Aprobada el 20 de diciembre de 2013, creaba un marco normativo para toda la cadena productiva del cannabis, tanto para su uso con fines terapéuticos como recreativos.

Aunque la cuestión no ha sido un tema central de la pasada campaña de las elecciones presidenciales, los dos candidatos a la segunda ronda – el reciente ganador Tabaré Vázquez del Frente Amplio y Luis Lacalle Pou del Partido Nacional – se manifestaron ambos a favor de la derogación de la ley.

Pese a que la ley no abre el mercado de la marihuana hacia un modelo de libre competencia, sino que regula estrictamente todo el proceso a través del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), la entidad gubernamental responsable de supervisar el proceso desde la plantación hasta la comercialización, de otorgar las licencias a los productores domésticos y colectivos, así como también de autorizar a las farmacias que se ocuparán de su venta.

Conviene señalar que en Uruguay estaba despenalizado el uso de drogas desde hace cuatro décadas, pero estaba prohibida la producción y venta de marihuana.

Los principales objetivos de la ley de 2013 eran separar la marihuana del mercado de otras drogas, mejorar la salud pública, promover un mayor nivel de información sobre sus riesgos, proteger a los usuarios y atacar al narcotráfico.

Hay varias formas de luchar contra las drogas: se puede declarar una verdadera guerra entre el ejército regular y los mercenarios a sueldo de los narcotraficantes. Pero una alternativa real es enfrentar el problema regulando legalmente el mercado de los estupefacientes.

La Comisión Global de Políticas de Drogas – presidida por el ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso y compuesta por políticos, economistas, médicos, activistas de derechos humanos e intelectuales internacionalmente reconocidos – elaboró en 2011 un informe en el cual se declaró el fracaso de la “Guerra contra las drogas” encabezada por los EE.UU.

De hecho, pese a ser la región más afectada por esta política, los países de América Latina y el Caribe continúan siendo los líderes mundiales en producción y tráfico de drogas, con un nivel persistentemente alto de violencia, corrupción e impunidad.
Los miembros de la Comisión, reconociendo la futilidad de la estrategia de lucha contra el narcotráfico iniciada en 1971 bajo la presidencia de Richard Nixon, recomendaron una serie de reformas a nivel nacional y mundial de las políticas de control de los estupefacientes.

La sociedad uruguaya está desde hace tiempo dividida respecto a la cuestión de la regulación de la marihuana. Numerosas dudas y contradicciones emergen claramente en las encuestas de opinión.

Según una encuesta de la consultoría Cifra, el 64 por ciento de los uruguayos no está de acuerdo con la ley aprobada y el 27 por ciento está de acuerdo.

Asimismo, el 62 por ciento está a favor de derogarla cuanto antes y el 32 por ciento considera que debe dejarse en vigencia para ver si funciona.

Por otra parte, el sondeo de Factum arroja que el 78 por ciento de los entrevistados prefiere que los consumidores de marihuana tengan acceso a la sustancia en lugares controlados por el Estado.

En cambio, según Equipos Mori el 74 por ciento de los uruguayos está a favor de la venta legal de marihuana con fines medicinales.

La medida del Gobierno de Mujica no solo ha fomentado un debate abierto en el país, sino que ha alimentado también un aumento de las tensiones a nivel internacional.

Según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) –el órgano de Naciones Unidas con sede en Viena que vigila el cumplimiento de los convenios internacionales sobre drogas– la decisión uruguaya estaría violando la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes ..

Raymond Yans, presidente de la JIFE, subrayó en un comunicado que “la decisión de la legislatura uruguaya no tiene en cuenta su impacto negativo en la salud, ya que los estudios científicos confirman que el cannabis es una sustancia adictiva con graves consecuencias para la salud de las personas”.

Impacto y beneficios

En un país como Uruguay, con una población total de 3,4 millones, cuya economía está vinculada a la ganadería y a la agricultura, se pueden generar nuevos empleos alrededor del cultivo de marihuana.

Julio Calzada, Secretario General de la Junta Nacional de Drogas (JND), entrevistado por Equal Times, afirma: “el mercado laboral uruguayo es muy pequeño, hay ya unos 200 puestos de trabajo en los sectores de la plantación, producción y distribución. Al cabo de unos 4-5 años vamos a estar arriba de los 1.000 nuevos puestos de trabajo”.

Con 115.000 desempleados en una fuerza de trabajo de aproximadamente 1,7 millones (según los datos de la Organización Internacional del Trabajo), todos los nuevos puestos de trabajo decentes son bienvenidos en Uruguay.

“Lo más importante viene con la regulación del cannabis para uso médico porque es un espacio importante para el desarrollo y la incorporación de tecnología punta”, continúa diciendo.

Calzada nos explica que “hay empresas con capitales y recursos de varios países que están dispuestas a invertir y hay también grupos académicos y centros de investigación que quieren implantarse en el Uruguay asociándose con la Universidad de la República (UdelaR).”

La asociación civil uruguaya Proderecho promovió el cambio de la normativa sobre las drogas convencida de que las políticas de prohibición generaron, entre otros problemas, “corrupción, ejércitos del narcotráfico más poderosos que los Estados, drogas de baja calidad, usuarios problemáticos excluidos de los sistemas sanitarios, emergencia humanitaria en las cárceles”.

De hecho, esta cuestión tiene un impacto significativo sobre la situación carcelaria.
Un estudio de la ONG Servicio Paz y Justicia de Uruguay (SERPAJ) muestra que los detenidos por delitos relacionados con estupefacientes –desde tenencia hasta narcotráfico– representan el 15,3 por ciento del total de la población carcelaria.

Esto supone el segundo porcentaje más alto después de los detenidos por robo (26,2).

Una droga cualquiera no afecta solo la vida privada de las personas, sino que abarca también temas de seguridad y salud pública, reducción de los riesgos y aumento de los recursos económicos.

Descriminalizar y regular legalmente el mercado de la marihuana no significa pensar que esta sustancia estupefaciente sea inocua y que no genere algún tipo de daño: por el contrario, demuestra que el Estado decidió enfrentar sin prejuicios una cuestión social y económica.

Según Regulación Responsable –la coalición uruguaya que agrupa a la ciudadanía y a varias organizaciones sociales que apoyan la regulación de la marihuana– el Gobierno podría recaudar alrededor de 30 millones de USD al año de la venta legal de marihuana.

Tras el fracaso mundial de políticas prohibicionistas y represivas, Uruguay se apresta a ser un laboratorio donde se experimenten políticas que pretenden regular y vigilar un mercado hasta ahora controlado por el narcotráfico, y cuyos ingresos pasarán de los poderosos cárteles hacia el Estado.

Un modelo experimental que se propone en definitiva luchar contra las redes del narcotráfico, evitar la marginalización de los consumidores y desempeñar un rol que provea mayor información y mecanismos de prevención.

Los efectos de esta nueva política se podrán evaluar midiendo en el mediano plazo los índices de violencia e inseguridad, el nivel de las inversiones en educación y salud generadas con las nuevas ganancias y, también, la calidad de los empleos creados.

Si bien Mujica no podrá inaugurar la venta de marihuana antes que su mandato termine –dejando así al presidente electo Vázquez la responsabilidad– es innegable que Uruguay ha abierto el camino a un debate destinado a seguir.