Tres personas trabajan en silencio sobre un hueco en la tierra. Lo hacen agachadas, de rodillas, una de ellas se tumba para maniobrar mejor. Frente a ellas, un bodegón de huesos. Brazos, húmeros, pelvis, costillas emergen de las profundidades del suelo. También cráneos, varios de ellos. Al menos cinco se ven desde fuera. Debajo –dicen– hay como mínimo cinco más.

Estamos en el barranco de Víznar, en la provincia de Granada, Andalucía, España. Entre septiembre y noviembre de 1936 al menos 173 personas fueron aquí asesinadas y arrojadas a fosas comunes, en el contexto de la guerra civil española (1936-1939). Antes, en julio y agosto –justo después del golpe de estado militar que inició la contienda– hubo más, entre ellos el poeta Federico García Lorca, pero de ellos no quedó registro.

En todo caso, el equipo liderado por Paco Carrión –compuesto de arqueólogos, geofísicos, antropólogos, forenses, historiadores– tiene el cometido desde 2021 de encontrar a todos los que pueda. Por el momento han localizado 16 fosas, han recuperado 116 cuerpos. 34 mujeres, el resto hombres. Todos del bando republicano, todos civiles, gente común –campesinos, obreros, maestros, tejedoras–, asesinados y enterrados no se sabe bien dónde. Por eso utilizan georradares, detectores de metal, tomografías eléctricas para localizar las fosas, tecnología que combinan con técnicas más rudimentarias –un pincel, una aspiradora– para sacar los cuerpos a la luz. Un trabajo lento, minucioso.

“Desde que abrimos el sondeo hasta que excavamos los cuerpos, los exhumamos, los documentamos y los fotografiamos puede pasar en torno a un mes, unas tres semanas por cada fosa. Depende del número de individuos. En ésta por ejemplo hay diez, pero el terreno nos dice que puede haber alguno más debajo”, explica a Equal Times Félix Bizarro, uno de los arqueólogos.

Esto solo es el principio. Luego les tocará extraer, cribar y analizar no solo los huesos, también los objetos –pendientes, anillos, hebillas de pantalón–, fundamentales para identificar –junto a las muestras de ADN– cada cuerpo, para devolverle su nombre. Es el auténtico fin de todo el proceso: identificarlos y entregarlos a sus familias, las cuales llevan más de ochenta años esperando. El retraso evidencia el dilema de España y su memoria, tan terca de desenterrar.

La búsqueda de sus desaparecidos, respaldada por Naciones Unidas y ensombrecida a su vez por el debate político y sus vaivenes, a duras penas ha conseguido en las dos últimas décadas la exhumación total o parcial de 800 fosas –el total ronda las 3.500–. Una conquista frágil con continuos avances y retrocesos, con periodos de apoyo y de abandono total. Hoy en fosas como la de Víznar el trabajo continúa, pero nada asegura que no vuelva a retrocederse.

Las primeras exhumaciones

No existen certezas en el número de víctimas de la guerra civil española. La cifra que suele usarse como referencia y que utiliza por ejemplo el hispanista Paul Preston es la de 150.000: de ellas unas 100.000 habrían muerto a manos de los sublevados junto al general Francisco Franco y algo menos de 50.000 a manos de los republicanos. Todas ellas fueron víctimas, aunque no todas recibieron el mismo trato.

“Las primeras políticas de memoria se hicieron solo para los muertos de un bando. Durante la dictadura se ordenó la exhumación de los fusilados y desaparecidos por la violencia republicana –unos 33 mil serían trasladados al Valle los Caídos, construido como un gigantesco memorial–. Sin embargo, esas políticas nunca se aplicaron a todos los españoles, no se permitió exhumar a los fusilados por las tropas franquistas”, cuenta Matilde Eiroa San Francisco, doctora en Historia Contemporánea por la Universidad Carlos III de Madrid.

Por otro lado, la violencia no acabó con la guerra. La represión ejercida luego por la dictadura de Franco (1939-1975) siguió sumando desaparecidos a una lista de la que hoy también se desconoce el número preciso. El único documento donde consta una cifra es un auto de 2008 del entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que lo cuantificó en base a testimonios de familiares en 114.266 personas, aunque la cantidad tampoco es definitiva.

El silencio impuesto por la dictadura, pero también en las primeras décadas de democracia –por el bien de una supuesta “reconciliación” nacional–, impidió a las familias de estos represaliados reclamar sus restos. A escondidas algunas los buscaron por su cuenta. Se sabe que entre 1978 y 1979 –tras la muerte del dictador– varios hijos de desaparecidos abrieron fosas clandestinamente, con sus propias manos. Sin embargo, no fue hasta que llegaron los nietos cuando éstos empezaron a alzar libremente la voz.

