El Congreso boliviano está debatiendo de momento una propuesta de ley para reducir la edad mínima de acceso al empleo a los 12 o incluso los 10 años. Esto ha suscitado enérgicas reacciones por parte de los sindicatos y grupos defensores de los derechos humanos, y con toda razón.

La CSA, la Organización Regional de la CSI para las Américas, ha escrito al Presidente Evo Morales criticando la propuesta de ley y recordándole la obligación que tiene Bolivia de cumplir con los Convenios 138 y 182 de la OIT, donde se establece una serie de normas sobre la edad mínima para trabajar y que requieren a los Gobiernos que garanticen que los niños menores de 15 años (o de 14, en casos excepcionales) estén en la escuela, no trabajando.

La Marcha Mundial contra el Trabajo Infantil, Anti-Slavery International y Human Rights Watch han hecho un llamamiento parecido al Presidente y han llevado la cuestión ante el Senado de Bolivia.

“Soy consciente de la existencia de determinadas fuerzas regresivas en la sociedad civil y de Gobiernos que siguen luchando para revertir los esfuerzos dirigidos a terminar con la amenaza del trabajo infantil”, escribió en una declaración Kailash Satyarhi, Presidente de la Marcha Mundial contra el Trabajo Infantil.

“Estos elementos han utilizado siempre el argumento de la sensibilidad cultural, las tradiciones, la pobreza, las necesidades de las familias, etc. en contra de toda una serie de principios, normas, legislaciones y compromisos mundialmente aceptados. Esto es justamente lo que está sucediendo en Bolivia y es algo innegociable.

”La Marcha Mundial y sus asociados no sólo condenan por tanto la propuesta de rebajar la edad de trabajo infantil a los 12 años, sino que exhortan firmemente al Presidente y al pueblo de Bolivia a impedir que esta medida injustificada e inaceptable se materialice”.

Por supuesto, cada país debería asegurarse de que sus leyes y sus prácticas, como por ejemplo la inspección del trabajo, respeten las normas establecidas por la OIT, incluyendo el derecho fundamental de todos los niños y niñas a estar protegidos/as contra la explotación.

Pero el camino que Bolivia está considerando tomar supone un ataque a la mismísima esencia de una economía y un mercado laboral regulados por la ley.

Cuando el Estado dice que no hay problema con que los niños y las niñas trabajen, los que van a sufrir las consecuencias a lo largo de sus vidas son los propios niños – no sólo por la carga que supone el trabajo físico a tan temprana edad, sino también por el precio que les supondrá en el futuro el hecho de haber perdido la oportunidad de recibir una buena educación.

Está demostrado que, aunque vayan a la escuela, cuantas más horas pasan los niños trabajando peores resultados educativos obtienen.

Bolivia tiene un serio problema de trabajo infantil. Un gran número de niños trabajan en la agricultura y en la desesperación de la economía informal.

Pero limitarse a grabar en piedra el statu quo no hará sino empeorar las cosas.

A lo largo de la historia, los Gobiernos han afrontado esta problemática, y muchos lo siguen haciendo a día de hoy. Aquellos que han tomado la doble medida de regular la edad de acceso al trabajo y de invertir en educación saben que en su país el desarrollo económico y el progreso social se han fundamentado sobre estas piedras angulares.

Ningún país ha logrado desarrollarse de manera satisfactoria y sostenible dejando que los niños y las niñas trabajen en lugar de ir a la escuela – un hecho reconocido a presente en toda América Latina, donde los Gobiernos están estableciendo leyes y programas para garantizar la asistencia escolar y un trabajo digno para los adultos, en base a lo cual las familias puedan construirse un futuro.

No cabe duda de que la comunidad internacional tiene parte de responsabilidad. Las consecuencias de la situación de la economía mundial para las familias trabajadoras son peores ahora de lo que lo han sido durante décadas, y las políticas de Gobiernos claves y las instituciones financieras internacionales tienen mucho que explicar.

Teniendo esto en cuenta, sigue siendo imposible que Bolivia pueda construir un buen futuro si le arrebata a los niños determinadas protecciones vitales, y si socava – en lugar de invertir en – su propio sistema educativo.

Cuando el movimiento sindical internacional elaboró el Convenio 182 junto con Gobiernos y empleadores en la OIT a finales de la década de 1990, trabajamos en estrecha colaboración para combinar nuestra experiencia en el mundo del trabajo y el desarrollo social con los conocimientos y pericia de las ONG, que tienen décadas de experiencia en ayudar a que los niños puedan dejar de trabajar y vayan a la escuela.

En muchos casos es una tarea difícil e incluso peligrosa, en la que activistas progresistas se enfrentan a propietarios de esclavos y a comerciantes de personas. Pero es posible. Es más: está sucediendo en el mundo entero, en todas las regiones y todos los días.

Bolivia debería inspirarse en estas luchas por la justicia y el desarrollo, y rechazar la propuesta de ley para reducir la edad del trabajo infantil, puesto que hipoteca el futuro de sus ciudadanos y compromete los progresos en otras partes.