Hace apenas dos años, luego de tres semanas de intensas manifestaciones y huelgas laborales organizadas por la central sindical UGTT, el General Ben Ali, que ocupaba la presidencia de Túnez desde su Golpe de Estado en 1987, abandonó precipitadamente el país refugiándose en Arabia Saudita.

Dejó tras de sí las consecuencias de una mortífera represión, con un saldo de centenares de muertos y miles de heridos, un vacío constitucional y la gente en las calles coreando por doquier las mismas consignas: “libertad, dignidad, justicia social”.

Lo singular de esta situación, que encontraremos más tarde también en otros países que vivieron la Primavera árabe, es que no fueron los partidos políticos de la oposición, reducidos al silencio desde hace tiempo, los que obligarían al dictador a abandonar el poder, sino una población que ya no podía seguir soportando el declive económico y social, la corrupción y la sistemática opresión de las libertades.

Esta intensa exigencia de cambio sería difundida a través de todas las capas de la población, durante años, por los que los sociólogos denominan ‘los nuevos actores sociales’: las redes de internautas, de jóvenes desempleados, de defensores de derechos humanos, de magistrados y de diversas ONG, que encontraron durante esos acontecimientos un apoyo logístico y operativo en el aparato sindical de la UGTT.

El 14 de enero de 2011, Túnez se encontraría súbitamente con, por un lado, un sistema represivo todavía bien establecido pese a haber perdido a su cabecilla, y por otro lado, un pueblo sublevado pero sin un líder reconocido.

Frente a esta disyuntiva, esa misma noche, el ejército tomó la iniciativa de una solución constitucional: convocar al Presidente del Parlamento que prestase juramento en base a la Constitución vigente, convocando nuevas elecciones presidenciales en un plazo de dos meses.

El Presidente ratificó en sus funciones al Primer Ministro en ejercicio, pero la movilización popular en las calles durante semanas exigiría la salida de todos los ministros de Ben Ali y la elección de una nueva Asamblea Constituyente con vistas a la adopción de una nueva Constitución.

El segundo Primer Ministro designado será una figura política que había abandonado la escena pública desde 1990.

Obtendrá el apoyo de la población, cuyas reivindicaciones se compromete a respetar. Comienza entonces, en medio de una calma relativa, el proceso de transición democrática todavía en curso en Túnez.

Ennahda

La elección de la Asamblea Constituyente tuvo lugar el 23 de octubre de 2011 pero, antes incluso del inicio de la campaña, uno de los partidos presentes cuenta sin lugar a dudas con una ventaja considerable frente a los demás: el partido islamista Ennahda.

Creado en 1981, dispone de un aparato central bien estructurado, forjado en la clandestinidad y en las prisiones.

Con un discurso impregnado de moral religiosa, dispone visiblemente de recursos financieros excepcionales y su propaganda es retransmitida por varias cadenas de televisión por satélite que difunden desde los países del Golfo, como por ejemplo Al-Jazeera.

El partido nunca tuvo que ponerse a prueba, ni de cerca ni de lejos, ejerciendo el poder. En resumen, el perfil ideal para un pueblo que aspira a un cambio profundo.

Durante la campaña electoral, Ennahda desplegó una intensa actividad humanitaria en los barrios pobres, se comprometió a crear 400.000 empleos en un año, a triplicar el salario mínimo, a reconocer los derechos de la mujer a la igualdad y a defender un proyecto de Estado teocrático.

No es por tanto de sorprender que se situase en cabeza en las urnas, con cerca del 43% de los sufragios, obteniendo 89 escaños de los 217 disponibles.

Los representantes de la sociedad civil y los candidatos independientes obtendrían prácticamente el mismo número de votos, pero tan repartidos que no lograron ningún escaño en la nueva Asamblea.

Para conseguir la mayoría absoluta, Ennahda concluyó una alianza con dos partidos laicos, uno de los cuales es miembro de la Internacional Socialista.

Comienza así en Túnez la primera experiencia gubernamental, en un país árabe, de un partido islamista elegido democráticamente (Egipto y Marruecos seguirían poco después).

Pero los primeros pasos de Ennahda en el poder resultarán pronto decepcionantes para un sector creciente de la población tunecina, que le reprocha su indecisión en la gestión de los asuntos más urgentes: la indemnización de las familias de los mártires y heridos de la Revolución, la lucha contra la corrupción y la impunidad de que continúan beneficiándose la mayor parte de los responsables del antiguo régimen.

Por otro lado, la oposición empieza a denunciar infiltraciones en el aparato del Estado, así como el recurso al voto sistemático en el seno de la Asamblea Constituyente.

Oposición

Se multiplican las críticas contra los intentos de sumisión de los medios de comunicación y del poder judicial, la prohibición de manifestarse en las calles y la tortura que vuelve a ser habitual en las prisiones.

Ante cada decisión, se organiza la resistencia y la movilización es enorme entre los sindicalistas, abogados, magistrados y periodistas, obligando a Ennahda a dar marcha atrás.

Las mujeres también consiguen forzar al Gobierno a retirar un proyecto de artículo de la Constitución peligrosamente ‘ambiguo’.

En el plano económico la situación se agrava, con una intensificación de la pobreza y del desempleo.

Las regiones desfavorecidas donde se inició la Revolución no ven llegar el cambio prometido.

La producción y la inversión descienden y los precios se disparan, además de registrarse cortes en el suministro de agua y electricidad, algo nunca visto en Túnez.

Los indicadores socio-económicos están en números rojos, sobre un trasfondo de inseguridad pública con unas fuerzas policiales a menudo incompetentes y una escalada de la delincuencia y del contrabando en las fronteras.

Recientemente, los dirigentes de Ennahda terminaron por reconocer que no tenían conciencia de que “los problemas del país eran tan difíciles de resolver, y que no disponen de una varita mágica”.

La oposición democrática, finalmente unificada y que según los sondeos de opinión probablemente obtendría la mayoría en las próximas elecciones legislativas, presiona cada día para que se acelere la adopción de la nueva Constitución y se anuncie un calendario preciso para las elecciones legislativas.

Pero persiste el mutismo de Ennahda.

Preocupada por la gravedad de la situación, la UGTT, que desempeñó un papel esencial durante y tras la Revolución, tomó la iniciativa de convocar en octubre de 2012 una mesa redonda nacional con vistas a definir una hoja de ruta para concluir la transición.

Todos los partidos estuvieron presentes, a excepción del principal partido en el poder, Ennahda.

Al iniciarse 2013, los tunecinos esperan impacientes que Ennahda se pronuncie por fin sobre ciertas cuestiones fundamentales: cuándo se adoptará la nueva Constitución y cuándo se celebrarán las próximas elecciones, bajo qué código electoral y en qué condiciones.

En resumen, se cuestiona si este partido islamista renunciará o no a sus veleidades hegemónicas sobre el Estado y la sociedad, aceptando claramente las reglas de la alternancia democrática.

Una vez más, será el propio pueblo tunecino el que podrá marcar la diferencia, con su fuerza de movilización en torno a las fuerzas democráticas y su voluntad de seguir combatiendo para defender sus derechos fundamentales. Día a día.