La protesta tuvo lugar el lunes 3 diciembre, rememorándose este año el 28º aniversario de la tragedia de Bhopal en la que un escape de gas extremadamente tóxico que se produjo en una fábrica de pesticidas de la empresa Union Carbide, en el estado indio de Madhya Pradesh, provocó la muerte fulminante de 3.000 personas aquella misma noche, y se estima dejó posteriormente sin vida a otras 15.000 personas como consecuencia de los efectos secundarios.

Se afirma que un total de más de 600,000 personas resultaron afectadas por una catástrofe cuyas repercusiones siguen padeciéndose a día de hoy.

Los manifestantes del lunes, entre los que se encontraban los representantes de cinco organizaciones que trabajan con los supervivientes de la tragedia, dijeron que lo querían es “garantizar la justicia y una vida digna para los supervivientes de Bhopal”.

Un profundo sentimiento de impotencia fue la que motivó esta marcha hasta las puertas de la oficina del Primer Ministro en Nueva Delhi.

Los activistas se sienten especialmente disgustados por el hecho de que Union Carbide India Limited (UCIL) y su empresa matriz estadounidense Dow Chemical Company aún no hayan sido puestos realmente a disposición de la justicia, y debido a que las víctimas tampoco han recibido una indemnización en condiciones.

Catástrofe

UCIL es una empresa química que se estableció en 1934. Union Carbide Corporation (UCC, filial de Dow desde 2001) tiene una participación del 51% y el 49% restante es propiedad de un grupo de inversores indios entre los que se incluye el Gobierno del país. Union Carbide estableció su fábrica de pesticidas en Bhopal en el año 1969.

En la noche del 2 al 3 de diciembre de 1984, como consecuencia de un escape de gas en la fábrica, miles de personas se vieron expuestas al isocianato de metilo, una sustancia que provoca dolores en el pecho, afecciones cutáneas, edema pulmonar, enfisema, neumonía bronquial y la muerte.

Investigaciones posteriores revelaron que el pésimo diseño y mantenimiento de la fábrica, así como una formación deficiente del personal y las escasas medidas de seguridad, fueron factores que contribuyeron a la catástrofe.

Aunque las estimaciones en cuanto al número de víctimas mortales varían, todo el mundo concuerda en que los resultados del escape de gas han sido tremendos.

Familias enteras fueron aniquiladas.

Miles de niños quedaron huérfanos, y los adultos y niños que sobrevivieron contrajeron traumatismos debilitantes diversos.

Hasta el día de hoy sigue habiendo hombres reticentes a casarse con mujeres de esta zona debido a que muchas no pueden tener hijos, y a que los hijos de las que sí pueden concebir nacen con discapacidades.

Los daños siguen presentes porque todavía no se ha completado la operación de limpieza.

En la fábrica abandonada sigue habiendo sustancias químicas cancerígenas que se filtran y contaminan las aguas subterráneas locales.

Las cifras más recientes facilitadas por el Consejo de Investigaciones Médicas de India revelan que, entre 1984 y 2009, al menos 20.000 personas habrían muerto a causa de las lesiones provocadas por el escape de gas.

Las investigaciones revelan asimismo que entre 1984 y 1989 se produjeron unos 3.500 abortos espontáneos como consecuencia de la exposición a los gases tóxicos.

En pie de guerra

Por todas estas razones, los manifestantes del lunes quieren que se haga justicia.

Veintiocho años después de la catástrofe, ni una sola persona ha ido a la cárcel en relación con el escape de gas de Bhopal y ninguno de los representantes de UCC ni de Dow han comparecido en los tribunales por la causa penal pendiente.

Warren Anderson, Director General de UCC en el momento de producirse la catástrofe, fue acusado de homicidio involuntario por las autoridades indias, pero consiguió huir de la India y desde entonces se ha negado a regresar al país. El Gobierno de EE.UU., por su parte, se ha negado a extraditarlo.

