La crisis del costo de la vida está golpeando duramente a los trabajadores. A partir de 2021 y durante 2022, la aceleración de la inflación ha vaciado de su substancia el poder adquisitivo de los salarios. El Informe Mundial sobre Salarios 2022-2023 de la Organización Internacional del Trabajo reveló que los salarios mensuales mundiales descendieron entre un 0,9% y un 1,4% en el primer semestre de 2022. La caída del poder adquisitivo de los salarios continuó, y los salarios reales en toda la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) se redujeron casi un 4% durante el año hasta el primer trimestre de 2023.

La respuesta política deja mucho que desear. Muchos gobiernos intentaron, hay que reconocerlo, proteger a los hogares y a las empresas de lo peor de la inflación mediante ayudas financieras, por ejemplo, para los precios del gas y la electricidad. Sin embargo, las medidas de los bancos centrales, es decir, subir los tipos de interés a un ritmo nunca visto en las últimas cuatro décadas, y ahora mantener los tipos de interés “más altos durante más tiempo”, contrarrestan los esfuerzos por reducir el impacto de la inflación sobre los trabajadores.

Los banqueros centrales opinan que una inflación elevada es señal de un recalentamiento de la economía, lo cual requiere que el crédito se encarezca para comprimir la demanda agregada, ralentizar la economía y volver a controlar la inflación. Este punto de vista es erróneo.

Desde un principio quedaba claro que la inflación se aceleró en 2021 y 2022, no por un exceso de demanda, sino por una serie de perturbaciones de la oferta mundial que crearon choques inflacionistas.

En primer lugar, la pandemia de covid-19 causó estragos en las cadenas mundiales de suministro, afectando a todos lo ámbitos, desde la producción de microchips informáticos hasta la madera, aun mucho después de terminado el confinamiento. A continuación, los precios de la energía, los alimentos y las materias primas volvieron a dispararse cuando Rusia invadió Ucrania. Una tercera oleada de inflación se produjo cuando las empresas se aprovecharon de la tendencia general a la aceleración de la inflación para repercutir en los precios de venta no solo el aumento de los costos de los insumos, sino también márgenes de beneficio elevados o mejores.

El hecho es que la política monetaria poco puede hacer contra estas perturbaciones del lado de la oferta. La principal herramienta de que disponen los bancos centrales es manipular el costo del crédito. Medida que golpeará a los trabajadores desencadenando una desaceleración económica y destruyendo puestos de trabajo, pero no detendrá una ofensiva rusa ni evitará que El Niño destruya las cosechas. En todo caso, una política monetaria más restrictiva será un gran obstáculo para las inversiones masivas que necesitamos para acabar con nuestra excesiva dependencia de los combustibles fósiles y conseguir que nuestras economías sean menos propensas a la inflación.

Cinco medidas para proteger a los trabajadores de las presiones inflacionistas

En su lugar, necesitamos nuevas políticas económicas en las que gobiernos e interlocutores sociales sean los motores que las orienten y conduzcan los mercados en la dirección correcta, mientras que los bancos centrales pasan a un segundo plano.

En primer lugar, una vez que se dispara la inflación, los gobiernos no deberían centrarse únicamente en el apoyo financiero del Estado. También deberían, ante todo, prevenir la inflación. Esta óptica requiere una política de precios que evite que las empresas utilicen un choque general de costos para aumentar sus beneficios elevando los precios más allá del aumento de los costos. Esta política no significa que los gobiernos deban microgestionar la economía fijando los precios de cada producto o servicio. Significa, no obstante, que el precio de los bienes y servicios clave que son esenciales para el funcionamiento de una economía debe limitarse en caso de que sea necesario. Por ejemplo, cuando los precios del gas se dispararon en los mercados internacionales, España puso un tope al precio del gas que se utiliza en la producción de electricidad, con buenos resultados sobre la inflación general.

Además, la política de control de precios tiene la ventaja añadida de movilizar a los consumidores contra la codicia empresarial oportunista. Los consumidores que son conscientes de la existencia de la inflación por avaricia empresarial o greedflation no aceptarán tan fácilmente que todo sea más caro y se resistirán a la subida de precios de sus productos favoritos.

