Las elecciones presidenciales argelinas del 17 de abril parecen amañadas de antemano a favor del presidente saliente Abdelaziz Bouteflika, el cual aspira a un cuarto mandato a pesar de su frágil estado de salud que paraliza las instituciones del país.
La decisión del Jefe de Estado ha generado una oleada de protestas inédita en el país, ilustrada por el movimiento “Barakat” (“Basta”) y otras iniciativas organizadas por la sociedad civil y por los sindicatos autónomos argelinos, que tratan de movilizar a los trabajadores del país a pesar de las amenazas a las que se ven sujetos.
Según Rachid Malaoui, Presidente del Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP):
“La situación no es consecuencia de las elecciones, es una farsa. El poder, que maneja los hilos de estas elecciones, deberá aceptar un cambio pacífico y democrático. Nos hemos movilizado sobre el terreno para hacer que se escuche el descontento de la población y la urgencia flagrante de un verdadero proyecto a largo plazo.”
A pesar del levantamiento del estado de emergencia en 2011, después de 19 años, bajo la presión popular posterior a la Primavera árabe, la corrupción y el deterioro de la libertad sindical y de asociación en detrimento de los sindicatos independientes se han agravado aún más, tal y como lo ponen de manifiesto el último informe crítico de la Unión Europea y los informes publicados regularmente por Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Suspensión de salarios, despidos, arrestos... Los delegados sindicales autónomos se juegan mucho.
La represión no impide la movilización
El pasado 30 de marzo, en Argel, la Confédération générale autonome des travailleurs en Argelia (CGATA) celebraba su segunda Asamblea General en medio de una atmósfera militante y con una presencia importante de mujeres y jóvenes.
Establecida hace más de un año, la CGATA, cuyo objetivo es federar los movimientos sindicales autónomos y expandir su influencia en el sector privado, sigue sin estar reconocida por las autoridades argelinas.
Se trata de una estrategia unificada de bloqueo en Argelia. “Diecisiete sindicatos autónomos han presentado expedientes de solicitudes de autorización ante el Ministerio de Trabajo, en particular en los sectores de la enseñanza superior, el metro, el tranvía, la limpieza, la red de carreteras y la energía.
“La negativa a responder a estas demandas constituye un abuso de poder que atenta contra la libertad sindical, garantizada por la Constitución y los convenios internacionales firmados en este ámbito”, denuncia el SNAPAP en una entrevista concedida a Equal Times.
Promotor de la nueva confederación nacional, el SNAPAP ha recurrido de hecho a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“El poder instrumentaliza la justicia. Prácticamente todas las huelgas son declaradas ilegales”, añade Kadour Chouicha, del sindicato autónomo de docentes de la enseñanza superior, tampoco reconocido por las autoridades. “En algunos sectores considerados estratégicos está estrictamente prohibido crear sindicatos autónomos, y toda persona que se atreva a denunciar una injusticia es inmediatamente sancionada, o incluso despedida.”
“Las mujeres sindicalistas están en el punto de mira y se ven marginadas, como sucedió en el caso de las sindicalistas del Ministerio de Justicia que fueron suspendidas en abril de 2012 después de haberse declarado en huelga”, denuncia igualmente Yamina Meghraoui, Presidenta del Comité de Mujeres del SNAPAP.
La palabra “sindicato” está prohibida en las empresas
Un empleado de una empresa extranjera de envasado de tabaco confirma a Equal Times, desde el anonimato, esta situación que fustiga las libertades sindicales: “En la empresa está prácticamente prohibido pronunciar la palabra ‘sindicato’. Entre los aproximadamente 800 trabajadores que hay en la planta, se respira una gran desconfianza y mucho miedo. La dirección les dice: ‘Si tienen un problema, vengan a hablar con nosotros’. Pero cuando algún trabajador lo hace, le etiquetan de ‘agitador’, es víctima de acosos y terminan por obligarle a marcharse.”
Los obreros de la cementera de Oggaz, en Mascara, explotada por el grupo francés Lafarge, llevan más de un mes en huelga de hambre. Lafarge suprimió 270 puestos de trabajo en cinco años, a pesar de que la producción de la planta no ha dejado de aumentar a lo largo de dicho período.
Sindicalistas autónomos afiliados al SNAPAP y defensores de los derechos humanos han organizado en señal de apoyo una sentada frente a la sede de Lafarge, en Argel, para denunciar los acosos y la explotación que sufren los trabajadores de la firma, sujetos a un ritmo de trabajo cada vez mayor y engañados con promesas de reparto de beneficios mediante el pago de bonificaciones, que nunca llegan a cumplirse.
En el sur del país, región de explotación del petróleo y el gas natural, y lugar donde se instalan las grandes multinacionales, “nos encontramos en verdaderas zonas al margen de la ley”, denuncia el líder sindical autónomo y defensor de los derechos humanos Yacine Zaïd.
Yacine Zaïd, despedido de la multinacional francesa agroalimentaria Eurest por haber querido organizar un sindicato autónomo en 2006, y arrestado en varias ocasiones, acusa a las agencias de subcontratación argelinas de suministrar mano de obra a las multinacionales “con la complicidad del Estado y de la central sindical Union générale des travailleurs algériens (UGTA), sometida al mismo”.
Las personas de menos de 30 años de edad representan el 70% de la población, el desempleo es endémico y la economía informal está en pleno apogeo.
Para la CGATA, los mecanismos destinados a reducir el desempleo juvenil (contratos de pre-empleo, contratos de duración determinada abusivos, etc.) en realidad lo único que hacen es agravar la precarización del empleo. “No hay ni trabajo ni futuro para los jóvenes, licenciados o no – sobre todo en el sur, donde las injusticias son exageradas”, subrayan por su parte los activistas de la Coordination nationale de défense des droits des chômeurs (CNDDC).
“El poder ha comprado la paz social recurriendo a la renta petrolera e incrementando el déficit del país para calmar la movilización de 2011. Pero es un sistema totalmente artificial”, analiza Rachid Malaoui.
Para el Presidente del SNAPAP, “el supuesto diálogo social del que hace gala el poder es completamente ficticio. Al igual que en 2008, cuando obtuvimos los incrementos salariales después de hacer huelga, nada cambia si no es gracias a la movilización sobre el terreno.”
