Timothy Bwalya se siente aliviado de que ya se haya acabado la época en que tenía que sobornar a las milicias locales. Hasta el año pasado, Bwalya tenía que pagar una cuantiosa suma cada semana para poder vender sus productos en la estación de autobuses de Lusaka. En agosto de 2021, la derrota del expresidente zambiano Edgar Lungu y la victoria electoral del líder de la oposición Hakainde Hichilema significó el fin de esta trama de extorsión en uno de los principales centros de transporte de la capital zambiana.

“Era muy agobiante. Los ‘cuadros’ eran mafias que exigían 64 kwachas [4 dólares estadounidenses] a la semana a cualquier vendedor ambulante como yo que quisiera trabajar en el mercado de la estación de autobuses”, explica Bwalya, quien cada mañana empuja por las calles de la ciudad enormes carretillas llenas de sacos de carbón.

Estos ‘cuadros’ estaban presuntamente vinculados al partido del presidente derrocado Lungu, quien gobernó el país entre 2015 y 2021. Mientras Lungu estaba en el poder, controlaban los mercados municipales y exigían sobornos a los pequeños comerciantes como Bwalya con el consentimiento tácito de los funcionarios municipales vinculados al presidente. A los cuadros se les consideraba ‘intocables’ y sus violentas incursiones en la estación de autobuses provocaron lesiones a numerosas personas y al menos una muerte comprobada.

En las elecciones de 2021, la espectacular derrota del partido izquierdista del Frente Patriótico de Lungu y la victoria del Partido Unido para el Desarrollo Nacional de Hakainde, de centro derecha, fueron recibidas con “euforia” en algunos sectores y han marcado el inicio de una nueva campaña para erradicar la corrupción, tan profundamente arraigada en el país. “Tendremos cero tolerancia frente a la corrupción. Esa será nuestra seña de identidad.

La lucha contra la corrupción será profesional y no vengativa”, prometió Hakainde en su discurso de investidura del 24 de agosto de 2021.

Al asumir su cargo, Hichilema se tuvo que enfrentar a numerosos asuntos pendientes de vital importancia: en 2020, Zambia, rica en recursos y el segundo mayor productor de cobre de África, se convirtió en el primer país del continente que dejó de pagar su deuda externa de casi 15.000 millones de dólares desde el inicio de la pandemia. Esta nación debe unos 6.000 millones de dólares a China, que le concedió préstamos para diversos proyectos de infraestructura. Se cree que se han desviado cientos de millones de dólares de las arcas del Estado en nombre de dichos proyectos, así como de los sistemas de subvenciones de combustibles y fertilizantes.

Asimismo, en el ámbito de los contratos públicos, los precios enormemente inflados gravaron la compra de todo tipo de artículos, desde suministros médicos hasta camiones de bomberos y fertilizantes, ejemplificando el tipo de corrupción que no se inició con Lungu pero que ha tenido consecuencias devastadoras para el gasto público en una época en la que los ciudadanos de Zambia lo necesitan más que nunca.

En diciembre de 2021 se anunció la creación de un cuerpo para la lucha contra la corrupción y poco después de un tribunal especial para agilizar la recuperación de los activos robados y la persecución judicial de los casos de corrupción. Pero lo que realmente ha llamado la atención de la opinión pública mundial es que, en su lucha contra la corrupción, el gobierno de Hichilema no está siguiendo la estrategia tradicional basada en el principio de ‘detención, proceso judicial y condena’. En cambio, está aplicando una estrategia mixta basada en el juicio para algunos delincuentes y ‘no pasar por prisión si devuelven los activos’ para otros.

Perdón condicional

El nuevo gobierno de Zambia ha decidido confiscar los activos de los beneficiarios del anterior régimen en lugar de llevar a cabo detenciones costosas y de meterse en largos procesos judiciales –una estrategia conocida como incautación de activos sin que medie condena alguna–. Esto significa que a los presuntos culpables de delitos de corrupción se les está pidiendo que entreguen el dinero, las fincas, las mansiones y los vehículos obtenidos de manera ilícita. A los que así lo hagan se les garantiza que no se les juzgará ni tendrán que cumplir penas de prisión. “La incautación de activos es una estrategia aceptada a nivel mundial para luchar contra la corrupción”, explica Maurice Nyambe, el director ejecutivo de Transparencia Internacional–Zambia (TI-Z).

