“¡Nos están envenenando! ¡Nos están matando! rezan algunas pancartas de la manifestación contra la clordecona celebrada en Martinica el 28 de octubre de 2023. La manifestación fue la culminación de una campaña de una semana bajo el lema en criollo “Simenn Matinik Doubout - Gaoulé kont klordecone”, iniciada por un colectivo que agrupa unas treinta organizaciones de los territorios franceses de ultramar y de la Francia continental.

“Queremos que el Gobierno francés reconozca su responsabilidad en el asunto de la clordecona. Queremos que reconozca su responsabilidad, pero también que repare sus crímenes y garantice la descontaminación de la tierra”, afirma Théo Lubin, presidente del Comité d’organisation du 10 mai (asociación memorialista que hace referencia al día en que se abolió la esclavitud en el Caribe y el océano Índico), encargada de la campaña de movilización en Francia.

La clordecona es un pesticida que se utilizó en las plantaciones de plátano de Martinica y Guadalupe de 1972 a 1993 para combatir el picudo del plátano, un insecto que asolaba los cultivos. Sin embargo, la clordecona es tóxica y contamina tanto a los seres humanos como al medio ambiente.

En 1976, Estados Unidos decidió prohibir su producción y comercialización. En 1979, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIRC) clasificó la clordecona como posible carcinógeno humano, pero en Francia se autorizó de 1981 a 1990.

¿Por qué? Son muchos, como el Instituto Nacional de Investigación Agronómica francés (INRA), los que se hacen esta pregunta. Sin embargo, el INRA no tiene respuesta, porque el informe de la comisión que estudiaba las toxicidades en la agricultura (Commission d’étude de l’emploi des toxiques en agriculture), encargada de evaluar la toxicidad de los productos antes de su comercialización, sencillamente ha desaparecido.

El gran problema es que, una vez prohibida, los grandes terratenientes de Guadalupe y Martinica han obtenido una prórroga del Gobierno para seguir utilizándola, únicamente en las islas, pese a que su toxicidad ha quedado demostrada y de que se conocen alternativas eficaces.

“Claramente se trata de un crimen organizado por el Estado francés. Saben que es tóxico para el ser humano, por eso protegen a su población en la Francia continental, pero para nosotros, no hay problema, pueden envenenarnos. Es la misma historia de siempre, la continuidad de la experiencia colonial”, exclama Philippe Verdol.

Este catedrático de economía de la Universidad de las Antillas y de la Guayana Francesa, autor de varios libros sobre la clordecona, añade: “Nos encontramos con los mismos actores, el Estado y los békés por un lado, y por otro, las poblaciones afrodescendientes a las que se explota y envenena”.

Los békés son los descendientes de las familias blancas propietarias de esclavos. Según el diario Libération, representan el 1% de la población de las Antillas francesas, pero poseen el 50% de las tierras y controlan el 90% de la industria agroalimentaria. En la década de los años 1980, fue la empresa De Laguarigue, propiedad de la familia béké Hayot, la que poseía la patente del pesticida a base de clordecona que sería extensamente utilizado en las Antillas francesas. Es comprensible que se haga el paralelo.

Sin embargo, el saldo es muy alto. Según las autoridades, el 90% de los guadalupeños y martiniqueses tienen restos de este pesticida en la sangre. Se requieren aproximadamente siete siglos para eliminarlo completamente del suelo, y las Antillas francesas tienen el récord mundial de cánceres de la próstata.

Apoyo de la CGT a las víctimas

En 2006, se presentó una denuncia. En enero de 2023, los jueces de París desestimaron el caso, aunque reconocieron un escándalo sanitario. Por lo tanto, no habrá juicio. En París, como en los territorios franceses de ultramar, fue un golpe demoledor. “No aceptamos que se haya desestimado el caso y seguiremos luchando hasta que obtengamos satisfacción. Mientras esperamos un resultado judicial, la nueva batalla que estamos librando es la información”, afirma con vehemencia Théo Lubin. “Hay muchos antillanos de la diáspora contaminados en Francia, pero no saben que se debe a la clordecona. Hoy día son muchos los que han muerto. Tampoco saben que en París ahora pueden someterse a un análisis gratuito para detectarlo. No hay información, así que queremos sensibilizar a la población para que las víctimas puedan ser atendidas e indemnizadas”. En París, organiza regularmente talleres y reuniones, así como programas de radio sobre el tema.

En Guadalupe, el objetivo es el mismo. Todos los lunes a las 15.30 h, la central sindical Confédération générale du travail (CGT-G) organiza en Capesterre, en la isla de Basse-Terre, una “permanencia clordecona”. “Desde hace dos años, intentamos elaborar una lista de las personas que han trabajado en la industria bananera y que se encuentran contaminadas. Por el momento, todas las personas que vienen a vernos lo están. Les ayudamos con los trámites administrativos para obtener una indemnización”, explica Jean-Marie Nomertin, secretario general de la CGT-G.

En 2019, el Gobierno creó un fondo de indemnización para las víctimas de los pesticidas. Vilner Croichy acudió a la permanencia clordecona en noviembre para ver cómo podía hacer avanzar su caso. Trabajó toda su vida en una gran plantación de plátanos no lejos de los locales del sindicato. Hoy tiene casi 65 años y padece cáncer de próstata.