En segundo lugar, contar con instituciones fuertes a la hora de formar los salarios, junto con un diálogo social sólido, permiten a los trabajadores mantenerse a la par de la inflación negociando salarios más altos y, de forma más general, negociando un reparto justo de la crisis del costo de la vida.

Resulta chocante observar que en 2022 los altos ejecutivos se beneficiaron de aumentos salariales sustanciales mientras que los trabajadores sufrieron un recorte de su poder adquisitivo. Una negociación colectiva bien coordinada, al reducir la incertidumbre sobre la evolución futura de los salarios, contribuye también a que los bancos centrales no cometan el error de luchar contra espirales imaginarias de precios y salarios.

Sin embargo, en las últimas décadas, las instituciones responsables de la formación de salarios se han debilitado, sobre todo a causa de la desregulación del mercado laboral. Salvo algunas excepciones, la densidad de la afiliación sindical y las tasas de cobertura de la negociación colectiva han descendido sustancialmente. Otra línea de actuación es reforzar y apoyar la negociación colectiva y los salarios mínimos con los interlocutores sociales. Por ejemplo, el acuerdo tripartito de 2022 en Portugal establece el objetivo de aumentar en tres puntos porcentuales la parte de la renta nacional que se destina a los salarios para 2026 y ofrece incentivos fiscales a las empresas que celebren convenios colectivos que aumenten los salarios de acuerdo con este objetivo y que reduzcan la brecha existente entre el 10% de los trabajadores mejor pagados y el 10% de los peor pagados. Otro ejemplo es Colombia, donde la indexación del salario mínimo se pone en vigor cuando los interlocutores sociales no logran ponerse de acuerdo sobre el camino a seguir.

En tercer lugar, además de la puesta al día de los salarios con respecto a la inflación, también es preciso mejorar las prestaciones de seguridad social, sobre todo para evitar la pobreza infantil. Los asalariados con ingresos bajos soportan de forma desproporcionada la crisis del costo de la vida, ya que gastan la mayor parte de sus ingresos en bienes básicos como la energía y los alimentos. Por consiguiente, los esfuerzos para que las prestaciones sociales resistan a la pobreza son especialmente importantes. Los sindicatos han de desempeñar un papel importante a la hora de ejercer presión sobre los gobiernos para que refuercen los sistemas de prestaciones sociales, un hecho evidenciado por la investigación del Fondo Monetario Internacional (FMI), la cual constató una estrecha relación entre la densidad sindical y la capacidad de los sistemas de prestaciones sociales para redistribuir los ingresos de forma más equitativa.

En cuarto lugar, los impuestos extraordinarios sobre los beneficios empresariales, como los que imponen países como el Reino Unido y España al sector energético, pueden repercutir sobre los beneficios empresariales excesivos y redistribuirlos entre los trabajadores, las prestaciones sociales y/o la inversión pública. Del mismo modo, el impuesto mínimo global del 15% sobre los beneficios de las empresas multinacionales, el cual forma parte del acuerdo de la OCDE de octubre de 2021 para reformar el sistema internacional de impuestos de sociedades firmado por 136 países y jurisdicciones, podría generar alrededor de 150.000 millones de USD anuales en ingresos fiscales mundiales adicionales si se aplicara.

Por último, pero no por ello menos importante, esto nos lleva al objetivo a más largo plazo de construir una economía más resistente a las consecuencias inflacionistas de los choques externos.

La era de una economía global y abierta que proporcionaba estabilidad e insumos a bajo costo (a menudo a expensas de los trabajadores y los derechos laborales) ha quedado atrás. Las probabilidades de choques inflacionistas relacionados con el cambio climático, las tensiones geopolíticas y otras perturbaciones en las cadenas mundiales de suministro son cada vez mayores.

Para limitar el aprovisionamiento de combustibles fósiles y de componentes clave de las cadenas mundiales de valor en países inestables o que no compartan una serie de valores y principios fundamentales, tales como un historial deficiente en materia de derechos humanos, es indispensable un programa de inversión masiva en eficiencia energética, producción de energía sostenible, redes eléctricas inteligentes, deslocalización o friend shoring (la producción e importación con países amigos) de bienes y servicios esenciales.

Se trata de retos enormes, que requieren políticas que deben ser decididas y aplicadas por gobiernos que rindan cuentas e interlocutores sociales responsables, con una política monetaria que apoye, y no obstruya, las políticas e inversiones públicas que se elijan.