“La visibilidad de la memoria se fundamenta en la movilización de la generación de los nietos –afirma Eiroa–. Supuso la ruptura histórica del silencio. Las redes sociales tuvieron un papel fundamental, les sirvió para unirse, para hacer comunidad”.

En el año 2000 –60 años tras el fin de la guerra– tuvo lugar la primera exhumación de una fosa republicana con métodos científicos. Trece hombres fueron recuperados en el municipio de Priaranza del Bierzo (León), entre ellos el abuelo de Emilio Silva. “Si no irrumpimos las familias y los nietos esto se habría muerto en silencio, igual que había permanecido tras la muerte de Franco. Los nietos hemos sido un accidente, no estábamos en la hoja de ruta”, asegura el hoy presidente del principal colectivo memorialista en España, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

2007: una ley incompleta

Paco Carrión pasó en 2009 de estudiar fósiles de hace cuatro o cinco mil años a buscar víctimas de la guerra civil, él fue uno de los primeros. “Creo que era una deuda que nuestro país tenía pendiente”, cuenta hoy a Equal Times este arqueólogo y geofísico de la Universidad de Granada.

Los comienzos no fueron fáciles, aquellos que indagaban en el pasado más reciente no eran vistos con los mejores ojos, trabajaban solos. Hoy, en cambio, Paco cuenta con un equipo multidisciplinar y profesionalizado que trabaja en Víznar, pero también en Córdoba en otras fosas repartidas entre dos cementerios.

Carrión pudo dedicarse a estas exhumaciones gracias al impulso de la Ley de Memoria Histórica de 2007, un compromiso del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero que, por primera vez, incluía el reconocimiento de todas las víctimas de la guerra y la dictadura y se comprometía a apoyar la búsqueda de los desaparecidos mediante ayudas económicas. La ley recibió críticas de los sectores conservadores, temerosos de “reabrir heridas”, pero también fue cuestionada por familiares y la propia ONU por todo lo contrario, por su tibieza. Aunque el Estado ayudó a financiar la búsqueda, en ningún momento se hizo “responsable” de ella, la dejó en manos de las familias.

Tiempo después el Relator Especial de Naciones Unidas Pablo de Greiff criticaría esta “privatización de las exhumaciones” en la que se delegó toda responsabilidad y hasta la contratación de los arqueólogos a las propias víctimas.

No se blindó lo suficiente el derecho a la verdad, la justicia y la reparación que establece la ONU, por eso cuando en 2011 llegó al poder Mariano Rajoy del conservador Partido Popular, él no derogó la ley, pero sí la vació de presupuesto. Decenas de proyectos quedaron paralizados, familiares tuvieron que pagar de su bolsillo intervenciones que les correspondían por derecho, solo algunos gobiernos regionales conservaron sus ayudas y aun así éstas fueron insuficientes para pagar a los equipos. A pesar de formar parte de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, España volvía a dar la espalda a sus desaparecidos.

Una nueva ley y una nueva amenaza

En el barranco de Víznar la tierra ha conseguido conservar los huesos asombrosamente bien. Eso facilita las cosas, sobre todo a los antropólogos forenses como Laura Gutiérrez. Ella se ocupa de identificar el sexo y la edad de las víctimas –la mayoría aquí tiene entre 25 y 35 años–, las heridas perimortem, la dimensión de la violencia. “Casi todos fueron ejecutados con una pistola cerca del cráneo o en contacto. Suelen tener más de un disparo, hay dos, tres, cuatro, hasta seis solo en el cráneo”, explica. Para esto sirven también las exhumaciones: para conocer lo que pasó.

El proyecto en el barranco, que va por la cuarta fase –la última–, cuenta hoy con la financiación de dos administraciones –el Estado y el gobierno regional– y se desarrolla bajo el amparo de la nueva Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022 en sustitución de la antigua ley y tras la llegada al poder de un nuevo gobierno socialista, el de Pedro Sánchez. Su mandato arrancó ya con una declaración de intenciones: la exhumación de la tumba del dictador Francisco Franco en el Valle de los Caídos y su reubicación a un nicho privado. A esto le siguió el restablecimiento de las ayudas a las exhumaciones y la nueva ley.

La diferencia con la anterior –señala la profesora Matilde Eiroa– “es que ahora el Estado se responsabiliza, asume el presupuesto, pero también entiende que forma parte de sus responsabilidades darle solución”. Esto implica que la búsqueda se convierte en algo público, las administraciones –también locales y regionales– toman la iniciativa y los fondos se comprometen cada cuatro años en un plan cuatrienal. “Ahora disponemos de cantidades importantes que nos permiten tener un equipo profesionalizado y un periodo de duración amplio para trabajar”, valora Paco Carrión.

