En medio de la llanura, la carcasa de la fábrica de procesamiento de azúcar se va oxidando bajo la fina lluvia del final del monzón. “Antaño no paraban de entrar y salir camiones. Pero desde 2019, todo se ha paralizado”, señala Tip Teum, una agricultora de 68 años, de la etnia kuy. Al final del camino de tierra, la maleza que crece alrededor de la gasolinera abandonada lo corrobora: hace bastante tiempo que ningún vehículo se detiene aquí para repostar. “Como ya nada funciona, podemos volver a cultivar algunas tierras de los alrededores, pero las cosas no volverán a ser como antes”, se lamenta.

La concesión económica de 42.000 hectáreas se acordó en 2011, por un período de 70 años, a cinco empresas chinas pertenecientes todas ellas a un mismo conglomerado: el Hengfu Group Sugar Industry. El objetivo planteado era ambicioso: cultivar y procesar cerca de 2 millones de toneladas de caña de azúcar al año. Doce años después, los malos recuerdos de los desalojos son más amargos que nunca para los habitantes de Preah Vihear: el proyecto agrícola, poco rentable y mal financiado, se ha derrumbado.

En el corazón de la provincia septentrional de Preah Vihear, a 150 kilómetros de los templos de Angkor, la cuestión de la explotación de la tierra viene siendo desde hace casi 15 años objeto de una lucha encarnizada y desigual entre las comunidades locales y varios grandes consorcios agrícolas.

No obstante, estas tierras habían sido cultivadas durante siglos por las comunidades kuy, que practicaban una agricultura tradicional de barbecho y recolectaban setas, flores y resina natural en los bosques tropicales circundantes. Pero tras la adjudicación del terreno, la zona fue sometida a una deforestación masiva para implantar el cultivo intensivo de caña de azúcar. Más de 400 familias fueron desalojadas de sus tierras sin recibir indemnización alguna por parte de las empresas concesionarias, viéndose despojadas de sus medios de vida.

“Por supuesto que protestamos, sobre todo porque teníamos los títulos de propiedad de las tierras”, señala Tip Teum.

“Acampábamos en nuestras fincas para que no las destruyeran durante la noche. También nos personamos varias veces en Nom Pen y mantuvimos numerosas reuniones con el Ministerio para la Gestión de Tierras, el Ministerio de Agricultura, el gabinete del Primer Ministro, la embajada china y múltiples ONG. Pero en balde: nos desalojaron sin que mediara ningún tipo de justicia”.

Aunque en la enorme extensión no crece ni un tallo de caña de azúcar, las empresas chinas conservan el control de las tierras hasta que finalice el contrato, en 2081, e impiden que los agricultores vuelvan a tomar posesión de sus tierras ancestrales, pese a las dificultades económicas que están atravesando.

“Antes de la concesión, la venta de mis cosechas y la recolección de productos del bosque me aportaban entre 300 y 400 dólares USD al mes”, explica Tip Teum, que actualmente solo puede cultivar dos hectáreas de arroz al lado de su casa de madera, en la periferia del terreno. “Ahora apenas gano 1.000 USD al año, que no me alcanzan para vivir”, suspira.

Como les sucedió a los demás agricultores de la comuna, la concesión la ha abocado a la economía de mercado. “Tuve que endeudarme con un instituto de microfinanciación para poder comprar insumos agrícolas y un tractor. Antes utilizábamos vacas para arar, pero, al no tener nuestras tierras, ya no disponemos de espacio suficiente para que pasten, así que hemos tenido que optar por medios mecanizados”.

El 12% del territorio nacional, cedido a concesiones

En Camboya, desde finales de la década de 1990, la tenencia de la tierra ha sido el principal foco de atención de las cuestiones de desarrollo. A medida que el país ha ido recuperando la senda de la paz y del crecimiento económico, tras más de 20 años de guerra civil, los casos de apropiación de tierras se han multiplicado por todo el territorio. Según la ONG local Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights (LICADHO), 170.842 familias se han visto afectadas por conflictos de la propiedad en los que intervino el Estado entre 2000 y 2023.

Eso supone un total de más de 734.000 personas, según el último censo disponible, que sitúa en 4,3 la media de habitantes por unidad familiar. En 2015, la organización internacional Global Diligence llegó a estimar en 830.000 el número de personas afectadas por estos litigios. Pero eso sería una “mentira” si damos crédito a las autoridades: ese mismo año, el entonces portavoz del Consejo de Ministros, Phay Siphan, informó de que el Gobierno camboyano solo había recibido 500 denuncias por conflictos de tierras.