“Me lo diagnosticaron hace un año y dos meses. Desde entonces, me han operado 3 veces y ya no puedo trabajar, así que me han despedido. Me duele tanto que tomo hasta 3 analgésicos por noche, de lo contrario no puedo dormir. Estoy intentando conseguir una indemnización, pero cuando quise reunir mis papeles, me di cuenta de que mis empleadores no me declararon durante años, así que no me corresponde ninguna indemnización”.

Sin embargo, el fondo no indemniza únicamente a los trabajadores asalariados y agricultores (en activo o jubilados) expuestos a la clordecona en el curso de su actividad profesional, también lo hace a los niños expuestos prenatalmente en el curso de la actividad profesional de uno de los dos progenitores. Una vez reconocida la enfermedad, los afectados pueden reclamar una indemnización.

“Una vez reconocida la enfermedad, el fondo envía una carta a las víctimas para comunicarles el importe de la indemnización. Para los adultos, se trata de una renta mensual de entre 300 y 1.500 euros al mes, según el grado de discapacidad. Para los niños, depende de la edad y la patología, pero puede llegar a varias decenas de miles de euros, más una renta vitalicia”, explica Edwige Duclay, directora del proyecto encargada de coordinar el plan Chlordecone IV.

El plan Chlordécone IV consiste en una serie de medidas puestas en marcha en 2021 por el Gobierno francés para luchar contra la contaminación por clordecona. Para las personas que tienen clordecona en la sangre, pero no han desarrollado (todavía) ninguna patología, Duclay sugiere una solución: “Es posible deshacerse de la clordecona si dejan de consumirse productos que la contengan. Entre 4 y 6 meses, puede reducirse el nivel de clordecona en la sangre. Puede eliminarse, y la prioridad es tener una dieta de riesgo cero respecto a la clordecona”, explica.

El plan propone hacer analizar los suelos de los productores, así como talleres gratuitos en grupo para ayudar a adaptar su consumo. Entre los alimentos que deben dejar de consumirse se encuentran las hortalizas de raíz, los huevos, el pescado y el marisco de las zonas en las que la pesca está prohibida.

Ante la mención de este plan, la permanencia clordecona de la CGT-G estalla en carcajadas: “¡Es una burla! El Gobierno nos dijo que el pesticida podría tardar 700 años en desaparecer, ¿así que ahora lo único que tenemos que hacer es comer bien? Basta ver el número de personas que han muerto. Estamos elaborando una lista, y solo en los últimos 6 meses han fallecido más de 200 trabajadores que habíamos identificado como víctimas. Este tipo de discurso no es más que un intento de ocultar las graves faltas cometidas por el Estado”, se indigna Jean-Marie Nomertin.

Aunque la afirmación de Edwige Duclay se basa en estudios científicos, la desconfianza es comprensible. En primer lugar, el escándalo tardó años en estallar, los documentos potencialmente comprometedores han desaparecido e incluso hoy, aunque las pruebas están ahí, todavía no se ha hecho justicia.

Riesgos de cáncer para la población

Es más, el Estado sigue difundiendo información que suscita más de una duda. Por ejemplo, en la página web del seguro de enfermedad, bajo el epígrafe clordecona, se afirma que “Durante el periodo 2007-2014, en Guadalupe y Martinica, el número de nuevos casos de cáncer de próstata fue casi dos veces superior al estimado para la Francia continental. Esta diferencia puede explicarse en parte por el origen subsahariano de la población, un grupo etnogeográfico con mayor riesgo de desarrollar la enfermedad”.

Sin embargo, un estudio publicado en 2011 por la Universidad de Columbia en Estados Unidos demuestra que no es así: “Los datos disponibles del CIIC (Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer) muestran que la incidencia del cáncer de próstata en los africanos orientales oscila entre 10,7 y 38,1 por 100.000 hombres/año. En el caso de los africanos occidentales, es más baja, de 4,7 a 19,8 por 100.000 hombres/año. En el caso de la población antillana, la cifra se sitúa en torno a 200 personas por cada 100.000 al año, lo que supone una gran diferencia. Ante estos resultados, Edwige Duclay se ha comprometido a verificar las afirmaciones que figuran en la página web de la Seguridad Social.

Mientras tanto, en Guadalupe, aunque el equipo de la permanencia sindical trabaja con entusiasmo, los ánimos siguen crispados. Hace poco perdieron a uno de sus miembros, una mujer que trabajó durante mucho tiempo en el sector del plátano, aquí mismo, en Capesterre. “Siempre se quejaba de dolor de espalda. Acabaron haciéndole una resonancia magnética y le diagnosticaron cáncer de médula espinal. El cáncer se había extendido. Le dijeron ‘si la operamos, perderá el uso de las piernas, y si no la operamos, también perderá el uso de las piernas’. La operaron. Cuando volvimos a verla, estaba en silla de ruedas. Dos semanas después, la enterraron. Me dolió mucho. No quiero que vuelva a ocurrir esto”, dice Annick Hery, sindicalista de la CGT-G.