Pese al rechazo de los pescadores artesanales, ha sido promulgada una nueva “Ley de Pesca”.

Desde el mes de febrero del 2013 se privatizan los recursos marinos por “un plazo de 20 años, renovables y transferibles”, favoreciendo desmedidamente a los industriales del sector.

Son siete las familias privilegiadas por la llamada “Ley Longueira” bautizada así por el apellido del Ministro de Economía que le dio origen.

Los beneficiados son los Angelini, Sarkis, Stengel, Cifuentes, Jiménez, Izquierdo y Cruz, que se repartirán nada menos que 3 millones de dólares en utilidades anuales.

La Nueva Ley ha venido a modificar el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, el acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal, y a regular la investigación y fiscalización de la actividad económica.

Para Cosme Caracciolo, pescador artesanal e integrante del Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP), “lo que motiva al gobierno es perfeccionar el modelo económico vigente, hay una apuesta política por hacer que los recursos pesqueros sean de alguien.

"Esta ley de pesca es por 20 años renovables, se está generando propiedad sobre peces que aún no nacen, es una aberración, es la implementación del capitalismo sobre los recursos vivos”, concluye.

Cabe recordar que hasta el año 2001, momento en que se repartieron las cuotas individuales de captura, había en Chile 78 empresas pesqueras dedicadas a la extrañación del jurel, pero al poco tiempo disminuyeron a sólo 26, como resultado de la acelerada concentración de capitales.

Así, producto de las últimas fusiones quedaron finalmente sólo cuatro grandes conglomerados que controlan hoy el 92% del sector pesquero nacional : Orizon (fusión de SouthPacific Korp y Pesquera San José), Blumar (fusión de Itata y El Golfo), Camanchaca Pesca Sur (fusión de Camanchaca y Pesquera Bio Bio) y Marfood (empresa conjunta establecida por Alimar y FoodCorp).

Caracciolo fue enfático : “Lo que planteamos al subsecretario es que CONDEPP mantiene su posición en contra de esta ley.

"Lo que pretende la ley es mantener su favoritismo por los industriales y cuando una ley es injusta, tenemos derecho a desobedecerla. De seguro si es así, los industriales van a llamar a que nos reprima la policía”.

Finalmente los industriales tras un intenso lobby en el gobierno y parlamento, lograron su ansiado anhelo : Tener una ley a su medida, en perjuicio de los pescadores artesanales.

“El pez grande se ha comido al pequeño”

Antes de la entrada en vigencia de la ley, el pescador considerado artesanal, con una embarcación de hasta 12 metros, tenía una zona exclusiva de pesca hasta la quinta milla marina.

Con la entrada en vigor de la nueva ley, las embarcaciones industriales que antes sólo podían llegar hasta el límite de la quinta, hoy lo podrán hacer hasta el límite de la primera milla (1.840 metros).

Esto desde la región de Coquimbo al Norte hasta la frontera con Perú.

El pez grande se ha comido al pequeño. Y así, mientras las mariscadoras y los pescadores artesanales, que trabajan sobre todo para satisfacer el consumo humano, han perdido soberanía sobre el borde marino que le sirviera de sustento.

Los industrial concentrados en cuatro empresas seguirán explotando el mar para hacer harina de pescado y usarán el sistema de arrastre que según diversos estudios es profundamente dañino, pues no distingue especies en su captura y modifica el fondo marino.

“El principal argumento utilizado por el ministro Longueira para defender este proyecto es que iba a promover la sustentabilidad de los recursos pesqueros, pero analizando el proyecto no es así. Al jurel, que es una especie reconocida como en peligro de extinción, ahora le quieren aumentar la cuota”. Señala el pescador artesanal, Cosme Caracciolo.

Palabras que ratifica el director del Programa de Pesquerías Sustentables de WWF Chile, Mauricio Gálvez, quien apuntó que “la decisión del Consejo Nacional de Pesca de aumentar la cuota de captura del jurel en un 11,9% es completamente inaceptable, dado el estado de sobreexplotación en que se encuentra esta especie”.

Y es que más allá de problemas ambientales, los coletazos de la “Ley Longueria” hoy se extienden a lo laboral.

Tras la publicación de la controvertida ley en el Diario Oficial de la República de Chile, también han resultado perjudicados otros trabajadores asociados al mundo del mar.

El presidente de la Federación de Trabajadores Pesqueros (Fetrapes), Juan Montenegro, denunció que “desde la puesta en marcha de la denominada “Ley de Pesca”, se han cursado más de 380 despidos en el sector pesquero.

Las últimas desvinculaciones fueron en el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), donde 28 personas quedaron sin su fuente laboral”, cuando uno de los compromisos del cuestionado ministro, era fortalecer el sector.

Pueblos originarios

La “Ley de Pesca” trató de ser frenada por requerimientos al Tribunal Constitucional, patrocinados por Congresistas.

Se pedía la anulación de la “Ley Longueria”, por un vicio constitucional en su tramitación, pues Chile estaría vulnerando los derechos de los pueblos originarios, su derecho a la autodeterminación, el Convenio 169 de la OIT, y se estaría apropiando de los recursos vivos en territorio habitado ancestralmente.

Pero el Tribunal Constitucional de Chile, que acogió la acción parlamentaria, se pronunció en contra del requerimiento.

El dirigente de la comunidad Lafkenche por la comuna de San Juan de la Costa, Miguel Cheuqueman, señaló que la situación es comparable con lo ocurrido con el acceso a la tierra, en que se cuenta con Títulos de Merced y, sin embargo, se imposibilita el uso productivo de esos espacios.

“Al no ser escuchados y no resguardados nuestros derechos en la nueva Ley de Pesca, hoy se nos niega una oportunidad real y concreta para el desarrollo económico de nuestro pueblo”.

El pueblo Mapuche, casi extinto por la mal llamada “Pacificación de la Araucanía”, en la que el Ejército de Chile cometió un claro genocidio, sin que haya sido llevado a juicio, en la actualidad vuelve a ser desplazado de sus territorios ancestrales pero hoy por intereses hidroeléctricos, forestales y ahora pesqueros, que se intentan apoderar del rico borde costero, la tierra de los Lafkenches.

El caso podría ser llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de la dirigencia lafkenche, si se ignora el Convenio 169 de la OIT y lo obrado a mediados de 2008 por el gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet que promulgó una ley entregando derechos a los pueblos originarios sobre el borde costero, la llamada “Ley Lafkenche”.

Por su parte, Moisés Vilches, dirigente lafkenche por la comuna de Carahue, expresó que el gobierno está actuando de mala fe, especialmente el Ministro de Economía, Pablo Longueira.

“Él fue senador y aprobó la Ley de Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (Ley Lafkenche). Él fue uno de los que dijo que ‘al mar hay que ponerle dueño’, cuando nosotros estábamos luchando por nuestros espacios. Y le pusimos dueño, pero ahora no nos quieren entregar el derecho a administrar y al uso productivo del mar.

"Con lo que está haciendo, el Ministro Longueira va ser llamado a la pizarra, porque no es posible que desde el cargo actual nos esté obligando a heredar un conflicto para las generaciones que vienen” aclaró en exposición ante el Instituto Nacional de Derechos Humano (INDH).