Sin embargo, Nyambe cree que pueden surgir problemas cuando la incautación de activos se aplica como primer paso para luchar contra la corrupción. “TI-Z cree que, en todos los casos, la primera opción para abordar la corrupción debe ser la acción judicial. Sin embargo, si la causa judicial no fuera lo suficientemente sólida como para optar por el juicio, entonces se podría recurrir a la incautación”.

Aunque hasta la fecha no existe ninguna base de datos pública en la que se detalle el valor financiero de todos los activos incautados a los presuntos corruptos, sí que ha habido varias incautaciones de gran repercusión mediática. A un exministro provincial se le incautó una finca de 22 millones de kwachas (aproximadamente 1,37 millones de dólares) y en marzo detuvieron a un exministro de Asuntos Exteriores por ser el propietario de dos helicópteros y un hotel adquiridos mediante presuntas acciones delictivas.

En uno de los casos más mediáticos de la recuperación de activos hasta la fecha, Faith Musonda, una antigua disc jockey de radio que al parecer tenía una relación con el anterior presidente, devolvió una lujosa mansión, así como 65 millones de kwachas (unos 4 millones de dólares) y 58.000 dólares estadounidenses en efectivo.

Los detectives anticorrupción descubrieron dichas sumas de dinero en octubre de 2021 durante un registro de su residencia. A Musonda le concedieron una amnistía y no se enfrentará a ninguna causa penal porque reveló dónde se encontraba todo el botín y entregó voluntariamente al Estado todos sus activos, según publicaron medios de comunicación locales. Sin embargo, si se descubrieran otros delitos en el futuro, Musonda se enfrentaría a un proceso judicial habitual.

“Básicamente, dicha medida se atiene a los principios de perdón promulgados por Kenneth Kaunda, el presidente fundador de Zambia”, explica Stephen Chan, profesor de asuntos africanos en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres y antiguo diplomático británico que comparte regularmente su experiencia con el nuevo gobierno de Zambia. Kaunda luchó para liberar a Zambia del régimen colonial británico, se convirtió en el primer presidente del país en 1964 y se distinguió por una filosofía que él mismo describió como ‘humanismo africano’. “Se trata de un perdón condicional. Tienes que devolver el dinero robado y ser humillado públicamente en la práctica”, revela Chan.

Diversos enfoques, resultados diferentes

Algunos observadores políticos opinan que la estrategia zambiana de recuperar los activos es estimulante, sobre todo si se compara con la de algunos países vecinos del sur. En Zimbabue, las autoridades han iniciado lo que los críticos han descrito como una campaña poco entusiasta contra la corrupción. Detienen a presuntos corruptos, normalmente funcionarios de alto nivel, en redadas muy mediatizadas, pero los procesos judiciales se estancan en los tribunales y los fiscales formulan acusaciones muy endebles a propósito. A medida que disminuye el interés público, al final se desestiman todos los cargos y los sospechosos quedan en libertad –una estrategia que ha sido bautizada como ‘captura y liberación’–.

Otro vecino de Zambia, Sudáfrica, emprendió una enorme campaña para erradicar la corrupción después de que una investigación revelase que existía una ‘captura del Estado’ generalizada –un término que se utiliza para describir la corrupción y reconversión de las empresas públicas para obtener beneficios privados–. Las autoridades sudafricanas han adoptado una política basada en los procesos judiciales y la incautación de activos, pero hasta la fecha no se ha condenado a ningún funcionario de alto nivel debido a sus enrevesadas maniobras jurídicas y políticas.

Jacob Zuma, el expresidente sudafricano en pleno centro de las acusaciones de captura del Estado, lleva desde la década de 1990 entrando y saliendo de los tribunales sin que le hayan condenado ni una sola vez por los 18 delitos de fraude y corrupción de los que se le acusa.

Los diferentes resultados de las diversas estrategias para luchar contra la corrupción demuestran por qué la estrategia mixta de Zambia puede, en última instancia, resultar más eficaz. El perdón y la incautación del botín “no es muy diferente de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, tan solo se diferencia en que se trata de delitos económicos y no racistas”, explica Chan.

