Ese día se dirigían a una reunión organizada con varios otros responsables de la comunidad para luchar contra la deforestación. Fue entonces cuando, de acuerdo con varias asociaciones asháninka, fueron asesinados por madereros ilegales.

Ya desde hace dos años Edwin Chota intentaba advertir a las autoridades acerca de la deforestación de las tierras de su comunidad a través de numerosas quejas. Consiguió reunir fotografías y nombres de varios madereros ilegales, lo cual le valió amenazas de muerte.

El pasado 6 de junio muchos esperaban que la situación por fin cambiara. Edwin Chota y varios otros representantes de la comunidad se reunieron con miembros de varios ministerios y organismos. Entre ellos el de Cultura, Defensa, Interior, Agricultura, Medio Ambiente, Relaciones Exteriores, pero también OSINFOR (organismo que gestiona los recursos forestales del país), y la policía nacional, los presentes alrededor de la mesa eran numerosos.

Cuatro meses más tarde, la reunión no ha dado ningún resultado y Chota y sus compañeros han muerto asesinados.

La Defensoría del Pueblo, el órgano independiente encargado de proteger a los ciudadanos que convocaron la reunión de junio reaccionó con gran rapidez. “Lo grave es que los líderes asesinados denunciaron durante años la debilidad del Estado en la zona y su situación de vulnerabilidad.

“Desde hace mucho tiempo pedían la protección de sus derechos fundamentales”, subrayó el comunicado.

Desde esta reunión, solamente OSINFOR se presentó sobre el terreno con motivo de una inspección, en agosto. Sin embargo, nada se ha hecho hasta ahora en la lucha contra la tala ilegal y la ausencia de los órganos del Estado.

La ausencia de los órganos del Estado

Sin embargo, es precisamente allí donde radica el meollo del problema.

La zona donde vive la comunidad chota se encuentra en la frontera con Brasil. Es decir, lejos, muy lejos de cualquier representante del Estado peruano.

“Desde Iquitos, la capital regional, se necesitan tres días en canoa para llegar hasta allí. Está demasiado lejos como para suscitar interés. No hay control de la fiscalía, ¡es una zona sin ley!” afirma Milagros Paz Zegarra, dirigente nacional a cargo del cambio climático en la Central Autónoma de Trabajadores del Perú, sindicato del que eran miembros los cuatro indígenas.

“Necesitamos una verdadera investigación sobre este asunto para encarcelar a los responsables. También es preciso que dediquemos más atención a la protección de la naturaleza y de las personas indígenas.

“Muchas comunidades viven de los bosques que los rodean. Sin embargo, desde la perspectiva del Estado, estos bosques ni siquiera son de su propiedad”.

La propiedad es otro punto de desacuerdo entre las autoridades y las comunidades. Muchas de ellas luchan desde hace muchos años para que el país reconozca que las tierras alrededor de sus aldeas les pertenecen.

Una situación agravada por el voto, en junio, del “paquetazo”: una serie de leyes destinada a reactivar la actividad económica pero que conlleva graves consecuencias medioambientales.

Con lo cual, el Pacto de Unidad Indígena denunció “una violación de los derechos de los indígenas” y exigió “respeto del derecho a la posesión y la propiedad de nuestras tierras ancestrales”.

El último capítulo de un proceso cuyo resultado sigue siendo incierto vista la importancia que revisten los intereses económicos. Sin embargo, la visibilidad que ha dado esta tragedia a las cuestiones indígenas podría tener como efecto hacer avanzar su causa.

Siempre y cuando el miedo no sea más fuerte.

Este es el escenario catastrófico evocado por Julia Urrunaga, directora de los programas peruanos de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés), en una conferencia con la prensa extranjera.

“Cuando una persona conocida como Edwin es asesinada sin que el Gobierno haga nada, los demás se dan por enterados de lo que puede sucederles. El mensaje es claro: cállate, no le importa a nadie lo que dices, si dices algo te mueres”.

Washington Bolívar, líder de la comunidad indígena de Mariscal Cáceres, denuncia también a su vez el comercio ilegal de la madera.

En una reunión celebrada en Lima, el 15 de septiembre, señaló conjuntamente con otros líderes su falta de confianza en las autoridades locales.

Por tanto, la Defensoría del Pueblo ha pedido inmediatamente que se le proteja. Cuestión de evitar que la historia se repita.