mundial.

Hay muchas más medidas que tomar. Las recomendaciones anteriores no constituyen en modo alguno un conjunto exhaustivo de propuestas, pero se trata de iniciativas cruciales que servirán de apoyo a otras acciones. Si comenzamos el año 2021 con determinación y premura, tendremos muchas posibilidades de garantizar que, en un quinquenio, ningún niño tenga que seguir soportando la indignidad y los peligros del trabajo infantil.