Durante dos años, la pareja de acusados había reclutado ciudadanos polacos prometiéndoles trabajo y alojamiento. Luego obligaban a sus víctimas a vender llaveros en distintas ciudades alemanas. Sus pasaportes fueron confiscados. Los polacos debían entregar la totalidad de sus ganancias, estaban alojados en una simple caravana, mal alimentados y eran golpeados si reclamaban o se negaban a obedecer.

Confiscación de ingresos y de documentos de identidad, violencia física, amenazas… los principales indicadores del trabajo forzoso estaban reunidos.

En parte es gracias a la web que los dos condenados localizaron a sus víctimas. “El acusado entró en contacto a través de Internet en noviembre de 2006 con la víctima sordomuda K., en Polonia. El acusado le aseguró que le proporcionaría un trabajo en Alemania y se ocuparía de obtener los papeles necesarios”, precisa la sentencia.

De esto hace ya casi diez años, y ya entonces, Internet había desempeñado un papel esencial en este caso.

Hoy en día, cuando la gran mayoría de los hogares europeos están conectados (casi tres cuartas partes de los hogares polacos y húngaros tenían acceso a Internet en 2013, más de la mitad de los rumanos y búlgaros, según Eurostat), la web resulta cada vez más ineludible en el proceso de reclutamiento de trabajadores explotados en Alemania.

“Casi todo el mundo tiene acceso a Internet hoy en día en Polonia. Existen numerosos foros en línea donde intermediarios poco fiables reclutan”, subraya Monika Fijarczyk, consejera del programa de ayuda a los trabajadores desplazados de la central sindical alemana Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) en Berlín.

“Algunos exigen a los trabajadores el pago previo de cuotas de reclutamiento, por ejemplo para la inscripción administrativa en Alemania, que no obstante en realidad es gratuita. Además, la remuneración recibida muchas veces es totalmente distinta a la prometida. O bien los trabajadores no reciben pago alguno”.

Esto es lo que les pasó en Berlín a unos quince búlgaros la primavera pasada. Todos ellos habían respondido a anuncios colocados en un foro búlgaro en línea para ir a trabajar a Alemania como repartidores de paquetes. “Algunos anuncios eran muy escuetos, estilo: “No se requieren conocimientos de alemán, pago de 50 céntimos por paquete entregado”. Otros prometían el salario mínimo alemán de 8,50 EUR brutos por hora” (9,52 USD), informa Vladimir Bogoeski, del programa de asistencia a los trabajadores migrantes de la DGB, Faire Mobilität.

Una vez en Alemania, los búlgaros tenían que realizar jornadas de trabajo interminables. Los que fueron remunerados recibieron salarios muy por debajo del mínimo legal. Otros no cobraron nada.

“Diez personas reclutadas por la misma empresa no recibieron ninguna remuneración después de dos meses de trabajo. Además, debían pagar de su bolsillo la gasolina para efectuar las entregas. Cuando reclamaron su paga y no la obtuvieron, algunos dimitieron y otros fueron simplemente despedidos”, indica el consejero.

Sin recurso alguno, la mayoría de estos trabajadores volvió a Bulgaria. Sólo uno de ellos recurrió a la justicia. Y ganó su causa. El tribunal exigió al empleador el pago de 4.300 EUR (4.800 USD) en concepto de salarios adeudados.

Herramientas de prevención

No obstante, por un trabajador que obtuvo reparación, muchos otros regresan a sus países de origen traumatizados y con los bolsillos aún más vacíos que al abandonarlo. Porque este tipo de experiencia se repite por toda Europa, según constata la Confederación Sindical Internacional (CSI) en un reciente informe financiado con ayuda de la Comisión Europea.

Realizado en el marco del proyecto Fine Tune, que fuera lanzado en 2012 junto con Anti-Slavery International y Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME), el informe recoge las observaciones de organizaciones que se dedican a ayudar a los trabajadores migrantes en siete países europeos (La Strada en República Checa, Lefö en Austria, Service Union United PAM en Finlandia, Migrants Rights Centre en Irlanda, Caritas en Lituania, AIDRom en Rumania, y la Unión General de Trabajadores (UGT) en España).

Todas ellas apuntaron a este fenómeno. “El estudio muestra que un importante número de víctimas de la trata que reciben apoyo de esas ONG fueron reclutadas a través de Internet”, concluye el documento.

La agencia europea de policía Europol había constatado eso mismo en 2014. Señaló además que “criminales y víctimas dejan huellas permanentes en Internet, que facilitan la identificación, aunque no necesariamente la intervención”.

Resulta casi imposible tomar medidas contra un anuncio, pese a que haya atraído ya a numerosas víctimas hacia una situación de explotación. “Una mujer me llamó recientemente de Rumania porque su hermana había sido reclutada a través de Internet para trabajar en una explotación agrícola en Alemania. Cuando reclamó su salario, el empleador se negó a llevarla hasta su alojamiento, dejándola en medio del campo. Entonces se presentó en la comisaría de policía”, atestigua Ruxandra Empen, consejera de la organización alemana contra la trata de personas Bündnis gegen Menschenhandel zur Arbeitsausbeutung.

“Su hermana quería que el anuncio de ese hombre fuese retirado de la web. Pero no podemos hacer nada al respecto”.

El informe de Fine Tune llama no obstante la atención respecto a las herramientas establecidas para proteger a los trabajadores frente a las trampas de la red. El Ministerio de Asuntos Exteriores rumano, por ejemplo, abrió en 2014 un portal informativo para proteger mejor y orientar a los rumanos que buscan trabajo en el extranjero.

El nuevo protocolo relativo al Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) debe también desempeñar un papel importante en esta lucha contra las nuevas formas de trabajo forzoso.

Dicho texto, adoptado el año pasado, pide concretamente a los Estados miembros que adopten medidas para “la protección de las personas, en particular los trabajadores migrantes, contra posibles prácticas abusivas y fraudulentas en el proceso de contratación y colocación”.

Queda que los Estados ratifiquen este nuevo protocolo. Hasta la fecha, únicamente Níger lo ha hecho.