“Compren tierra, que no se fabrica más”. Esta frase, atribuida a Mark Twain, es el eslogan escogido por Cocampo, una empresa que se define como “startup de la economía rural”, para incentivar la inversión en suelos rústicos. “El sector agroalimentario se ha convertido en objeto de deseo de fondos de capital riesgo y grandes patrimonios, tanto por su rentabilidad como por ser refugio frente a la volatilidad de los mercados financieros”, expone Cocampo en su web.

La tendencia no es nueva, pero sí lo es el entusiasmo con el que los fondos de inversión están entrando en el sector agrario en países como España (especialmente, en las regiones de Extremadura y Andalucía) y en Portugal (en el Algarve y el Alentejo). Según datos de la consultora especializada en servicios inmobiliarios CBRE, sólo en el primer trimestre de 2022 entraron en este mercado más de 200 fondos de inversión en la Península Ibérica.

Estos no sólo buscan comprar suelo rústico, sino también hacerse con empresas que pueden integrar vertical u horizontalmente la cadena de valor del sector agrícola; así, fabricantes de insumos, como fertilizantes, y empresas procesadoras y transformadoras de los alimentos.

Es lo que la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha llamado la “uberización del campo”. “Este modelo se ha expandido ampliamente en la ganadería porcina y avícola en el Estado español: el ganadero pone las instalaciones y el trabajo, pero los animales y todos los insumos son las integradoras; el ganadero libre va desapareciendo y se torna un trabajador autónomo dependiente de la empresa, aunque no es reconocido como tal”, explica Andoni García, responsable de organización en la Ejecutiva de COAG.

“Se trata de un proceso silencioso, del que no tenemos apenas datos; pero vemos cómo los fondos de inversión están ocupando no sólo la tierra sino también la producción, y esto profundiza el modelo industrializado de agricultura y ganadería”, concluye.

En tiempos de incertidumbre económica, la tierra y el sector agrícola en general se convierten en un valor refugio para muchos inversores; más aún cuando, en un contexto en que el cambio climático está afectando a las tierras disponibles para uso agrícola, la seguridad alimentaria de la humanidad forma parte de la ecuación.

“Aumenta la población, pero no la tierra disponible: hemos pasado de disponer de 0,4 hectáreas de suelo cultivable por persona a sólo 0,2; y la previsión es que la población siga subiendo, de modo que habrá que aumentar la tierra cultivable en un 60%”, afirma Thomas Teixeira da Mota, director de Agribusiness para el sur de Europa de la consultora especializada en inversiones inmobiliarias CBRE. Este es uno de los motivos principales por el que los fondos de inversión están cada vez más interesados en el sector agrícola, pero hay otros: “Es un activo con retornos interesantes; por ejemplo, tiene más retorno y menos volatilidad que el oro. Y es un refugio frente a la inflación”, asegura Teixeira.

¿Negocio vs seguridad alimentaria?

En este contexto, la Península Ibérica aparece como un lugar de inversión atrayente para fondos de inversión como el estadounidense Nuveen, el canadiense PSP y la filial del banco británico HSBC. Por varias razones: “En primer lugar, dentro de la Península hay posibilidad de producir muchos tipos de cultivos. En España, por ejemplo, el índice de diversificación es muy alto en comparación con Francia, Alemania o Reino Unido. Tiene el clima adecuado para producir y exportar olivar, cítricos, frutos secos (sobre todo almendros), uva y vino, fruta de hueso, aguacate y frutos rojos. En segundo lugar, está el precio de la tierra: aunque ha subido, sigue por debajo de otras regiones. En tercer lugar, España y Portugal tienen la infraestructura necesaria para exportar a los países europeos. Y, por último, ha habido inversión pública en sistemas hidráulicos (en España, más de 13.000 millones desde los 2000 hasta 2022; y en Portugal, más de 3.200 millones), lo que garantiza tierra con la seguridad del abastecimiento de agua”, explica Teixeira.

Lo que para algunos es una oportunidad de negocio, para otros supone un riesgo para la seguridad alimentaria. “Cuando hablamos de fondos de inversión, hablamos de especulación y de promoción de un modelo industrial de agricultura y ganadería. Y quien alimenta a la gente es el pequeño y mediano agricultor, no las grandes empresas”, sostiene Andoni García.

Lo cierto es que la compra de tierra y emprendimientos agrícolas por parte de los fondos de inversión no sólo tiene consecuencias sobre quién posee la tierra, sino también sobre qué y cómo se produce.