Los delincuentes arrepentidos que revelan todos sus delitos y devuelven los activos y bienes obtenidos de manera ilícita son un regalo para los fiscales, pues las probabilidades jurídicas suelen fallar en su contra. Los juicios contra los delincuentes ricos resultan caros para un país con dificultades económicas y recursos insuficientes como Zambia. “Existen tantos presuntos casos de corrupción en Zambia que no habría suficientes jueces en [todo] el sur de África para juzgarlos todos”, concluye Chan. Los procesos judiciales pueden prolongarse durante una década y no ofrecen ninguna certeza a los fiscales de que puedan ganar ni de que los acusados devuelvan el dinero que robaron de las arcas públicas.

“Los Papeles de Pandora demostraron que los políticos corruptos son especialmente hábiles para ganar tiempo. Utilizan el mismo dinero que robaron para contratar a abogados de primera categoría, abrir cuentas bancarias en el extranjero, adquirir múltiples propiedades ocultando sus verdaderas identidades y crear pirámides para evadir impuestos y eludir su responsabilidad fiscal”, asegura Adrian Sikoko, un economista que vive en Ndola, una ciudad rica en cobre al norte de Zambia.

Zambia necesita desesperadamente el dinero que ha recuperado de los casos de corrupción para volver a poner en marcha su economía tras los años de gastos sin medida del gobierno de Lungu. Debido a sus enormes deudas y a una hacienda pública insostenible, en septiembre el gobierno de Hichilema aceptó las condiciones de un préstamo de 1.300 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI). Muchos analistas son muy críticos con dicho préstamo, pues obligará al nuevo gobierno a recortar en servicios sociales para poder pagar a los prestamistas extranjeros.

Grieve Chelwa, uno de los economistas más famosos de Zambia y director de investigaciones del Instituto de Economía Política, Poder y Raza de la New School de Nueva York, describió las condiciones del préstamo –como la ampliación del alcance del impuesto sobre el valor añadido y los drásticos recortes a los subsidios del Estado al combustible y a las subvenciones agrícolas tan exitosas en Zambia, lo que permite a las fuerzas del mercado determinar las tarifas y precios de la electricidad– como “increíbles, despiadadas” y “la definición misma de la austeridad”.

La ONG Debt Justice, con sede en Londres, destaca que los propios documentos del FMI “advierten que el gobierno y los acreedores privados deben cancelar 8.400 millones de dólares de las deudas entre 2022 y 2025 y que serán necesarias más cancelaciones de los pagos entre 2026 y 2031, pero no fija ningún límite para los pagos a partir de 2031”.

Tim Jones, director del departamento de políticas de Debt Justice, exige que en los próximos cuatro años se lleven a cabo cancelaciones sustanciales de los pagos de las deudas, pues prorrogarlas hasta la década de 2030 “constituye una amenaza de que se repita la crisis de endeudamiento”. Según advierte: “Seguimos luchando por una cancelación de la deuda a gran escala para Zambia, con el objetivo de que los bancos, los fondos especulativos y los gestores de activos asuman parte del riesgo que suponen sus movimientos especulativos en torno a la deuda zambiana con intereses elevados”.

Como muestra de las dificultades económicas a las que se enfrentan los zambianos de a pie, el pasado abril un anuncio para cubrir 11.000 puestos de trabajo en el Ministerio de Sanidad recibió más de 137.000 solicitudes. “Nuestra desesperación es humillante”, se lamenta Anne Musotokoya, una enfermera de hematología en Lusaka que fue una de las decenas de miles de personas que se presentaron. Y concluye: “No hay suficientes trabajos en el sector público porque el gobierno no tiene dinero para pagar los sueldos de una gran plantilla. Al menos eso es lo que dicen”.

Desde el punto de vista macroeconómico, la deuda del sector público en Zambia se disparó debido a los préstamos y el despilfarro del expresidente Lungu. El pasado octubre, dicha deuda alcanzó los 26.000 millones de dólares estadounidenses o el 112% de su PIB. Además, los expertos advierten de que la deuda oculta podría ser incluso mayor. “Básicamente, el anterior régimen vació las arcas públicas de Zambia. Faltan miles de millones del erario público”, denuncia Sikoko. “Es totalmente razonable que los nuevos gobernantes de Zambia exijan a los presuntos culpables que devuelvan los activos de origen ilícito”.