En los dos primeros años desde que entró en vigor la nueva ley han sido recuperados 4.500 cuerpos. En todo el periodo entre 2000 y 2019 apenas se exhumaron 9.700. El ritmo desde luego acelera, sin embargo para algunas víctimas sigue siendo insuficiente. “Somos bastante críticos porque el modelo no ha cambiado con la ley, sigue siendo el de subvencionar la búsqueda de desaparecidos –defiende Emilio Silva–. Lo que tenía que haberse hecho es crear una oficina que no dependa del color del Gobierno. Cuando cambia el Gobierno no debatimos si están en peligro los derechos de las víctimas del terrorismo, lo mismo debería ser para las víctimas del franquismo”.

De ese modo –asegura– se evitaría el miedo al futuro. En concreto, el miedo a los discursos conservadores de la derecha y extrema derecha que amenazan con derogar la ley. Algunos de ellos se han cumplido ya en regiones como Cantabria, gobernada por la coalición Partido Popular y Vox.

Es cierto que otros gobiernos conservadores como el del Partido Popular en Andalucía mantienen de momento su apoyo a proyectos como el de Víznar, pero parece claro que las exhumaciones siguen en un finísimo equilibrio. “Claro que tememos el retroceso –admite Carrión–. Esto debería estar lejos de la política, lo que hacemos es humanitario”. Coincide con él el actual relator de la ONU Fabián Salvioli: “Esto no son cuestiones que un Estado puede elegir. Son obligaciones jurídicas que derivan de compromisos internacionales”, recoge El País.

¿Cómo extirpar entonces la polarización política de este asunto? Según Emilio Silva, construyendo “una cultura de la memoria” y eso solo se consigue “creando complicidad con todas las fuerzas políticas. Hay que invitarlas a los actos de memoria, abrirles la puerta. Tendrían que ir todos a una exhumación”.

“Lo entierras a mi lado”

“El objetivo de una exhumación no es solo recuperar a las víctimas en términos físicos, recuperar sus cuerpos; sino recuperar sus vidas, sus biografías, reconstruir quiénes fueron”. Las palabras son del sociólogo Fran Carrión. Su trabajo en las fosas de Víznar es casi tan delicado como el de escarbar la tierra. Él es la vía de enlace con los familiares. “Se trata de un colectivo que ha estado muy desatendido durante décadas, llevan años aguantando que no les hagan caso, que no reconozcan su dolor. El trato con ellos es emocionante”.

A través de un grupo de WhatsApp les informa a diario de los avances de la exhumación, resuelve sus dudas, les da todo el apoyo posible. Son más de cien, entre ellos quedan algunos hijos, pero sobre todo hay nietos y bisnietos. “Una guerra no se acaba si no hay paz en los corazones”, dice María. Tiene 67 años y es nieta de desaparecido. Su abuelo Francisco es uno de los 173 que, según la documentación histórica, debe estar en el barranco. Un campesino culto, asociado a movimientos sindicales, nacido en Fuentevaqueros como Lorca, lo mataron un mes después que a él.

“Desde pequeña sabía que a mi abuelo lo mataron en la guerra, pero mi madre no hablaba de eso, tuvo miedo toda su vida. Cuando ya fui mayor supe que estaba aquí –relata María–. Yo pienso mucho en él, no lo he conocido pero es como si estuviera dentro de mí, es parte de mí porque llevo parte de su sangre”.

María, igual que otros cuarenta familiares, ha prestado muestras de su ADN para cotejarlo con los huesos que se encuentren e intentar hallar una ansiada equivalencia. Los que se identifiquen serán devueltos a sus familias, los que no serán enterrados dignamente en un memorial. Aun así la esperanza se maneja con cautela. Solo uno de cada tres cuerpos –con suerte– suele ser identificado por ADN, las cadenas genéticas se alteran con cada generación. No hay peor enemigo de la memoria que el paso del tiempo. “Con que aparezca uno, lloraremos todos –asegura María– y todos iremos a ese entierro porque será parte de nuestro abuelo”.

Los resultados genéticos todavía llevarán su tiempo, requerirán algo más de paciencia, nada comparado con lo que llevan esperando ya. “En el cementerio mi abuelo tiene su sitio guardado a la derecha de mi madre –dice María–. Antes de morir, ella me dijo: si lo encuentras, lo entierras a mi lado aunque sea un solo hueso. Yo esto lo hago por los dos. Por él y por ella”.