El primer juicio contra los empleados de Union Carbide se celebró en junio de 2010. Ocho trabajadores indios de UCIL fueron declarados culpables de “muerte por negligencia”.

Fueron condenados a dos años de cárcel y a una multa de 100.000 rupias (2.125 USD) cada uno. Pero se les concedió inmediatamente la libertad bajo fianza.

Los manifestantes no sólo exigen que UCC y Dow vayan a los tribunales sino que tomen también las disposiciones financieras necesarias para indemnizar al número real de fallecidos y heridos, algo que ha constituido una gran batalla para los activistas.

Las organizaciones que trabajan para las víctimas de Bhopal alegan que el Gobierno del estado de Madhya Pradesh dijo ante el Tribunal Supremo que sólo unas 5.000 personas habrían perdido la vida, cuando en realidad la cifra real era tres veces superior.

Esta enorme subestimación influyó en la cantidad de dinero que se les dio a las víctimas en concepto de indemnización, calculada en unos 494 USD por persona.

 “La empresa [UCC] había pagado a los damnificados una indemnización de 470 millones USD en el año 1989. Los 494 USD que recibieron apenas cubrían los gastos médicos de los primeros meses. Para los 28 años de sufrimiento transcurridos, esa cantidad no representa más que 2,50 rupias (o cinco centavos) al día”, afirma la Campaña Internacional por la Justicia en Bhopal.

Los activistas también quieren que UCC y Dow dediquen fondos suficientes para la limpieza de la tierra y las aguas subterráneas contaminadas en la zona y los alrededores de la fábrica abandonada, y para controlar la salud de la población afectada.

Hasta la fecha no se ha conseguido ni se ha ofrecido ninguna indemnización para compensar la devastación medioambiental provocada por el escape de gas.

Según las críticas, la indemnización debería ser del orden de los 7.800 millones USD que BP se supone va a pagar a las víctimas del vertido de petróleo en el Golfo de México que se produjo en 2010.

Pero Dow Chemical ha declarado que la indemnización de 470 millones USD pagada por Union Carbide en 1989 era su última oferta.

Se han negado a pagar más y tampoco parecen dispuestos a limpiar los desechos tóxicos del terreno en Bhopal.

Miembros de la Campaña Internacional por la Justicia en Bhopal dijeron a los reporteros que el 94% de las personas expuestas a los gases tóxicos no han recibido más que 25.000 rupias (aproximadamente 500 USD) de indemnización, debido a que el Gobierno había clasificado equívocamente las lesiones como temporales.

Indicaron que la demanda paliativa (demanda por mandato judicial presentada por el Tribunal Supremo en virtud del artículo 32 de la Constitución, por la cual el demandante puede presentar una denuncia una vez agotado el derecho de recurso y revisión judicial en un asunto de importancia grave) presentada por el Gobierno indio, supuestamente para reparar la resolución errónea de 1989, minimizaba el número de muertos y los daños para la salud provocados por la catástrofe.

Según ellos, el Gobierno debería pedir 370.000 millones de rupias (8.100 millones USD) en vez de 60.000 millones de rupias (1.200 millones USD) a fin de garantizar una indemnización adecuada para todas las víctimas de Bhopal.

Los activistas también quieren asegurarse de que se prohíba a Dow Chemical hacer inversiones en este país, directa o indirectamente, hasta que no acepte las responsabilidades de Union Carbide en Bhopal.

El Gobierno debería tomar medidas estrictas para conseguir que el Bhopal Memorial Hospital disponga de todas las facilidades necesarias para el tratamiento de las enfermedades vinculadas con la exposición a las sustancias venenosas de Union Carbide.

Por otra parte, el Gobierno debería llevar a cabo una evaluación científica exhaustiva de la naturaleza, la profundidad y la extensión de las aguas subterráneas.

 Si no se toman estas medidas, los supervivientes de Bhopal y sus simpatizantes proseguirán con su lucha para que se haga justicia.