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El derecho a la huelga no puede verse comprometido

by Ruwan Subasinghe

“Me alegra poder estrechar por fin su mano – la última vez que le vi fue cuando yo estaba en la cárcel.”

<p>Members of the Korean Railway Workers' Union are facing a maximum of five years in prison and millions of US dollars in damages for “obstructing business” by going on strike.</p>

Members of the Korean Railway Workers’ Union are facing a maximum of five years in prison and millions of US dollars in damages for “obstructing business” by going on strike.

Estas son las conmovedoras palabras con las que Myoung-hwan Kim, Presidente del Korean Railway Workers’ Union (KRWU) me saludó cuando nos encontramos en el 43º Congreso de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) celebrado en Sofia a principios de este año.

Efectivamente, la última vez que hablamos tuvimos que hacerlo a través del interfono de la cárcel, puesto que Kim, junto con otros dirigentes del KRWU, estaba detenido por haber organizado una huelga en protesta por la privatización de los servicios de transporte ferroviario. A pesar de cumplir con todos los requisitos relativos a los “servicios esenciales” que estipula la legislación coreana, las autoridades declararon que la acción era ilegal incluso antes de que hubiera comenzado.

Kim y sus compañeros se enfrentan ahora a acusaciones de “obstrucción de la actividad empresarial”, que conllevan penas de hasta cinco años de cárcel o multas de hasta 15 millones de wones (14.000 USD).

La operadora estatal de la red ferroviaria reclama asimismo al sindicato y a sus dirigentes una indemnización por daños y perjuicios de 16.200 millones de wones (16 millones USD), además de otros procedimientos por supuestos “daños al valor de la marca” que ascienden a 1.000 millones de wones (990.000 USD).

Pero estas acciones legales no son más que la punta del iceberg.

Cientos de huelguistas han sido despedidos o reubicados y las autoridades han incautado los activos del sindicato – y todo ello simplemente porque el KRWU trató de defender a sus afiliados de una iniciativa de privatización mal planteada que habría mermado considerablemente los términos y condiciones de empleo.

Lo que este ejemplo ilustra es que, a pesar de ser un derecho humano fundamental consagrado en el derecho internacional, el derecho a la huelga no está desde luego garantizado para todos los trabajadores.

Es más, los trabajadores del transporte son uno de los grupos que se están viendo cada vez más excluidos del derecho a la huelga, ya sea mediante la aplicación de prohibiciones directas o mediante unos requisitos formales con respecto a los servicios públicos, los servicios esenciales o los servicios mínimos que limitan rigurosamente este derecho.

Se ha solicitado en reiteradas ocasiones a la ITF proporcionar apoyo solidario y asistencia jurídica a las afiliadas cuyo derecho a la huelga se hubiera visto restringido.

En Tailandia, tras un fatídico accidente de tren que se produjo en 2009, el State Railway Workers’ Union of Thailand (SRUT) lanzó una iniciativa sobre prevención de riesgos laborales y solicitó a sus miembros que se abstuvieran de conducir trenes con maquinaria defectuosa.

Pero, sin intentar siquiera abordar las graves cuestiones consideradas, las autoridades bloquearon la iniciativa calificándola, para su conveniencia, de “huelga”, un derecho denegado a todos los trabajadores del sector público de Tailandia.

Trece dirigentes del SRUT fueron posteriormente despedidos y se interpusieron contra ellos demandas por daños y perjuicios que ascendían 15 millones de bahts (462.000 USD).

En otro conflicto reciente, 316 miembros del Turkish Civil Aviation Union fueron despedidos por medio de un mensaje de texto después de que organizaran una acción colectiva de baja por enfermedad organizada en respuesta a la decisión del Gobierno turco de incluir los servicios de aviación en la lista de industrias donde las acciones colectivas están prohibidas.

Turquía ha obtenido una de las peores puntuaciones en el Índice Global de los Derechos de la Confederación Sindical Internacional (CSI).

 

Convenio 87

Estos ejemplos dejan patente que el papel económico fundamental que desempeña el transporte está utilizándose como excusa para defender la libre circulación de pasajeros y mercancías en detrimento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector.

Esta tendencia es tanto más preocupante cuanto que estos trabajadores, incluidos los empleados de los sectores de la aviación, el transporte por carretera y la navegación marítima comercial, desempeñan unos de los empleos más peligrosos del mundo.

Por este motivo, la protección del derecho a la huelga en virtud del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y su aplicación por medio de los mecanismos de supervisión de la OIT, es especialmente importante para los trabajadores y trabajadoras del transporte.

Durante más de 60 años, la Comisión de Expertos y el Comité de Libertad Sindical de la OIT han identificado un limitado derecho a la huelga con arreglo al artículo 3 del Convenio 87.

Estos órganos de supervisión no sólo han reconocido este derecho, sino que han elaborado y establecido unos principios claros que han sido posteriormente invocados por tribunales nacionales y regionales.

Por ejemplo, se ha mantenido incuestionablemente que el derecho a la huelga sólo puede limitarse o prohibirse en la función pública en el caso de los funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado o en los servicios esenciales en el sentido estricto de la palabra (es decir, los servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de toda o parte de la población).

Por otra parte también se ha confirmado que, por lo general, el transporte no constituye un servicio esencial y que los servicios operativos mínimos sólo pueden aplicarse a los servicios no esenciales en circunstancias muy limitadas.

A pesar de esta extensa jurisprudencia, el Grupo de los Empleadores de la OIT se ha dedicado desde 2012 a hacer todo lo posible para socavar la autoridad de los mecanismos de supervisión de la OIT. Así pues, no sólo ha cuestionado el mandato y la capacidad de la Comisión de Expertos sino que ha llegado incluso a poner en tela de juicio la existencia del derecho a la huelga en virtud del Convenio 87.

Como consecuencia de la incesante intransigencia manifestada por el Grupo de los Empleadores, al Grupo de Trabajadores no le ha quedado más alternativa que apelar al Consejo de Administración de la OIT para obtener un dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la cuestión de la existencia de un derecho a la huelga.

Tal y como se explica detalladamente en la excelente nota informativa de la CSIsobre los fundamentos jurídicos del derecho a la huelga, no cabe duda de que la CIJ reconocerá la protección de este derecho con arreglo al Convenio 87.

Sin embargo, para que la resolución pueda ser remitida a la CIJ se requiere contar con el apoyo de la mayoría del Consejo de Administración, por lo cual es imperativo que solicitemos a los Gobiernos que voten en consecuencia en la próxima sesión del Consejo de Administración que se celebrará en noviembre de 2014.

El personal del sector ferroviario de Corea y Tailandia, los auxiliares de vuelo turcos/as y los trabajadores/as de todo el mundo dependen de ello.

El derecho a la huelga no puede verse comprometido. Los derechos humanos no pueden verse comprometidos.

 

Para participar en la Campaña de la ITF para defender el derecho a la huelga, entre aquí.

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