“Desde la primera agresión rusa, hemos estado al lado de los trabajadores”. En la pantalla de su ordenador, Yevgen Drapiatyi, vicepresidente de la Federación de Sindicatos de Ucrania (Федерація професійних спілок України, en ucraniano, conocida por las siglas FPU), repasa las imágenes de la Revolución del Maidán. “Ya en febrero de 2014, Rusia quería mantenernos en su redil, pero los ucranianos se negaron. La federación apoyó activamente a los manifestantes. Después se produjo la invasión rusa de Crimea y comenzó la guerra en Dombás. Desde entonces, brindamos todo nuestro apoyo a los trabajadores víctimas de la agresión rusa y, tras la invasión de febrero de 2022, hemos redoblado nuestros esfuerzos”.

Situado en pleno corazón de Kiev, en la plaza Maidán, el enorme edificio de la organización, de un sobrio color beige, recuerda la época soviética. La federación se fundó en 1990, un año antes de que Ucrania obtuviera su independencia. En su despacho, decorado con objetos que llevan la efigie del poeta ucraniano Taras Shevchenko, Yevgen Drapiatyi viste un suéter que ostenta un tridente, símbolo del nacionalismo ucraniano, recordando así la vigencia del patriotismo en el mundo sindical, el cual se moviliza por todo el país. “Hemos creado puntos de acogida para las personas desplazadas por la guerra en el oeste de Ucrania. Hasta la fecha les aportamos ayuda en Lviv, Rivne, Dnipro y Zaporiyia”.

Al mismo tiempo, la FPU distribuye ayuda económica a las familias de los miembros del sindicato que han resultado heridos o muertos en el frente. Para dar respuesta a las inmensas necesidades de sus miembros, la FPU indica haber recibido de organizaciones sindicales europeas e internacionales una ayuda financiera que ascendió a “127 millones de grivnas (unos 3 millones de euros) en 2022”, y a “72 millones de grivnas (unos 1,7 millones de euros) en 2023”. “Nuestros compañeros en el extranjero también se han movilizado y nos apoyan desde el comienzo de la invasión. Sin ellos, no podríamos salir adelante”, afirma Yevgen Drapiatyi.

Desde el 24 de febrero de 2022, muchos sindicatos ucranianos, como la FPU, han gozado del apoyo de organizaciones sindicales internacionales y europeas a través de la recaudación de fondos y donaciones humanitarias. En el segundo aniversario del inicio de la guerra, la FPU reiteró la necesidad vital de continuar este apoyo, en un llamamiento conjunto con la Confederación de Sindicatos Libres de Ucrania (конфедерація вільних профспілок україни en ucraniano, conocida por las siglas KVPU). En efecto, la guerra ha afectado gravemente a todo el mundo sindical. Antes de febrero de 2022, la FPU, que agrupa a unos cuarenta sindicatos divididos por sectores, contaba con casi 3,5 millones de afiliados en los territorios no ocupados.

“Sin embargo, hemos perdido miles de afiliados debido al número de personas heridas, el desplazamiento de población, el secuestro o asesinato de ucranianos por parte del ejército ruso, el cierre de empresas en el este y la movilización del 10% de nuestros miembros por el ejército ucraniano. Sin hablar de la destrucción de los edificios de nuestras secciones locales perpetrada por misiles rusos, como en Járkov, lo que nos impide funcionar con normalidad” .

Cuando Equal Times se reunió en febrero con el presidente de la KVPU, Mykhaïlo Volynets, este se encontraba especialmente preocupado por la situación de los mineros de la ciudad de Mirnograd, en la provincia de Donetsk. El día anterior, un ataque ruso había dañado la infraestructura industrial, impidiendo a decenas de trabajadores salir de la mina.

“Algunos de ellos son miembros del Sindicato Independiente de Mineros Ucranianos [Незалежна профспілка гірників України, NPGU] afiliado a la KVPU. Como representantes de los trabajadores, tenemos que dar seguimiento a su situación, documentarla, apoyarlos física y psicológicamente y proporcionarles ayuda para reparar los daños causados por los bombardeos”, explica tras interrumpir la entrevista para aceptar una llamada telefónica. “Nuestro representante local me acaba de informar de que todos han salido ya, no ha habido víctimas”, comenta con una sonrisa. Desde el comienzo de la invasión rusa, 1.300 trabajadores de la KVPU han sido víctimas de los bombardeos rusos. Según cifras de la Confederación, 400 de ellos han muerto.