El problema se originó con la aparición de los Jemeres Rojos en 1975. Tras la llegada al poder de los hermanos maoístas de Pol Pot, la noción de propiedad privada quedó abolida, se destruyeron los títulos de propiedad existentes y se colectivizaron las tierras. En 1979, tras el derrocamiento del sanguinario régimen –responsable de la muerte de más de 1,5 millones de personas– millones de camboyanos, oprimidos por los campos de trabajo en los arrozales y por la hambruna, se instalaron de forma caótica donde les pareció, sin poseer títulos de propiedad.

En un intento de normalizar la situación, el Gobierno promulgó en 2001 una Ley de Tierras, que estipulaba en particular que “toda persona que, durante al menos cinco años antes de la promulgación de la presente ley, haya disfrutado de la posesión pacífica e indiscutible de un bien inmueble cuya titularidad privada sea lícita, tiene derecho a solicitar un título de propiedad definitivo”.

Pero los títulos expedidos no solían reconocerse más que a nivel local. Y la corrupción galopante del Gobierno allanó el camino a las expropiaciones masivas cuando este quiso modernizar su producción agrícola, en la segunda mitad de la década de 2000.

En aquella época, se otorgaron inmensas concesiones económicas a empresas privadas, tanto camboyanas como extranjeras, para llevar a cabo todo tipo de proyectos agrícolas e industriales.

En su apogeo en 2012, las concesiones abarcaban más de 2 millones de hectáreas según la ONG LICADHO, es decir, el 12% del territorio nacional. Aquel año el Gobierno adoptó una moratoria que, en teoría, congelaba la adjudicación de nuevas concesiones.

En Preah Vihear, el control los empresarios sobre las tierras agrícolas va aún más lejos. Pese al fracaso de las plantaciones de caña de azúcar, simbolizado por el cierre de la planta de transformación, las tierras siguen siendo propiedad de las cinco empresas a las que se otorgó la concesión. Y ahora, para cultivar las parcelas abandonadas, las comunidades locales tienen que alquilar sus antiguas tierras, que antes cultivaban gratuitamente.

“El primer año me negué a pagar. Pero varias personas que decían ser empleados de la empresa me amenazaron con destruir mis cultivos”, explica Sat Khuom, un agricultor de la comuna de Chouk Chey, en pleno corazón del terreno. “Así que no tuve más remedio que alquilar mi propia tierra”.

El alquiler de 105 USD por hectárea y temporada permitía a Khuom obtener un magro beneficio de 300 USD anuales. “Estamos literalmente asfixiados”, dice simulando tener un cuchillo en el cuello. Este año el alquiler ha subido a 120 USD por hectárea, lo cual es demasiado caro para mí. Así que no he podido alquilar”. A falta de algo mejor, este agricultor de 45 años cobra ahora 6 USD al día por recoger mandioca para otro agricultor. De manera que, en el espacio de diez años, ha pasado de ser agricultor autónomo a jornalero agrícola.

“Falta de voluntad política para aplicar la ley”

En Camboya, la Constitución establece que los tratados internacionales relativos a los derechos humanos son parte integrante de la ley. Pero no se aplican. En cuanto al derecho a la vivienda y a la protección contra la apropiación de tierras, el país ha adoptado dos directivas de la ONU: el “derecho a una vivienda adecuada” y los “Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo”.

Estos dos textos subrayan que “los desplazamientos forzosos constituyen graves violaciones de una serie de derechos humanos”, y recuerdan la obligación del Estado de “proporcionar una indemnización justa y un alojamiento alternativo suficiente”, garantizando “como mínimo” el acceso a “alimentos esenciales, agua potable y saneamiento; un alojamiento básico y vivienda; […] fuentes de sustento […] y acceso a los recursos comunes de propiedad de los que dependían anteriormente”.

“Pero existe una auténtica pugna por la tierra, sobre todo entre los poderosos”, argumenta Eang Vuthy, director de la ONG Equitable Cambodia, que lucha por la defensa de los agricultores.

“Se supone que estos tratados internacionales deben servir de salvaguarda e impedir la apropiación sistemática de las tierras, pero es evidente que hay una falta de voluntad política a la hora de aplicarlos”.

Ante las reiteradas expropiaciones, la comunidad internacional ha intentado reaccionar, sin mucho éxito. En 2014 y 2015, se presentaron dos demandas ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) para que estos desalojos se clasificaran como crímenes de lesa humanidad. Pero los casos se encuentran todavía en la “fase inicial de examen” y “no se ha tomado ninguna decisión hasta la fecha”, indicaba en un correo electrónico el TPI a Equal Times.