Aunque hay diferencias entre estos inversores –los fondos buitre y de capital de riesgo tienen un componente más marcadamente especulativo, mientras que los fondos de pensiones buscan inversiones más estables–, unos y otros buscan grandes extensiones de territorio, de más de 200 hectáreas o incluso de más de 500 hectáreas, que cuenten con agua disponible para el regadío y cuyo suelo sea apto para cultivos que generan una alta rentabilidad, tales como frutos secos, olivar, almendro, cítricos y, más recientemente, frutos tropicales como el aguacate o el mango. En otros casos, se adquieren tierras para invertir en huertos solares y otros proyectos de energías renovables.

“Son grandes operadores que buscan cultivos de alta rentabilidad en zonas donde el agua no sobra: cultivos de regadío muy intensivos en agua, como el pistacho, y también cereal de invierno regado para aumentar la productividad”, analiza Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria Global, y añade: “Este tipo de actores necesitan grandes áreas de terreno porque introducen un modelo súper intensivo en capital: mucha maquinaria, pocos trabajadores y el paquete tecnológico (semillas genéticamente modificadas, fertilizantes y pesticidas)”. Es decir: el mismo modelo agroindustrial cuyos impactos sobre el agua, la fertilidad de la tierra y la salud de cuerpos y territorios han sido ya científica y empíricamente demostrados.

“La distopía de un campo sin trabajadores”

“Lo que quieren es la distopía de un campo productivo sin trabajadores, intensivo en capital y con muy pocos trabajadores; y es un modelo que, si no hay una apuesta del Estado en sentido contrario, va a avanzar muy rápidamente, porque muchos agricultores en la Península Ibérica están próximos a jubilarse”, razona Guzmán.

O, como dice la COAG, “una agricultura sin agricultores”. Frente a esta situación, en la que los jóvenes tienen cada vez más dificultades para acceder a la tierra frente a la competencia de las grandes empresas, “es necesario que las administraciones públicas defiendan un modelo agrícola social y profesional, formado por pequeños productores, basado en la salud, la sostenibilidad y el bienestar animal”, sostiene García.

En ese sentido, Andoni García cree que la Unión Europea debe implicarse para poner límite a la entrada de capitales especulativos en el sector agrícola: “Aunque las competencias son estatales, creemos que la UE debe entrar en la cuestión de la tierra, para poner límites a la especulación. Por eso, a través de la Vía Campesina Europa requerimos a la Comisión Europea que ahonde en una Directiva que proteja el suelo agrario y, con ello, la producción de alimentos”. En opinión del responsable de organización de COAG, garantizar la seguridad alimentaria en Europa pasaría por limitar la entrada de este tipo de actores financieros.

En algunos países ha habido iniciativas para poner coto a la extranjerización de la tierra, que tiene relación con la llegada de fondos de inversión y otro tipo de actores financieros. Así, en 2011, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Argentina aprobó la Ley 26.737, llamada popularmente ‘Ley de Tierras’, que marcó un tope para la tenencia extranjera de la tierra: el 15% (a nivel nacional, provincial y departamental). La abogada Florencia Gómez, miembro de la Mesa Nacional de Tierras, fue parte del proceso por el que, en el marco de esa ley, se realizó un pionero registro público de la propiedad de la tierra:

“Uno de los principales hallazgos de aquel estudio fue confirmar que la extranjerización es posible allí donde hay concentración de la tierra”, explica Gómez.

Para la letrada: “cualquier limitación a los procesos de extranjerización de la tierra por parte del Estado debe ahondar en estrategias similares a la prevención de lavado de activos; es lo que los abogados llamamos ‘correr el velo societario’, es decir, desenmascarar quién está detrás del capital: porque el problema con los fondos de inversión es justamente que no sabemos quién hay detrás”. En el Estado español, la COAG trató de investigar el proyecto de implantar una macrogranja con 23.000 vacas lecheras en la provincia de Soria, y se encontró con que “no había en absoluto transparencia, y resultaba muy complicado saber quién está detrás de estos fondos que adquieren tierras y producción”, nos comenta García.

“¿Estamos preparados para gestionar el campo como un activo financiero?”, se pregunta en su web Cocampo. No obstante, una pregunta más crucial (si cabe) es si el campo debería ser gestionado como un activo financiero más. Porque no podemos producir tierra cultivable, y, al mismo tiempo, dependemos de ella para la más básica de nuestras necesidades: la alimentación.