En los territorios ahora ocupados por Rusia, que corresponden al 20% del territorio de Ucrania, los sindicatos ya no pueden hablar con sus afiliados. “Intentamos mantener el contacto, pero es peligroso, Moscú les presiona para que se afilien a los sindicatos rusos”, lamenta Yevgen Drapiatyi. Los trabajadores de estas regiones también se enfrentan a diversas violaciones de sus derechos, como denunció una encuesta de la Organización Internacional del Trabajo en mayo de 2023.

A pocos kilómetros, en las oficinas de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Pequeñas y Medianas Empresas (федерація профспілок працівників малого та середнього підприємництва україни, en ucraniano), el presidente, Roi Viacheslav, se muestra alarmado por la seguridad de sus miembros. “Antes de la guerra, teníamos al menos 150.000 miembros. Hoy solo quedan 100.000”. Ante los ataques rusos, los que trabajan en pequeñas y medianas empresas son más vulnerables que los trabajadores de las grandes fábricas, y no siempre cuentan con protección en su lugar de trabajo”.

En el contexto de una guerra de alta intensidad, la cuestión de la seguridad se ha convertido en una prioridad para los trabajadores asalariados. Los miembros de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de PYME solicitan regularmente formación en primeros auxilios en caso de ataque con misiles en su lugar de trabajo. Algunos también solicitan orientación para recibir “apoyo psicológico”, comenta Roi Viacheslav. “Ayudar a los trabajadores a hacer frente a la guerra ahora ocupa un lugar central en nuestras actividades, ya que no podemos desempeñar nuestro papel de agentes del diálogo social, como lo hacíamos antes de la invasión. Las leyes aprobadas en los dos últimos años en Ucrania están arrebatando a los sindicatos sus prerrogativas tradicionales”.

La nueva legislación amenaza los derechos de los trabajadores

Desde el comienzo de la invasión rusa, la Rada (nombre del parlamento ucraniano) ha aprobado una sucesión de leyes que menoscaban gravemente la legislación laboral. Las leyes aprobadas inmediatamente después de la invasión obligaron al país a adaptarse al nuevo contexto de guerra: la ley marcial prohíbe todas las manifestaciones, pero no está previsto que dure una vez finalizados los combates.

Por otro lado, las leyes aprobadas en el verano de 2022 podrían dejar a los trabajadores ucranianos en una situación precaria durante mucho tiempo. La primera ley polémica introdujo los denominados contratos de “cero horas”, que no garantizan ni la seguridad laboral ni el salario. Le siguió la ley 5371, que exime de la cobertura de los convenios colectivos a los trabajadores de empresas con menos de 250 empleados. A esto se añade el aumento de la jornada laboral legal en sectores estratégicos, y la facilitación del retraso en el pago de los salarios y los incumplimientos contractuales. “Esta ley contradice los Convenios 87 y 158 de la Organización Internacional del Trabajo”, afirma Mykhaïlo Volynets. “Antes, para cambiar las condiciones de un contrato de trabajo, los empleadores estaban obligados a entablar negociaciones con el sindicato. Sin embargo, ahora, pueden hacer lo que quieran. Es un tremendo retroceso”, afirma Roi Viacheslav.

El dirigente sindical lleva un pin que representa la bandera europea. A su juicio, estas leyes “dictadas por los empleadores ucranianos, cuyos intereses apoya el Gobierno” están perjudicando las posibilidades de Ucrania de ingresar en la Unión Europea: “Durante varios años, Ucrania ha avanzado mucho en numerosos ámbitos para adaptarse a las normas europeas. Ahora, sin embargo, en un momento en que los ucranianos están más sedientos que nunca de Europa, se da marcha atrás. Esta legislación es totalmente contraria a las exigencias europeas en materia de protección del derecho laboral”. Prueba de ello son las amenazas al derecho de huelga, el cual podría restringirse mediante una modificación legislativa.