En 2020, en respuesta a las “graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos” en Camboya, la Unión Europea suspendió parte de las preferencias aduaneras en el marco del programa “Todo menos armas” para los países menos desarrollados, que eximía de impuestos las exportaciones camboyanas al mercado único. El azúcar es uno de los productos señalados por las sanciones europeas, principalmente a causa de las expropiaciones masivas cometidas en Preah Vihear y en la provincia vecina de Oddar Meanchey.

Pero todas estas medidas no han bastado para poner fin a las expropiaciones en el país del sudeste asiático, sobre todo en Nom Pen, donde el desarrollo desenfrenado de la ciudad se está realizando a costa de los más vulnerables.

Los contestatarios frente a la justicia

Al norte de la capital, el lago Boeung Tamok no tiene de lago más que el nombre. Casi el 75% de esta vasta extensión de agua de 3.240 hectáreas se ha rellenado para reubicar varias instituciones públicas y construir residencias privadas de lujo para la élite empresarial de Camboya.

El lago garantizaba la subsistencia de miles de familias, que aprovechaban sus aguas poco profundas para pescar o para cultivar plantas acuáticas, muy populares en la gastronomía local.

Desde su casa construida sobre pilotes en la comuna de Samroung Tbong, Sueun Sreysok solo ve las montañas de escombros que han sustituido las aguas azul cobalto del lago. Esta mujer se niega a marcharse, a pesar de la indemnización ofrecida por el Gobierno: un terreno (de la mitad del tamaño de su parcela actual), una casa nueva y 10.000 USD en efectivo.

“Pero veo los anuncios inmobiliarios que se publican en Facebook. La parcela donde yo solía cultivar lotos y enredadera de agua en el lago, está en venta por más de 1 millón USD. Así que no voy a aceptar bajo ningún concepto la indemnización que me ofrecen. O bien me ofrecen una indemnización en condiciones, o bien me quedo donde siempre he vivido”.

La presión que soporta es inmensa. Tras participar en varias manifestaciones para defender su propiedad, ha sido acusada de “violencia intencionada contra la autoridad” y ha pasado a disposición judicial. Una de sus vecinas, Prak Sophea, huyó a Tailandia en agosto por miedo a ser detenida y encarcelada.

A tres kilómetros de distancia, una serie de antiguos miembros de la comunidad decidieron aceptar la indemnización ofrecida. Aunque afirman sentirse mejor ahora que ya no tienen que soportar la presión de las autoridades, lamentan las condiciones de reubicación y el escaso montante de la indemnización.

“Cuando nos mudamos, la casa no consistía más que en cuatro paredes desnudas y un suelo de cemento. Acondicionar el interior, poner baldosas y hacer tabiques nos ha costado 11.000 USD, más de lo que recibimos de indemnización por el desalojo”, explica Tao Ni, que señala que sus ingresos se han reducido a una cuarta parte desde que ya no vive junto al lago. “Nadie pasa por aquí, así que no consigo vender casi nada”.

El ministro de Ordenación del Territorio, Say Samal, contactado por Equal Times, sostiene que las obras que se están llevando a cabo en el lago “tienen en cuenta las necesidades de las comunidades locales” y que las soluciones de realojamiento aportadas son “conformes a las normas internacionales en materia de derechos humanos”. “Cualquier reubicación está regulada, requiere consultas exhaustivas y un preaviso adecuado y razonable, y garantiza que nadie se quede sin hogar o se encuentre en una situación vulnerable como consecuencia de la reubicación”, añade.

Pero Soeung Saran, director de la ONG camboyana Sahmakum Teang Tnaut (STT), que defiende a las comunidades precarias de las zonas urbanas, considera que las condiciones de un proceso “justo” no se han cumplido, señalando en particular la ausencia de una resolución pacífica tras las protestas de los habitantes.

“Antes de validar cualquier proyecto se deberían haber mantenido consultas de verdad. Pero las comunidades instaladas a orillas del lago solo se enteraron de la existencia de las promociones inmobiliarias cuando ya había comenzado la obra de relleno”, explica. “Del mismo modo, el Gobierno afirma que se han realizado estudios sobre el impacto socioeconómico y medioambiental. Pero lo cierto es que nunca se han hecho públicos”.

Casi 20 años después de su creación, la ONG es tajante: “Todas nuestras observaciones in situ dejan patente que los medios de vida de las personas se ven profundamente afectados durante muchos años después de su desalojo. ¿Por qué seguir entonces por esa vía?”, se pregunta.

En su casa construida sobre pilotes frente a los escombros que se van tragando poco a poco las aguas del lago Boeung Tamok, Sueun Sreysok sabe que su batalla está perdida de antemano. “Estas aguas no son para los ricos una fuente de sustento como lo son para mí. Pero en Camboya el desarrollo nunca beneficia a los más pobres”, concluye con amargura.