Según Denys Gorbach, investigador asociado en el Centro de Estudios Europeos y Política Comparada de Sciences Po, que trabaja sobre la situación socioeconómica de Ucrania, los partidarios de una línea ultraliberal aprovechan el contexto bélico para socavar el derecho laboral: “Las leyes aprobadas en el verano de 2022 no han sido limitadas por un marco temporal, pretenden continuar después del final de la guerra. Reflejan una visión neoliberal promovida por Volodímir Zelenski y su partido Servidor del Pueblo desde que llegó a la presidencia en 2019. Estos neoliberales se basan en argumentos falaces, afirmando que el código laboral es soviético y debe ser completamente revisado. Es cierto que el código laboral data de 1971, pero ha experimentado cambios considerables a lo largo de décadas para adaptarse a los tiempos modernos, especialmente tras la independencia de Ucrania”.

Aún más preocupante, según las confederaciones sindicales tanto a nivel europeo como internacional, “los dirigentes sindicales son objeto de diversas investigaciones, campañas de difamación e intimidación, al tiempo que los locales sindicales son visitados por representantes del Estado, se examinan los documentos sindicales y se cita a los representantes del sindicato para interrogarlos. Todo ello distrae y dificulta, cuando no imposibilita, la labor fundamental que llevan a cabo los sindicatos”.

La prioridad de la guerra

Durante los dos últimos años, la situación de guerra ha afectado a todos los sectores de la economía nacional, destruyendo millones de empleos, sobre todo en los sectores metalúrgico y minero, los cuales se concentran principalmente en el este del país. En la ciudad industrial de Kryvyi Rih, a 70 kilómetros de la línea del frente, ArcelorMittal representa uno de los últimos pilares de la economía regional.

A la entrada del complejo industrial, un enorme cartel llena el espacio. Representa a una niña rodeada de un soldado y de un trabajador metalúrgico, con la inscripción en ucraniano: “Juntos hasta la victoria”. Establecido en Kryvyi Rih desde la época soviética, el grupo siderúrgico es el principal productor de acero de la ciudad. “Un tercio de los ingresos de Kryvyi Rih procede de los impuestos que paga ArcelorMittal”, afirma orgulloso Volodymyr Haidash, responsable de comunicación de la empresa. “Al ayudar a la economía local, la empresa contribuye al esfuerzo de guerra”.

En un hangar, un grupo de trabajadores supervisa el paso del acero laminado en caliente. Las máquinas arrojan un humo espeso que se escapa por un agujero en el techo formado tras un ataque ruso a las instalaciones el pasado mes de diciembre”. A pesar del peligro, trabajamos duro, ayudamos a ingresar dinero en las arcas del Estado y de ArcelorMittal", dice Oleksandr, trabajador metalúrgico, “por lo tanto, nuestros salarios deberían seguir el ritmo de la inflación, porque ya no nos es posible vivir decentemente”.

El sindicato de trabajadores metalúrgicos y mineros, que tiene su sede en el emplazamiento de ArcelorMittal desde la década de los años 1930, ha iniciado negociaciones para aumentar los salarios, afirma su presidenta, Natalya Mariniuk: “No se han aumentado desde hace dos años, mientras que la inflación se disparó en más de un 35% tras la invasión rusa”. El sindicato también reclama la paga extra del decimotercer mes, “suprimida unilateralmente en 2023 por ArcelorMittal”. El presidente del sindicato de trabajadores de la industria metalúrgica y minera parece optimista, “pero hay que desconfiar”, dice Mykhaïlo Volynets, “los sindicatos heredados de la época soviética son cercanos al Gobierno, y pretenden que sigue existiendo un diálogo social en Ucrania”.

En una cumbre celebrada el 23 de abril en Lublin (Polonia), los sindicatos ucranianos y sus homólogos europeos abordaron la cuestión del restablecimiento del diálogo social, así como el papel de los sindicatos en las discusiones sobre el futuro y la reconstrucción del país. El apoyo internacional continúa así en forma de intercambios entre sindicalistas y responsables políticos de Ucrania y de la Unión Europea.

En opinión del presidente de la KVPU, la única forma de mejorar las condiciones laborales en Ucrania es “poner fin a la agresión rusa, adherir a la Unión Europea y conseguir que la Rada Suprema apruebe nuevas leyes que respeten los derechos de los trabajadores”.